10 Noviembre 2006 Seguir en 
La Nación sigue con especial atención la situación de los menores detenidos en Tucumán. El subsecretario de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Rodolfo Mattarollo, lo confirmó ayer, cuando participó de un taller de capacitación en visitas a prisiones para defensores oficiales y funcionarios judiciales.
"Existe una fuerte preocupación en lo referido a la Justicia de menores y a los menores institucionalizados en Tucumán. Hace poco tiempo emitimos un informe muy crítico sobre el funcionamiento del Instituto Roca, tras una visita de nuestros técnicos y profesionales, y entiendo que esa entidad ahora está siendo investigada por la Justicia", puntualizó.
El funcionario nacional mencionó el seguimiento del caso de la muerte del menor Ariel Ramón Llanos, ocurrida hace poco más de dos meses y por la cual fue imputada por homicidio culposo la ex interventora del Roca, Susana Viale. Este deceso es una de las 64 muertes violentas o dudosas relevadas en lo que va del año por la Nación en sitios de detención (cárceles, institutos, correccionales, pabellones psiquiátricos, celdas o comisarías), y la tercera registrada en Tucumán en el listado; las otras dos ocurrieron en el penal de Villa Urquiza, en junio pasado: Damián Fernández y Julio Velárdez.
Mattarollo recordó que toda persona de menos de 18 años está abarcada a nivel internacional por la Convención de los Derechos del Niño, pauta que Argentina se comprometió a respetar .
"Recientemente se adoptó la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y jóvenes. Está pendiente la sanción de un régimen penal juvenil, que es la otra ala de esta nueva legislación. Pero no basta con modificar las normas; se deben crear las instituciones adecuadas y modificar hábitos de conducta, porque hay problemas de formación profesional y de educación", explicó.
No son hechos aislados
Mattarollo señaló que es un problema grave la situación de los lugares de detención, porque no hay hechos aislados sino hechos que se dan en todo el país. Por ello, insistió en la necesidad de profundizar el trabajo sobre un trato humano a las personas sometidas a cualquier forma de prisión, y recordó la plena vigencia del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. A partir del próximo año, una subcomisión independiente (integrada por representantes del Estado y de organizaciones no gubernamentales) controlarán el respeto de las disposiciones internacionales y propondrán medidas de prevención. El subsecretario sostuvo que en el país hay 65.000 personas privadas de la libertad (la mitad está en Buenos Aires). Recordó que, con el regreso de la democracia, "soplaron vientos de garantismo judicial, con respecto al derecho a la defensa, a un tribunal independiente e imparcial, a la igualdad entre acusadores y defensores, y la exclusión de pruebas ilegales, como las confesiones arrancadas con torturas o malos tratos". "Al producirse la crisis socioeconómica de los 90, con la marginación masiva, se produce el auge de los delitos violentos y contra la propiedad, y aparecen las ideologías securitarias que propician el agravamiento de las penas, la generalización de la detención preventiva y dificultad la excarcelación", puntualizó.
Mattarollo advirtió que el resultado de la aplicación de esta última línea de pensamiento "no es el aumento de la seguridad, sino el hacinamiento en las cárceles y la complejización del sistema penal, porque son respuestas equivocadas".
"No hay una fórmula mágica, pero es evidente que son indispensables una política social, la prevención y la acción estatal. La investigación del delito por una Policía científica y técnica, por jueces y fiscales bien formados y por abogados que manejen líneas modernas del derecho penal es fundamental, porque nos interesa y preocupa la situación de las víctimas", resaltó.
El funcionario admitió que puede haber manipulación de la opinión pública en los episodios de carácter penal, por lo que pidió un tratamiento más objetivo de esas cuestiones.
"Existe una fuerte preocupación en lo referido a la Justicia de menores y a los menores institucionalizados en Tucumán. Hace poco tiempo emitimos un informe muy crítico sobre el funcionamiento del Instituto Roca, tras una visita de nuestros técnicos y profesionales, y entiendo que esa entidad ahora está siendo investigada por la Justicia", puntualizó.
El funcionario nacional mencionó el seguimiento del caso de la muerte del menor Ariel Ramón Llanos, ocurrida hace poco más de dos meses y por la cual fue imputada por homicidio culposo la ex interventora del Roca, Susana Viale. Este deceso es una de las 64 muertes violentas o dudosas relevadas en lo que va del año por la Nación en sitios de detención (cárceles, institutos, correccionales, pabellones psiquiátricos, celdas o comisarías), y la tercera registrada en Tucumán en el listado; las otras dos ocurrieron en el penal de Villa Urquiza, en junio pasado: Damián Fernández y Julio Velárdez.
Mattarollo recordó que toda persona de menos de 18 años está abarcada a nivel internacional por la Convención de los Derechos del Niño, pauta que Argentina se comprometió a respetar .
"Recientemente se adoptó la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y jóvenes. Está pendiente la sanción de un régimen penal juvenil, que es la otra ala de esta nueva legislación. Pero no basta con modificar las normas; se deben crear las instituciones adecuadas y modificar hábitos de conducta, porque hay problemas de formación profesional y de educación", explicó.
No son hechos aislados
Mattarollo señaló que es un problema grave la situación de los lugares de detención, porque no hay hechos aislados sino hechos que se dan en todo el país. Por ello, insistió en la necesidad de profundizar el trabajo sobre un trato humano a las personas sometidas a cualquier forma de prisión, y recordó la plena vigencia del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. A partir del próximo año, una subcomisión independiente (integrada por representantes del Estado y de organizaciones no gubernamentales) controlarán el respeto de las disposiciones internacionales y propondrán medidas de prevención. El subsecretario sostuvo que en el país hay 65.000 personas privadas de la libertad (la mitad está en Buenos Aires). Recordó que, con el regreso de la democracia, "soplaron vientos de garantismo judicial, con respecto al derecho a la defensa, a un tribunal independiente e imparcial, a la igualdad entre acusadores y defensores, y la exclusión de pruebas ilegales, como las confesiones arrancadas con torturas o malos tratos". "Al producirse la crisis socioeconómica de los 90, con la marginación masiva, se produce el auge de los delitos violentos y contra la propiedad, y aparecen las ideologías securitarias que propician el agravamiento de las penas, la generalización de la detención preventiva y dificultad la excarcelación", puntualizó.
Mattarollo advirtió que el resultado de la aplicación de esta última línea de pensamiento "no es el aumento de la seguridad, sino el hacinamiento en las cárceles y la complejización del sistema penal, porque son respuestas equivocadas".
"No hay una fórmula mágica, pero es evidente que son indispensables una política social, la prevención y la acción estatal. La investigación del delito por una Policía científica y técnica, por jueces y fiscales bien formados y por abogados que manejen líneas modernas del derecho penal es fundamental, porque nos interesa y preocupa la situación de las víctimas", resaltó.
El funcionario admitió que puede haber manipulación de la opinión pública en los episodios de carácter penal, por lo que pidió un tratamiento más objetivo de esas cuestiones.







