28 Diciembre 2006 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El presunto ex jefe militar de la banda terrorista Triple A, Rodolfo Eduardo Almirón Sena, sería detenido en cualquier momento por agentes de Interpol, y la ex presidenta María Estela Martínez de Perón podría ser citada a declarar por la Justicia argentina para interrogarla por los violentos crímenes durante su gobierno. El expediente lleva 31 años instruyéndose con la carátula “López Rega, José, sobre asociación ilícita”.
Así lo admitió ayer el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa donde consideró imprescriptibles los crímenes de “lesa humanidad” que cometió la Triple A antes del golpe militar de 1976. “No se descarta la convocatoria de Isabel Martínez de Perón”, quien reside en Madrid, dijo el juez interviniente.
Mientras tanto, fuentes de la policía internacional indicaron que la actualización de la orden de captura del ex subcomisario ya estaba ayer en poder de Interpol España y señalaron que los agentes lo buscaban en la ciudad de Valencia, donde había sido visto la semana pasada.
El paradero de Almirón fue revelado por el diario madrileño “El Mundo”, que lo descubrió a los 70 años, jubilado como gastronómico y con doble nacionalidad hispano-argentina.
El matutino consignó que vive en un departamento del popular barrio Xenillet, de Valencia, junto a su segunda esposa, la rosarina y ex azafata Ana María Gil, más un perro ovejero. Apenas lo localicen, será notificado de la causa en su contra y se procederá a su arresto preventivo con vistas a su futura extradición a la Argentina.
Almirón Sena, jefe de custodias de la ex presidenta Martínez de Perón y su ministro de Bienestar Social, José López Rega, está imputado desde 1975 de una serie de crímenes que se concretaron entre 1973 y 1976.
Sin embargo, el ex custodio aún no está detenido porque la orden de captura en su contra, dictada a principios de los ‘80, había quedado ‘congelada’. Almirón Sena está imputado de cuatro homicidios.
Oyarbide explicó que la Triple AAA funcionaba a través de hechos “que obedecían a circunstancias políticas, con un marco también ideológico y todo montado del aparato propio del Estado”. “Bajo el amparo del aparato estatal, obtenían la garantía de impunidad y allí (se producía) una auténtica asociación ilícita, realizando una práctica generalizada de delitos y una gravísima violación a los derechos humanos”, señaló. (DyN-NA)
Así lo admitió ayer el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa donde consideró imprescriptibles los crímenes de “lesa humanidad” que cometió la Triple A antes del golpe militar de 1976. “No se descarta la convocatoria de Isabel Martínez de Perón”, quien reside en Madrid, dijo el juez interviniente.
Mientras tanto, fuentes de la policía internacional indicaron que la actualización de la orden de captura del ex subcomisario ya estaba ayer en poder de Interpol España y señalaron que los agentes lo buscaban en la ciudad de Valencia, donde había sido visto la semana pasada.
El paradero de Almirón fue revelado por el diario madrileño “El Mundo”, que lo descubrió a los 70 años, jubilado como gastronómico y con doble nacionalidad hispano-argentina.
El matutino consignó que vive en un departamento del popular barrio Xenillet, de Valencia, junto a su segunda esposa, la rosarina y ex azafata Ana María Gil, más un perro ovejero. Apenas lo localicen, será notificado de la causa en su contra y se procederá a su arresto preventivo con vistas a su futura extradición a la Argentina.
Almirón Sena, jefe de custodias de la ex presidenta Martínez de Perón y su ministro de Bienestar Social, José López Rega, está imputado desde 1975 de una serie de crímenes que se concretaron entre 1973 y 1976.
Sin embargo, el ex custodio aún no está detenido porque la orden de captura en su contra, dictada a principios de los ‘80, había quedado ‘congelada’. Almirón Sena está imputado de cuatro homicidios.
Oyarbide explicó que la Triple AAA funcionaba a través de hechos “que obedecían a circunstancias políticas, con un marco también ideológico y todo montado del aparato propio del Estado”. “Bajo el amparo del aparato estatal, obtenían la garantía de impunidad y allí (se producía) una auténtica asociación ilícita, realizando una práctica generalizada de delitos y una gravísima violación a los derechos humanos”, señaló. (DyN-NA)
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