Usuarios dicen que el Gobierno nunca los escuchó

La legitimidad de la audiencia pública y del proceso de renegociación del contrato con EDET, así como el incremento del 24% en la tarifa del servicio eléctrico fueron duramente cuestionados por la gran mayoría de los expositores, durante la escandalosa y extensa asamblea que se realizó el jueves.
En el aire le quedó la sensación al grueso de los inscriptos que no pertenecen a la empresa distribuidora, ni al Gobierno, ni al Ente Regulador (Epret), de que en la renegociación del contrato de concesión los usuarios del servicio jamás tuvieron ninguna participación. Y que, precisamente, la única oportunidad que tuvieron para hacerse oír fue la audiencia pública, que se hizo en un lugar muy reducido para la cantidad de clientes de EDET (el teatro Orestes Caviglia tiene apenas 160 butacas) y con una organización orientada por el Gobierno a relegar sus exposiciones, para privilegiar aquellas que avalaron el aumento el nuevo contrato.
"No cabe duda de que la misión era iniciar y terminar la audiencia, sin importar cómo. La misión fue cumplida y las autoridades (el fiscal de Estado, Antonio Estofán, y el interventor del Epret, Augusto Contreras) se retiraron con el trofeo en alto", dijo el titular de Defensa Usuarios de Servicios Públicos (Dusep), Edmundo Romano.
El dirigente dijo que, pese a que la audiencia no incide directamente en la suba tarifaria, ni en el nuevo contrato de concesión que acordaron el Gobierno de José Alperovich y EDET, es una herramienta valiosa para la democracia porque permite garantizar la participación y la libre expresión de los usuarios.
"El Acta de Renegociación Integral (ARI) esconde un conjunto de aspectos a favor de EDET y en perjuicio de los usuarios del servicio. El incremento de la tarifa no es justo ni correcto. Implicará un incremento del 24%, cuyo sustento es imposible comprobar. Además, esta audiencia es una farsa", dijo, por su parte, la usuaria Diana Israilen, que repudió que Estofán sea el presidente de la asamblea, ya que fue uno de los firmantes del ARI.
Todos los usuarios que tuvieron la posibilidad de hablar en la audiencia pidieron que se suspenda. También lo hizo el defensor del Pueblo, Jorge García Mena, por considerar que era necesario que todos tuviesen la posibilidad de ser escuchados, en un lugar apto y en condiciones normales. Pero Estofán jamás aceptó los pedidos.