Hubo 180 detenidos con armas en 20 meses

Cuando en abril de 2004 el Senado aprobó la modificación del artículo 189 bis del Código Penal, lo hizo en medio de un escándalo por la ola de inseguridad que azotaba al país. Los legisladores agravaron las penas para quien fuera encontrado portando un arma de fuego de manera ilegal, analizando que lo más probable es que quien fuera sorprendido de esta forma podría estar por cometer un delito. Desde febrero del año pasado hasta setiembre de este, en Tucumán fueron detenidas 180 personas por portación ilegal de armas de fuego. No sólo que ninguna de ellas fue enviada a juicio, sino que la mayoría quedó en libertad por este delito.
El artículo prevé, en algunos casos, penas que son excarcelables, e incluso que son más graves que una tentativa de robo, por el cual podrían ser procesados con prisión preventiva.
Según la estadística de la Policía, la mayoría de las detenciones realizadas en 20 meses se efectuaron en la capital de la provincia. Luego aparecen procedimientos en Yerba Buena y en Tafí Viejo, en Concepción, en Banda del Río Salí y en Alderetes, y en Famaillá y Monteros, en ese orden. De los detenidos, 20 son menores, y hay seis mujeres. En el análisis de los procedimientos se advierte un detalle importante.
Las personas que fueron detenidas cuando llevaban armas estaban en la vía pública, a veces en dupla, y en cercanías de comercios, por lo que se supone que podían estar por cometer un asalto. Algunos de ellos, al ver a los policías, intentaron huir y, al ser detenidos, se les encontró armas. Otros, en cambio, arrojaron sus armas y escaparon. Uno de estos es Lucas González, cuya pistola 9 mm se secuestró luego de que la usó para matar a María Fernanda Chaila.
Este tipo de procedimientos es la base de los fundamentos que tuvieron diputados y senadores provinciales para agravar las penas, ya que los asaltantes serían detenidos antes de cometer los atracos. Anónimamente, los policías se quejan por la situación, ya que advierten que muchas veces ni se espera a recibir la planilla de antecedentes del acusado y se lo pone en libertad. “Conviene acusarlos por tentativa de robo, y no por el 189 bis, porque, de ser así, salen en libertad enseguida”, dijo uno de los consultados, con quien coincidieron varios policías.
Justamente ayer, en la esquina de Soldati y Guatemala, una comisión de la seccional 1a, integrada por los oficiales Marcelo Lezcano, Ariel Berrondo y Ramón Miranda, al mando de los comisarios José Díaz y Jesús Gómez, detuvo a un joven de 21 años, que llevaba escondido un revólver calibre 22 largo. El sospechoso, conocido como “Maxi”, tiene antecedentes delictivos, y fue enviado a Tribunales.

El secuestro
En las próximas semanas, según trascendió, el Gobierno se adherirá a la ley 25.938, por la cual se creó el “Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados e Incautados”. Con esto, se remitirán a la delegación local del Renar todas las armas que sean secuestradas, y quedarán allí hasta que el proceso penal al cual estén vinculadas termine, tras lo cual se las destruirá.
Esto porque se descubrió que muchas de las armas secuestradas, según las denuncias recibidas en el Renar, son entregadas en calidad de depositario judicial a personas que no tienen la credencial de legítimo usuario, lo que no está permitido.