El creciente poder del organismo recaudador

Los empresarios cada vez se convencen más que al Estado le resulta más fácil y efectivo cazar dentro del zoológico. Esa es una frase muy usada por los tributaristas para definir que el accionar oficial se circunscribe tan sólo a aquellos contribuyentes que están identificados. Pero la cacería se volvió más violenta desde que el 21 de abril pasado entró en vigencia el reformado Código Tributario.
La mayoría de las organizaciones intermedias preveía un escenario de mayor presión fiscal. El tiempo les dio la razón. El código provincial ha servido a la Dirección General de Rentas como un instrumento inflexible a la hora de atacar la morosidad y la evasión. Más poder para cobrar; más poder para exigir al sector privado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; más poder para recolectar. Este año, la recaudación de Rentas cerrará en torno de los $ 600 millones, pero en la Casa de Gobierno creen que la gallina puede dar más huevos de oro con una vuelta de tuerca a la política fiscal de 2007.
Por eso, en el Gobierno no retacearon fondos para que Rentas tenga nueva sede en marzo. En el moderno edificio se invertirá cerca de $ 10 millones; se contrató a decenas de jóvenes profesionales para reforzar áreas como Inteligencia Fiscal, Legales o Clausura, y se está por comprar un sofisticado equipo informático que servirá al organismo para seguir de cerca la conducta de cada contribuyente.
Desde el otro lado del mostrador, el de los contribuyentes, las aguas están divididas. Los pequeños creen que sus impuestos vuelven en servicios o en obras, mientras que los medianos y grandes están convencidos de que son los más castigados por el fisco. Por caso, este año, los productores pegaron el grito en el cielo luego de que el Gobierno reajustara las valuaciones de sus tierras. Son 55.000 parcelas que el año que viene pagarán, en promedio, el doble por el impuesto Inmobiliario Rural.
Hay dirigentes que sostienen que el Estado no cumple plenamente con la prestación de servicios frente al impuesto que se exige. Las críticas apuntan al histórico déficit provincial en infraestructura, tanto para mejorar las rutas de la producción como para sacar del colapso al sistema de riego.
Ayer, en varios ámbitos, se marcó otra contrariedad oficial que lleva a muchos empresarios a pensar que no todos los contribuyentes son iguales ante la ley. La exigencia de facturar todo lo que se vende brinda un escenario de sana competencia. Y muchos comerciantes creen que el gobernador José Alperovich no contribuyó para favorecer ese escenario, al permitir a los vendedores ambulantes sigan trabajando en el microcentro.
En la sede de San Martín y 25 de Mayo se atajan frente a las críticas, señalando que Rentas estableció puntos fijos (controles de caja y de venta directa) en media docena de firmas que proveen de mercaderías a los ambulantes.
Los referentes del sector privado creen que “el castigo fiscal” no se agotará en el revalúo, en los megaoperativos y en las amenazas de clausura. La preocupación del arco productivo es creciente porque el 30 de abril de 2007 perderá vigencia el régimen de alícuota cero y, por lo tanto, habrá una mayor exigencia tributaria. Los empresarios apuestan a que Fernando Juri, en la Legislatura, impulse la Ley de Fomento y Promoción Industrial, con el fin de gozar de beneficios fiscales para seguir invirtiendo.
El sector privado vela sus armas frente a la creciente presión fiscal. Sin embargo, son pocos los dirigentes que están dispuestos a cuestionar, con vehemencia, la política tributaria de Alperovich. El gobernador va por su reelección confiado en la gran billetera oficial que acumuló fondos para afrontar el año electoral. Así, ninguna entidad está dispuesta a convertirse en paria frente al poder político y antes de conocer el resultado electoral.