29 Noviembre 2006 Seguir en 
El defensor del Pueblo, Jorge García Mena, emitió una resolución mediante la cual insta a la Municipalidad y al Ministerio de Seguridad Ciudadana a agotar todas las posibilidades de diálogo, de modo que el desalojo de los vendedores ambulantes del microcentro de la ciudad sea pacífico.
García Mena emitió ayer la resolución luego de que el Sindicato de Vendedores Ambulantes, encabezado por Luis Lobo, y la CGT Tucumán, le pidieron que interceda en el conflicto y le presentaron 10.000 firmas que avalan su continuidad en la vía pública céntrica.
"La instrucción nuestra es que se agoten las vías razonables y que no se afecten los derechos individuales. Más allá de la violación a las normas, los vendedores ambulantes no ingresaron de la noche a la mañana al centro: hubo cierto grado de permisividad por parte del municipio, que no puede de un día para el otro desalojarlos, y de la manera como se anuncia", dijo el defensor del Pueblo a LA GACETA.
El funcionario explicó que la resolución fue puesta en conocimiento de la Cámara en lo Contencioso Administrativo -ordenó a la Municipalidad a mantener despejada la vía pública-, y dirigida a la Federación Económica (FET) -demandó al municipio por la permanencia de los ambulantes en el centro-.
García Mena sugirió al municipio que busque el método más adecuado para la reubicación de los vendedores y aclaró que no tiene previsto presentar un amparo judicial en nombre de los ambulantes.
El operativo
Mientras el ombudsman emitía la resolución, funcionarios de la capital y de la provincia terminaban de diseñar el operativo policial de erradicación de los puesteros, confirmaron a LA GACETA fuentes de la Municipalidad. Además, afirmaron que a la fecha del desalojo de los puesteros la determinarán el intendente Domingo Amaya y el gobernador José Alperovich.
Ayer, el mandatario afirmó que el Estado debe acatar el fallo judicial, dando a entender que en el plan de erradicación no hay vuelta atrás. "Yo ya lo he dicho: hay una orden de la Justicia que no podemos desoír. Estamos dispuestos a darles un subsidio a los vendedores ambulantes y a buscarles otro lugar, que es el que está (la vereda de la avenida Sáenz Peña al 100 y al 200)", dijo Alperovich, y aseguró: "nadie nos quiere alquilar (un local) en el centro; había un montón de locales que ya estaban para alquilarse, pero cuando (sus dueños) se enteraban de que era para eso, no querían alquilarlos".
La locación de dos inmuebles céntricos y la autorización de tres puestos por cuadra es lo que reclaman los ambulantes liderados por Lobo. Según el dirigente, Alperovich les había prometido que esa iba a ser la forma de ordenar el microcentro.
García Mena emitió ayer la resolución luego de que el Sindicato de Vendedores Ambulantes, encabezado por Luis Lobo, y la CGT Tucumán, le pidieron que interceda en el conflicto y le presentaron 10.000 firmas que avalan su continuidad en la vía pública céntrica.
"La instrucción nuestra es que se agoten las vías razonables y que no se afecten los derechos individuales. Más allá de la violación a las normas, los vendedores ambulantes no ingresaron de la noche a la mañana al centro: hubo cierto grado de permisividad por parte del municipio, que no puede de un día para el otro desalojarlos, y de la manera como se anuncia", dijo el defensor del Pueblo a LA GACETA.
El funcionario explicó que la resolución fue puesta en conocimiento de la Cámara en lo Contencioso Administrativo -ordenó a la Municipalidad a mantener despejada la vía pública-, y dirigida a la Federación Económica (FET) -demandó al municipio por la permanencia de los ambulantes en el centro-.
García Mena sugirió al municipio que busque el método más adecuado para la reubicación de los vendedores y aclaró que no tiene previsto presentar un amparo judicial en nombre de los ambulantes.
El operativo
Mientras el ombudsman emitía la resolución, funcionarios de la capital y de la provincia terminaban de diseñar el operativo policial de erradicación de los puesteros, confirmaron a LA GACETA fuentes de la Municipalidad. Además, afirmaron que a la fecha del desalojo de los puesteros la determinarán el intendente Domingo Amaya y el gobernador José Alperovich.
Ayer, el mandatario afirmó que el Estado debe acatar el fallo judicial, dando a entender que en el plan de erradicación no hay vuelta atrás. "Yo ya lo he dicho: hay una orden de la Justicia que no podemos desoír. Estamos dispuestos a darles un subsidio a los vendedores ambulantes y a buscarles otro lugar, que es el que está (la vereda de la avenida Sáenz Peña al 100 y al 200)", dijo Alperovich, y aseguró: "nadie nos quiere alquilar (un local) en el centro; había un montón de locales que ya estaban para alquilarse, pero cuando (sus dueños) se enteraban de que era para eso, no querían alquilarlos".
La locación de dos inmuebles céntricos y la autorización de tres puestos por cuadra es lo que reclaman los ambulantes liderados por Lobo. Según el dirigente, Alperovich les había prometido que esa iba a ser la forma de ordenar el microcentro.






