BUENOS AIRES.- Se confirmó que el juez federal de Mendoza, Raúl Héctor Acosta, ordenó la detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y de sus ex ministros Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero, entre otros, por la desaparición en 1976 de un joven mendocino. Así consta en el artículo cuatro de la resolución del magistrado de San Rafael, Mendoza, fechada el viernes 27 de octubre pasado, y firmada conjuntamente por el secretario federal del juzgado, Carlos Ariel Boltrini.
A una copia de dicho documento tuvo acceso exclusivo el canal de cable “Todo Noticias” (TN). “Cumplimentado que sea lo ordenado en los puntos dos y tres, ordenar la inmediata detención de quienes resulten indicados por los informes que se solicitan a efectos de recibirles declaración indagatoria”, reza en mayúsculas el último punto de la resolución.
Según el magistrado, Isabel Perón, Cafiero y Ruckauf, entre otros, deben ser detenidos y trasladados a declarar en su juzgado “como presuntos coautores prima facie del delito previsto y penado por el artículo 142 bis del Código Penal”, que prevé hasta la reclusión perpetua a quien prive ilegítimamente a alguien de la libertad.
Justamente en el punto uno, el juez solicitó mediante urgente despacho a la delegación sanrafaelina de la Policía Federal que averigüe “los datos completos, número de documento de identidad, cargos ministeriales y domicilios actualizados” de los funcionarios que componían el gabinete de ministros de la viuda de Perón. Y en especial, aquellos que en 1975 firmaron los decretos 2.770, 2.771 y 2.772 por el que se formó el Consejo de Seguridad Interna y se autorizó a los gobiernos provinciales a poner bajo control de la Nación a las fuerzas de seguridad.
Mencionó en el dictamen a los ex ministros de Economía, Cafiero, y de Trabajo, Ruckauf; al fallecido ex presidente del Senado Italo Lúder; al fallecido ex ministro del Interior del gobierno de Isabel, Angel Federico Robledo; al entonces canciller Manuel Arauz Castex; al ex ministro de Defensa, Tomás Vottero, y al ex ministro de Bienestar Social, Carlos Emery.
Acosta mandó a pedir al ministro de Gobierno de Mendoza, Sergio Marinelli, “la identidad, y sus domicilios si se les conociere, de quienes (en la administración) suscribieron poner las fuerzas policiales y de penitenciaría bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación”. Todo ello en el marco de la causa judicial sobre el mendocino Héctor Aldo Fagetti Gallego, un periodista que había trabajado en Buenos Aires y volvió a su provincia, pero el 25 de febrero de 1976 fue secuestrado y nunca más volvió a aparecer, solamente un mes antes de que las Fuerzas Armadas perpetraron el golpe militar y detuvieron a la ex presidenta y a sus ministros. Cafiero, en tanto, pidió a Acosta la eximición de prisión de él, de Isabel Perón y de Ruckauf. En España, donde reside desde hace décadas, la viuda del tres veces presidente Juan Domingo Perón espera que el juez federal se expida sobre el planteo de Cafiero para luego definir una estrategia, dijo el abogado Atilio Neira. “Hablé con España, pero no diré nada respecto de mi conversación con la señora de Perón. Veremos qué decide el juez respecto del pedido de Cafiero para luego establecer los pasos a seguir”, agregó. (DyN)