Un debate que divide las opiniones en la sociedad

El debate se dispara al infinito y las aguas se dividen cada vez que los menores son protagonistas de algún hecho violento, como el que precedió a la muerte de César Navarro Murhell. Ni entre los especialistas, ni entre los políticos hay consenso acerca de si los menores deben ser castigados como adultos cuando quiebran la ley o si deben ser considerados niños hasta los 18 años, como establecen los tratados internacionales a los que nuestro país está adherido.
Para cambiar el régimen existente hay que modificar el Código Penal, una tarea que le compete al Congreso, y cualquier iniciativa deberá ser aprobada por los senadores y diputados de la Nación.
En Argentina, la discusión no es nueva, pero fue Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, que fue secuestrado y asesinado por sus captores, quien consiguió que toda la sociedad opinara sobre la cuestión.
Entre mayo y abril de 2004, Blumberg impulsó -entre otras medidas- que bajara a 14 años la edad para llevar a un menor ante la Justicia. Pero ni la presentación de un petitorio con un millón de firmas, ni la presión de una marcha que reunió a miles de personas lograron que el Congreso de la Nación tratara apresuradamente un tema que causa ásperas discusiones entre "garantistas" y defensores de la "mano dura".

Alaridos
Hace un mes, el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, señaló que los reclamos por bajar la edad de la imputabilidad de los menores son "alaridos de sectores reaccionarios". Lo dijo en la Casa Rosada, durante el acto de asunción de la nueva titular del Inadi, María José Lubertino. Otra integrante de la Corte Suprema, Carmen Argibay, también criticó los proyectos legislativos para bajar la edad de imputabilidad de los menores. "Hay que respetar la Convención de los Derechos del Niño", dijo. Además, cuestionó el funcionamiento de los institutos de menores y pidió que no se mezcle el debate de los menores con los reclamos de seguridad.
Actualmente, el tratamiento de los proyectos que buscan bajar la edad de imputabilidad y de los que pretenden que haya un régimen especial para los menores está estancado, por lo menos hasta que se generen los consensos necesarios (inclusive dentro de los mismos bloques) para llevar el tema al recinto de Diputados primero, y de Senadores después.
Las iniciativas son muy disímiles. Algunas, como la que impulsa el Ministerio de Justicia de la Nación, pretenden que haya una pena máxima de 5 años para los delincuentes de entre 16 y 18 años (actualmente pueden ser condenados a cadena perpetua) y de 3 años para los que tengan entre 14 y 16. En el otro extremo está el proyecto del diputado Adrián Menem, que propone bajar la edad de imputabilidad a 10 años.

Condenados a prisión perpetua
Desde 1997 en la Argentina se sentenció a prisión perpetua a 12 menores de 18 años. Según un informe publicado en el diario "Clarín", de Buenos Aires, siete de las condenas se registraron en la Capital, tres en Mendoza, una en Santa Cruz y una en Catamarca.

Por Aurora Díaz Argañaraz - defensora de menores
Estoy en total desacuerdo con todas las propuestas que impliquen bajar la edad de imputabilidad. No les podemos reclamar a los chicos aquello que no les damos. Perdimos el rumbo con nuestros hijos porque nuestra sociedad mediocre no es capaz de contenerlos, y a nuestros gobernantes no les importa. Causa un daño enorme enviar a menores a la cárcel. Es terrible lo que les sucede a los chicos cuando son encerrados. Ha habido casos de niños que se han suicidado, que se han dejado morir o que se drogan o se alcoholizan para poder soportar la situación. Ellos necesitan apoyo, educación, políticas sociales serias que ayuden a recuperar a la familia como fuente de educación y de valores, y no que se los encierre en cárceles para niños. Porque, según los pactos internacionales a los que se adhiere la Constitución nacional, son niños hasta los 18 años. Y no sólo los chicos de escasos recursos necesitan de ese apoyo de la familia. También están en riesgo los hijos de padres que se han dedicado a hacer dinero, que han puesto el acento en lo material y no en los valores. Antes de pensar en castigar, pensemos en cómo cambiar a la familia.

Por Cergio Morfil - abogado penalista
Es una barbaridad plantear que chicos de 14 años puedan ir a la cárcel junto con delincuentes comunes, mayores de edad. Es cierto que la violencia entre los adolescentes es cada vez más común, y que hay chicos de 12 años que cometen delitos graves bajo los efectos de las drogas.
En esos casos, el Estado debe intervenir, pero no abriendo cárceles para menores, ni endureciendo, ni aumentando las penas, sino mediante medidas tutelares, que apunten a educar al chico y a reforzar a la familia del menor en conflicto. Pero si aun así no se logra que haya contención desde la familia, el Estado tiene la obligación de imponer medidas tutelares, que en lo posible eviten la institucionalización del chico.
Porque el otro problema que se plantea en la mayor parte de estos casos es que no hay dónde internar a menores que se encuentren en estas condiciones. Ponerlos presos es hacerlos ingresar a una verdadera "escuela del delito".

Por Juan Carlos Nacul - abogado penalista
Es un horror y un despropósito pensar en juzgar a un menor de 18 años como si fuera adulto, además de que sería inconstitucional. Sería imponer en Argentina un concepto que es repudiado por la comunidad jurídica internacional. La solución no reside en aumentar las penas o en castigar desde edades más bajas, sino que se debe mejorar la seguridad, trabajar en la prevención y dotar a los menores de la contención adecuada.
Si el Estado no les da las oportunidades a aquellos que no las tienen; si se los trata como escoria, es lógico que los chicos se descontrolen. Pero no se van a reducir esos índices llenando las cárceles de niños, sino logrando disminuir la desnutrición y la mortalidad infantil; elevando los niveles de escolaridad; dándoles oportunidades para educarse por medio de pasantías laborales y de becas. Es cierto que existen chicos de familias con buen pasar económico que tienen problemas de contención desde el entorno familiar. Pero en el caso del niño que murió de un balazo en el pecho, se plantea la actitud represiva y desaprensiva de un policía que intentó parar una pelea entre adolescentes con un arma.