Como hace 123 días, el jurismo y la oposición le pondrán un freno a la intentona alperovichista

Como hace 123 días, el jurismo y la oposición le pondrán un freno a la intentona alperovichista

Por mayoría, la Cámara rechazará hoy el decreto que declara la emergencia hídrica y social y concede amplias facultades al Gobierno.

JUNTOS, PARA LA FOTO. Legisladores alperovichistas y juristas se reunieron ayer para tratar de acercar posiciones en torno de la emergencia hídrica.(LA GACETA/ FRANCO VERA) JUNTOS, PARA LA FOTO. Legisladores alperovichistas y juristas se reunieron ayer para tratar de acercar posiciones en torno de la emergencia hídrica.(LA GACETA/ FRANCO VERA)
02 Febrero 2007
Las angostas pasarelas del recinto legislativo se convertirán hoy en grietas infranqueables para los parlamentarios oficialistas. Exactamente 123 días después de la escandalosa sesión en la que se rechazó un decreto referido a la gestión integral de los residuos, la Cámara vivirá una convulsión similar a la de aquella mañana del lunes 2 de octubre de 2006.
Con el enfrentamiento dialéctico entre el gobernador José Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri como música de fondo, el Poder Legislativo rechazará durante esta mañana -desde las 9- el Decreto de Necesidad y Urgencia 1/1 (DNU), a través del cual el Poder Ejecutivo declara la emergencia hídrica y social por las inundaciones. En su reemplazo, la mayoría que conforman los representantes del jurismo y de la oposición sancionarán una ley que impone serias restricciones a las facultades pretendidas por el Gobierno para atender la crisis.Tal como ocurrió durante el primer día hábil de octubre, el alperovichismo sufrirá un duro revés legislativo y deberá soportar severos cuestionamientos desde las bancas; inclusive, de parte de representantes del mismo signo político. Al igual que en aquella ocasión, las objeciones atacarán al corazón de uno de los proyectos más ambiciosos del PE, a la vez que enfocarán una de las problemáticas sensibles para la población y para el Gobierno: la realización de obras públicas.
Es por eso que, ayer, en el afán de mitigar los efectos de la derrota, los referentes alperovichistas se encargaron de sentar su posición en la reunión del bloque justicialista: defenderán el decreto. Pero, para evitar una ruptura formal de la bancada, no habrá mandato de bloque (el jurismo firmó el dictamen por el que se rechaza el DNU), pero sí un acuerdo para aprobar, en conjunto, el proyecto de ley que reemplazará al cuestionado instrumento. Sucede que el decreto puede ser rechazado por mayoría simple (21 votos), pero la iniciativa contempla en su artículo quinto una autorización al Ejecutivo para que pueda contraer empréstitos. Esta concesión sí requiere de la voluntad de una mayoría calificada.
El jurismo, en tanto, accedió a extender el plazo de la emergencia. El dictamen habla de 90 días pero, a pedido del alperovichismo (exigía 150 días), acordaron una duración de 120 días. Sí, en cambio, opositores y legisladores cercanos al vicegobernador se guardarán una carta en la manga: los pedidos de interpelación en contra del secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin.

Lo que pidió el Poder Ejecutivo
El artículo 2 del decreto faculta al PE a reasignar partidas y a contraer endeudamientos, tendientes a mitigar las consecuencias del siniestro, sin aval de la Legislatura.
El artículo 3 fija que las adjudicaciones y las contrataciones del Gobierno quedan comprendidas en las normas de excepción, "facultándose al PE a instrumentar los procedimientos que aseguren mayor agilidad".
El Poder Ejecutivo quiere contar con la atribución de delegar en los funcionarios de su dependencia la facultad para autorizar contrataciones dirigidas a atender la emergencia, cualquiera que fuese su concepto y monto.
El decreto 1/1 no establece un plazo para la declaración de la emergencia hídrica y social.

Esto aprobaría el Poder Legislativo
La emergencia hídrica y social durará 120 días.
El PE podrá tomar créditos por hasta $ 60 millones.
Podrá realizar compras directas y compensaciones de partidas por hasta unos $ 60 millones.
Se suspenderán las ejecuciones fiscales a los afectados. Se prorrogará el vencimiento del impuesto inmobiliario y las cuotas de las viviendas del Ipvdu.
Los afectados afiliados al Subsidio de Salud tendrán un 100% de cobertura en medicamento y no pagarán el coseguro.
No se realizarán cortes de agua ni restricciones a las personas damnificadas. El PE deberá subsidiar a los afectados el pago de la luz.
El PE deberá, cada mes, rendir cuentas a la Cámara.