"El 70% de los presos es inocente"

Una especialista de la Nación dijo que los jueces abusan del dictado de la prisión preventiva. La resociabilización en los centro de detención de todo el país. Situación de los menores que delinquen. Educación y formación.

DERECHOS HUMANOS. La abogada Cesaroni, del ministerio de Justicia. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
DERECHOS HUMANOS. La abogada Cesaroni, del ministerio de Justicia. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
11 Noviembre 2006
“Si no hay un involucramiento muy fuerte del Estado, el problema de la delincuencia juvenil no se solucionará”. Así lo aseguró la abogada Claudia Cesaroni, miembro del Area Jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
“En nuestro país, la imputabilidad está fijada a partir de los 16 años, pero hay miles de chicos menores de esa edad que están privados de su libertad”, dijo la especialista. “Si la ley establece que la prisión en el caso de los adultos debe servir para resociabilizarlos, con mucha más razón debe hacerse en el caso de los menores. Hay que brindarles alternativas de educación y formación”, explicó. Para esto, aseguró, es crucial el rol de Estado y de la familia. “El Estado con todos sus poderes, cada uno en lo suyo. Nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a un chico que delinque, pero no se hace nada para saber qué educación tiene, si sus padres trabajan o dónde vive”, advirtió. “Debemos pensar que nos puede pasar. Que, por cualquier circunstancia, un hijo o un sobrino puede terminar en un hogar de menores. ¿Qué exigiríamos nosotros entonces? ¿Que lo alojaran en un lugar en el cual pueda aprender y ser mejor, o del cual salga hecho un delincuente avezado?”, preguntó. “Cada uno de estos jóvenes puede ser algo mejor de lo que es cuando ingresa”, indicó.
La especialista en Criminología además criticó el abuso que se hace de la prisión preventiva. “En todo el país, el 70% de la población carcelaria está compuesto por inocentes. Esto es, personas que aún están bajo proceso y que no han sido sometidos a juicio. Al Estado le sale muy caro tener gente presa. El dinero se podría utilizar para controlar a esas personas, sin que estén detenidos. Nos debería importar que el delito se investigue y que se castigue a los culpables, pero no que se detenga a inocentes”, explicó Cesaroni. “La prisión debe ayudar a la reinserción de las personas. Dentro de la prisión hay que ofrecerle a esa persona alternativas. Si lo único que hay es castigo, cuando salga, por diferentes factores, va a ser un riesgo peor para la seguridad”, finalizó.

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