Empresarios están dispuestos a impugnar la constitucionalidad del revalúo en la Justicia

Para el Estado, un terreno rural ubicado en el sur de la provincia que valía $ 3.700, ahora registra una tasación oficial de $ 199.000. En consecuencia, el propietario de ese predio, que pagaba en Rentas $ 44,4 cada dos meses por el impuesto Inmobiliario, con la próxima factura deberá abonar $ 2.388. Esto ocurrirá a partir de 2007, con la primera boleta del tributo, ya que el gobernador José Alperovich ordenó a Rentas que aplique las nuevas valuaciones -surgidas del Relevamiento Catastral (Recat)- a las 62.000 parcelas rurales detectadas en toda la provincia.
La decisión oficial les provocó malestar a los productores, que afirman que el Gobierno no se preocupa por proteger al sector privado como generador de mano de obra y, en particular, al campo como principal sostén de los ingresos nacionales, que llegan por copartipación. Asimismo, se quejan de que Alperovich haya decidido aplicar los nuevos valores solamente a las propiedades rurales, y no a las urbanas.
Estas son las conclusiones que surgieron de una reunión realizada en la sede de la Federación Económica (FET), de la que participaron el presidente y el secretario general de esa organización, Julio Colombres y Eduardo Majorel, respectivamente; el titular de la Asociación Tucumana de Citrus (ATC), Roberto Sánchez Loria; el titular y el vice de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Sergio Fara y Miguel Pérez, respectivamente; el presidente y el vice del Centro Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), Humberto Gordillo y José del Pero, entre otros.
“¿Por qué se aplica el revalúo para los inmuebles rurales, solamente, y no para los urbanos? La Constitución nacional habla de la igualdad en la base de los impuestos y de las cargas públicas, y que estos deben ser creados equitativa y proporcionalmente. Estamos frente a un trato desigual”, aseveró Colombres.
El industrial azucarero -fue el vocero del encuentro- advirtió que algunos empresarios ya estudian la posibilidad de presentar amparos en la Justicia. “Por lo pronto, en los próximos días se hará un documento conjunto, para manifestarle la preocupación al Gobierno”, anticipó.
Colombres remarcó que la presión sobre sectores productivos viene en incremento desde la etapa de la convertibilidad y que los ingresos del Estado subieron ocho veces, contra las dos o tres veces que crecieron los precios de los productos del sector privado.
“Se aumentó la alícuota del IVA; se crearon los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y a los Combustibles y, con el argumento del Pacto Fiscal (1993), la provincia aumentó la alícuota del Inmobiliario con el pretexto de que se iban a eliminar Salud Pública, Sellos e Ingresos Brutos (llamados distorsivos), pero estos aún rigen; y hace dos años el Inmobiliario volvió ser ajustado en un 57%”, expuso el directivo.
“El revalúo es lo más justo desde el punto de vista de la riqueza y al tratarse de un bien productivo”, indicó, por su parte, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, al defender la iniciativa. Según el Gobierno, el impuesto Inmobiliario Rural subirá a un promedio del 100% desde 2007 y ese aumento dependerá de la productividad de los campos inscriptos.