11 Octubre 2002 Seguir en 
La crisis histórica en que se encuentra inmerso el país y el esfuerzo formidable de una sociedad que está eludiendo, con grandeza impensada, las celadas del autoritarismo y la violencia están dejando por momentos en un segundo plano de atención algunas cuestiones esenciales para el retorno a la normalidad política e institucional. La más importante sin duda alguna concierne al proceso y desenlace electoral que permita a la República acceder al nuevo tiempo, pero mucho indica que esa inmediata etapa fundacional no transcurre por cauces de certidumbre ni de seguridad jurídica.
En primer término porque a poco más de dos meses de los comicios internos partidarios, no existerteza política de que vayan a realizarse de la forma prevista y sí, por el contrario, obstáculos de orden judicial que deben resolverse en instancias formales ineludibles. El más concreto y complejo es el constituido por alrededor de media docena de acciones, ante la Justicia, de ciudadanos que cuestionan la legitimidad de las internas y solicitan su eliminación por causas diversas.
En una de ellas, la jueza federal en lo electoral María Servini de Cubría, acaba de declarar inconstitucional las internas abiertas, lo que implica impedir la participación de la ciudadanía independiente en dichos comicios. Tal decisión abre un debate apelatorio que excederá considerablemente en el tiempo los plazos que el calendario electoral establece.
En tal situación resulta difícil, por no decir imposible, que dicho cronograma pueda cumplirse, en cuyo caso, se accedería rápidamente al calendario dispuesto para las elecciones generales, quedando sin posibilidades la realización de internas abiertas en los partidos; es decir, la única reforma política trascendente que la fuerte presión de la ciudadanía había conseguido de sus devaluados representantes formales.
Por lo demás, existen referencias suficientes de que esa eliminación forzosa de los comicios primarios sería del agrado del propio oficialismo, cuya abstención real de la competencia electoral es tan sólo una panacea por cumplirse del electorado. A la presente instancia de incertidumbre se ha llegado después de una serie de contradicciones, marchas y contramarchas, cuyos resultados fueron la limitación de la apertura a los no afiliados y la revelación de padrones partidarios entre ilusorios y corruptos que aportaron una nueva dosis al desprestigio de la clase política.
Bajo una exigente observación constitucional, el proceso dispuesto para poner fin a la transitoriedad del Gobierno nacional es altamente cuestionable, porque no se ajusta a las condiciones y plazos taxativamente establecidos por la Ley Suprema y el Código Electoral -Ley 19.945-. Sin embargo, puede objetarse políticamente a esa interpretación objetivamente correcta, que el largo tiempo de ilegalidad en que se están desenvolviendo asuntos e intereses fundamentales de la Nación habilita para poner fin lo antes posible y razonablemente a la frágil etapa de transición.
Pero ello no debe implicar en manera alguna la aceptación de decisiones, condicionamientos o compromisos que impongan la perduración de las viejas raíces de una crisis con notorios estilos y protagonistas, tradicionalmente más hábiles para perdurar que para asegurar el merecido destino de la República.
En primer término porque a poco más de dos meses de los comicios internos partidarios, no existerteza política de que vayan a realizarse de la forma prevista y sí, por el contrario, obstáculos de orden judicial que deben resolverse en instancias formales ineludibles. El más concreto y complejo es el constituido por alrededor de media docena de acciones, ante la Justicia, de ciudadanos que cuestionan la legitimidad de las internas y solicitan su eliminación por causas diversas.
En una de ellas, la jueza federal en lo electoral María Servini de Cubría, acaba de declarar inconstitucional las internas abiertas, lo que implica impedir la participación de la ciudadanía independiente en dichos comicios. Tal decisión abre un debate apelatorio que excederá considerablemente en el tiempo los plazos que el calendario electoral establece.
En tal situación resulta difícil, por no decir imposible, que dicho cronograma pueda cumplirse, en cuyo caso, se accedería rápidamente al calendario dispuesto para las elecciones generales, quedando sin posibilidades la realización de internas abiertas en los partidos; es decir, la única reforma política trascendente que la fuerte presión de la ciudadanía había conseguido de sus devaluados representantes formales.
Por lo demás, existen referencias suficientes de que esa eliminación forzosa de los comicios primarios sería del agrado del propio oficialismo, cuya abstención real de la competencia electoral es tan sólo una panacea por cumplirse del electorado. A la presente instancia de incertidumbre se ha llegado después de una serie de contradicciones, marchas y contramarchas, cuyos resultados fueron la limitación de la apertura a los no afiliados y la revelación de padrones partidarios entre ilusorios y corruptos que aportaron una nueva dosis al desprestigio de la clase política.
Bajo una exigente observación constitucional, el proceso dispuesto para poner fin a la transitoriedad del Gobierno nacional es altamente cuestionable, porque no se ajusta a las condiciones y plazos taxativamente establecidos por la Ley Suprema y el Código Electoral -Ley 19.945-. Sin embargo, puede objetarse políticamente a esa interpretación objetivamente correcta, que el largo tiempo de ilegalidad en que se están desenvolviendo asuntos e intereses fundamentales de la Nación habilita para poner fin lo antes posible y razonablemente a la frágil etapa de transición.
Pero ello no debe implicar en manera alguna la aceptación de decisiones, condicionamientos o compromisos que impongan la perduración de las viejas raíces de una crisis con notorios estilos y protagonistas, tradicionalmente más hábiles para perdurar que para asegurar el merecido destino de la República.
Lo más popular
Ranking notas premium
