Una tierra para todos

La Iglesia Católica sumará su voz al reclamo de pueblos aborígenes por el derecho a la tierra y a la exigencia de viviendas dignas por parte de sectores excluidos en zonas urbanas o suburbanas con escandalosa concentración de la propiedad en pocas manos.
La iniciativa pastoral retoma la idea de la reforma agraria para una mejor distribución y, aunque condena la apropiación indebida, fomenta la concepción religiosa del destino universal de los bienes creados por Dios.
El texto preliminar del proyecto, elaborado por Cáritas Argentina y por las comisiones de Pastoral Social y Pastoral Aborigen, advierte que el problema del hábitat es consecuencia del déficit social (desempleo, precariedad laboral y pobreza) de larga data.
Una situación que, al entender eclesiástico, se intensificó en los últimos años con la “incapacidad” del Estado para articular una estrategia de desarrollo económico y social.
El documento tampoco ahorra críticas a la falta de una política estatal para equilibrar la distribución de terrenos rurales, y lamenta que los sucesivos gobiernos no hayan saldado la “deuda histórica” con los pueblos originarios, a pesar del rango constitucional que el derecho a las tierras tradicionalmente ocupadas tiene desde hace una década.
Los obispos toman distancia sin embargo de recientes casos, que evaluaron como preocupantes, que tuvieron como protagonista al piquetero devenido en funcionario Luis D’Elía.
Sin embargo, las fuentes religiosas consultadas por esta agencia dijeron no suscribir ni condenar el accionar del subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, que promueve la aplicación efectiva de las leyes de expropiación.
Tampoco consideraron que el documento “Una tierra para todos”, que se presentará recién el 11 de setiembre en la Universidad Católica Argentina, implique un apoyo al proyecto del gobernador Felipe Solá, que este jueves se comprometió a “urbanizar todas las villas del conurbano, en el tiempo que sea necesario”.
“El trabajo que proponemos es de largo aliento. Se insinuó en 2000; se retomó en 2004 y hoy, todavía en su fase de diagnóstico, es sólo un aporte hacia una futura pastoral de la tierra, que puede ser profundizada y ampliada dada la complejidad de la problemática”, explicó monseñor Jorge Lugones (Orán).
Las estadísticas recientes -que cita el diagnóstico eclesiástico- revelan que los problemas habitacionales afectan a más de 14 millones de personas, aproximadamente el 30% de los hogares del país y el 40% de la población urbana.
Frente a este contexto, que según se advierte se agrava con el déficit de habitabilidad y tenencia irregular o inestable, la Iglesia ofrece un decálogo de medidas alternativas que tiene al Estado como principal ejecutor, más allá de trazar líneas pastorales para poner en práctica en las diócesis.
Los obispos proponen, entre otras acciones, generar políticas fiscales que favorezcan el uso racional y eficiente de la tierra, propiciar una estructura tributaria diferenciada que grave la tierra ociosa y el latifundio, y desarrollar un sistema catastral que simplifique los procedimientos de regularización dominial.
También sugieren que se acorten los procesos burocráticos innecesarios para asegurar transacciones de propiedades transparentes y verificables, revisar las leyes de usurpación y diseñar políticas ágiles que permitan el traspaso de tierras fiscales a la población careciente que las ocupa.