Finalmente, el Fondo Monetario aceptó el manejo cambiario del Banco Central, según pudimos confirmar en la institución financiera oficial, donde la satisfacción de los hombres de Aldo Pignanelli por lo que consideran un triunfo de éste en Washington, es muy notoria. De cualquier manera, el control del mercado cambiario que hace de la libertad transacional una ficción, es una política transitoria del BCRA que comenzará a eliminarse a partir del acuerdo con el FMI, cuyos alcances no se pueden todavía determinar. Esa política ha permitido al banco oficial mantener reservas con un nivel aceptable, logrando desalentar la fuga del dólar y favoreciendo un consecuente crecimiento de los depósitos bancarios cuya manifestación más interesante ha sido el muy reducido retiro de fondos liberados del corralón. El incipiente y costoso crédito ha dado ya sus primeras señales, pero todavía deberá definirse un acuerdo de Economía con el BCRA sobre la desaparición del corralito. El panorama a la vista ha puesto fin tambien a las diferencias más gruesas entre Roberto Lavagna y Pignanelli que hicieron pensar en una renuncia del segundo.
Limitación
El contexto político más favorable para ese proceso moderador que hace pensar a Eduardo Duhalde que el país está abandonando la crisis, ha sido el cambio de panorama observado en el conflicto por el juicio parlamentario a la Corte Suprema, otro de los problemas que interfería en las negociaciones con el Fondo. Como se ha demostrado nuevamente, el organismo internacional tiene un concepto limitado sobre la independencia de la Justicia del poder político y, de hecho, cuando se refiere a la seguridad jurídica está señalando los intereses de los inversores; en este caso de la banca extranjera y los servicios públicos, afectados gravemente, por cierto, por la catarata de atrocidades oficiales frente a la crisis. Con cierta elegancia, el ministro Lavagna ha tratado de disimular la cuestión al afirmar que habrá acuerdo pero no a costa de decir a todo que sí. "Algo de lo que podemos enorgullecernos es que para alejarnos de la coyuntura negra que recibimos no necesitamos del apoyo de ningun precandidato salvador del país", señaló un hombre importante de la Jefatura del Gabinete.
Como se dijo en LA GACETA hace unos dias editorialmente, si hubiese una reglamentación legal del lobbismo y sus gestores estuvieran inscriptos en un archivo público, como ocurre en los paises mejor organizados, el caso que ahora agita al Senado y la Justicia no se habría producido. Librados a vagas pruebas y a contradicciones evidentes, los esfuerzos por esclarecer el presunto intento de sobornos para impedir la sanción de un proyecto que perturba a la banca, parecen destinados al fracaso. Por otra parte, la forma de presentar el caso del consultor o lobbista Carlos Bercún, eje de conjeturas y sospechas, está escapando de la objetividad. La consultora que encabeza es una de las mayores de Buenos Aires -dos pisos de oficinas en una torre de la city, decenas de empleados y especialistas, etc.- y como se dice allí, es Bercún quien firma los contratos de consultoría, por lo que no debería hablarse de honorarios, sueldos o remuneraciones personales, sino de contratos de una empresa. Empresa, claro, que no debería tener por clientes a bancos privados y organismos oficiales, si aquél registro existiera. (De nuestra Sucursal)
