Aseguran que hay 97 casos sin resolver

El dolor y la impotencia los unieron, y las marchas alrededor de la plaza Independencia -inicialmente convocadas por estudiantes de Filosofía y Letras para reclamar justicia en el caso de su compañera Paulina Lebbos- ayudaron a hacer de sus reclamos uno solo.
Ya son 97 los casos por los que cada martes marchan los miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, una organización conformada por madres, padres, hermanos y tíos de personas que murieron en circunstancias dudosas.
El pasacalle que llevan a cada marcha, con las fotos de sus seres queridos, es el testimonio de que no se resignan a las explicaciones oficiales. Denuncian que en Tucumán la Policía está involucrada en numerosos crímenes, que a los delincuentes los protegen los poderosos y que la Justicia no actúa con la celeridad necesaria.
De la comisión participan unas 50 personas, que se reúnen todos los martes en la sede de la Escuela de Psicología Social. Allí hablan de sus problemas, se brindan apoyo mutuamente e intercambian información acerca de la marcha de las causas.

Encuesta y petitorio
También planifican actividades para conseguir que el tema de la seguridad ingrese en la agenda oficial. “Vamos a lanzar una campaña de sensibilización hacia la sociedad. Para ello estamos preparando actividades de difusión en municipios y comunas. El 27 de este mes lanzamos una encuesta, por medio de la cual queremos relevar la opinión de 50.000 personas de la provincia sobre temas de seguridad, funcionamiento de la Justicia y participación cívica, entre otros”, contó Alberto Lebbos, padre de Paulina e impulsor de la Comisión de Familiares.  “Además, vamos a presentar un petitorio al vicegobernador, Fernando Juri, y a la Comisión de Seguridad de la Legislatura, para que se sancionen normas que ayuden en la investigación de crímenes, como la ley de testigo protegido; para que se equipen los gabinetes científicos y para que se brinde asesoramiento legal y psicológico a familiares de las víctimas”, añadió Lebbos.
Según el padre de Paulina, en la mayor parte de los casos las víctimas son jóvenes; los delincuentes están identificados pero la Justicia actúa con una “lentitud pasmosa” y se detectan errores e incluso delitos de la Policía, denunció. “Eso abona la teoría de la impunidad, porque en un 70% de los casos que tenemos registrados se observa participación directa o fallas graves en el trabajo policial. Por su parte, la lentitud de la Justicia se verifica en el 100 % de los casos”, indicó.

Difusión
La actividad de la comisión ya trascendió las fronteras de la provincia. Un grupo de madres tucumanas relató su padecimiento ante las 15.000 mujeres reunidas en el Encuentro Nacional de la Mujer, que se realizó en Jujuy el fin de semana pasado. Financiaron el viaje con una rifa y se alojaron en escuelas.
“Ocho mujeres de la comisión participamos en el taller sobre Derechos Humanos. Allí contamos lo que está pasando en Tucumán, la tremenda injusticia que existe en nuestra provincia”, dijo Ramona Soraire, la madre de Mauro Orellana, el joven que fue baleado en noviembre de 2004 en la playa de estacionamiento donde trabajaba. Ramona acusa al custodio de un familiar del gobernador de haber efectuado el disparo que dejó cuadripléjico a su hijo, y que fue la causa de su muerte, 52 días días después.
“La gente se mostró impresionada, porque no conocía la gravedad de la situación. Contamos que a muchos padres del interior de la provincia les matan los hijos y nunca se atrapa a los asesinos. Hablamos también de la connivencia entre delincuentes y policías”, relató.  La experiencia de participar en el encuentro, asegura, fue enriquecedora. “Pudimos alzar nuestra voz y darle difusión nacional a nuestro reclamo”,  señaló.