El gobernador Julio Miranda vivió momentos difíciles en los últimos 15 días. El 24 de setiembre debió soportar los gritos hostiles de un grupo de fieles que asistía a los cultos de la Virgen de La Merced. Se retiró y no participó de la procesión, aunque oficialmente se dijo que tenía otros compromisos.
El martes pasado fue insultado por un núcleo de manifestantes identificados con el cuerpo de delegados del gremio municipal cuando se aprestaba a ingresar a la Casa de Gobierno.
La imagen del gobernador salió lesionada de esos episodios, que ocurrieron en escenarios sociales bien diferenciados. Miranda muestra un severo desgaste público, que era impensable hasta hace un tiempo.
El dato no es menor si se tiene en cuenta que aún le falta algo más de un año de mandato, con complejas situaciones electorales de por medio.
Las convulsiones gremiales y sociales no dejan de preocupar y fastidiar a la Casa de Gobierno. Miranda se enojó inmensamente con la facción que lo asedió en la violenta mañana del martes. Dicen que para serenarse se alejó de Tucumán, pese a que públicamente se presentó su último viaje como una gestión oficial en busca de recursos.
La ciudadanía soporta también las consecuencias de la turbulenta protesta gremial, sin que por ello abandone sus ocupaciones habituales. Espera, en cambio, que el Gobierno haga respetar sus derechos, sin que eso implique desconocer la legitimidad del reclamo salarial de los trabajadores.
Los ruidos callejeros no tapan otro costado de la realidad política. El intendente Antonio Alvarez sucedió legalmente a Raúl Topa y heredó la crisis financiera. La resolución institucional de la crisis obstruyó el tratamiento legislativo del proyecto de intervención a la capital, que firmó Sisto Terán cuando sustituía a Miranda. Alvarez, en definitiva, es peronista como el gobernador.
Pero esta semana se reactivó la operación intervencionista. Terán, Juan Ruiz Olivares y los legisladores mirandistas dedicaron largas horas a elaborar la estrategia del oficialismo.
El paso previo para descabezar a Alvarez y al Concejo Deliberante es modificar la Ley de Municipalidades. La cláusula que exige 27 votos para intervenir una municipalidad es lo que el oficialismo quiere derribar. José Gutiérrez es un hipermirandista que destraba el debate en la comisión de Legislación General, pero en la de Asuntos Constitucionales la cuestión está enredada por la disidencia de Gerónimo Vargas Aignasse. La pelea interna del PJ tiñe lo institucional.
