23 Noviembre 2006 Seguir en 
Una clínica en la que se habrían practicado al menos diez abortos por día fue desarticulada por la Policía, tras una investigación que duró más de cinco meses. En el marco del caso se detuvo a cuatro personas, incluida la presunta responsable del centro clandestino, y a un enfermero que presta servicios en el hospital Padilla.
El 30 de mayo, un joven de 24 años denunció que la madre de su novia, de 20, la había obligado a someterse a una operación para interrumpir su embarazo. La fiscal III de Instrucción, Teresita Marnero (secretaría de Benjamín Bulacio Espíndola) constató la versión y, al sospechar que estaba ante una gran organización, ordenó a la Policía que investigara.
Entonces, personal del Departamento de Informaciones Policiales (D2), al mando de los comisarios Fernando Maruf, Roberto Villacorta y Luis Alberto Jurado, comenzó a trabajar.
Los investigadores, haciéndose pasar por esposos de futuras pacientes, descubrieron que en la casa, ubicada en La Ciudadela, funcionaba una especie de clínica. Además de un quirófano, había varias habitaciones donde se alojaba a las mujeres que se iban a someter a la operación ilegal. También establecieron que los responsables disponían de una tarifa según el tiempo de gestación, a saber: para interrumpir un proceso de un mes de embarazo había que abonar $ 150; de dos $ 180 y de tres $ 250.
Allanamiento
La fiscal Marnero, luego de recibir esta información, pidió que el local sea allanado. La jueza II de Instrucción Emma de Nucci (secretaría de Carlos Acuña) así lo dispuso. El martes a la noche, una comisión integrada por los oficiales Carlos Picón, César Sandoval, Pablo Tula, Nazareno Villagra, Héctor Vizcarra, Jorge Medina, Manuel Ríos, Francisco Moyano, Rodolfo Bofa y Gustavo Luna, entre otros, ingresó en la vivienda. Allí detuvieron a la obstetra, conocida como "Lita", a otras dos mujeres y a un hombre. Además, encontraron a cinco mujeres que esperaban ser intervenidas. Estas, según consta en las actuaciones policiales, identificaron a "Lita" como la persona que las iba a operar y con quien habían realizado el contacto.
Los agentes, según informaron, secuestraron varias camillas e instrumentos específicos para este tipo de intervenciones.
El comisario Maruf reconoció que la investigación continuará. "Hay varios puntos por esclarecer. Encontramos medicamentos para cuya venta, según las disposiciones vigentes, se necesitan recetas por cuadruplicado. Por eso sospechamos que hay más personas involucradas", señaló. El titular del D2 destacó: "no sería descabellado pensar que los acusados también contaban con la participación de una persona vinculada a un laboratorio o a un médico que expedía las órdenes". "Estimamos que se hacían como mínimo diez intervenciones por día", explicó el comisario. Los detenidos podrían ser acusados de ejercicio ilegal de la medicina, pero los investigadores buscan reunir más pruebas que permitan acusarlos de integrar una asociación ilícita.
El 30 de mayo, un joven de 24 años denunció que la madre de su novia, de 20, la había obligado a someterse a una operación para interrumpir su embarazo. La fiscal III de Instrucción, Teresita Marnero (secretaría de Benjamín Bulacio Espíndola) constató la versión y, al sospechar que estaba ante una gran organización, ordenó a la Policía que investigara.
Entonces, personal del Departamento de Informaciones Policiales (D2), al mando de los comisarios Fernando Maruf, Roberto Villacorta y Luis Alberto Jurado, comenzó a trabajar.
Los investigadores, haciéndose pasar por esposos de futuras pacientes, descubrieron que en la casa, ubicada en La Ciudadela, funcionaba una especie de clínica. Además de un quirófano, había varias habitaciones donde se alojaba a las mujeres que se iban a someter a la operación ilegal. También establecieron que los responsables disponían de una tarifa según el tiempo de gestación, a saber: para interrumpir un proceso de un mes de embarazo había que abonar $ 150; de dos $ 180 y de tres $ 250.
Allanamiento
La fiscal Marnero, luego de recibir esta información, pidió que el local sea allanado. La jueza II de Instrucción Emma de Nucci (secretaría de Carlos Acuña) así lo dispuso. El martes a la noche, una comisión integrada por los oficiales Carlos Picón, César Sandoval, Pablo Tula, Nazareno Villagra, Héctor Vizcarra, Jorge Medina, Manuel Ríos, Francisco Moyano, Rodolfo Bofa y Gustavo Luna, entre otros, ingresó en la vivienda. Allí detuvieron a la obstetra, conocida como "Lita", a otras dos mujeres y a un hombre. Además, encontraron a cinco mujeres que esperaban ser intervenidas. Estas, según consta en las actuaciones policiales, identificaron a "Lita" como la persona que las iba a operar y con quien habían realizado el contacto.
Los agentes, según informaron, secuestraron varias camillas e instrumentos específicos para este tipo de intervenciones.
El comisario Maruf reconoció que la investigación continuará. "Hay varios puntos por esclarecer. Encontramos medicamentos para cuya venta, según las disposiciones vigentes, se necesitan recetas por cuadruplicado. Por eso sospechamos que hay más personas involucradas", señaló. El titular del D2 destacó: "no sería descabellado pensar que los acusados también contaban con la participación de una persona vinculada a un laboratorio o a un médico que expedía las órdenes". "Estimamos que se hacían como mínimo diez intervenciones por día", explicó el comisario. Los detenidos podrían ser acusados de ejercicio ilegal de la medicina, pero los investigadores buscan reunir más pruebas que permitan acusarlos de integrar una asociación ilícita.







