El pragmatismo que parcha todo en la urbe

Otra vez, el gobernador José Alperovich aparece como el organizador de la ciudad. Hace diez días se reunió con los concejales oficialistas y les reclamó que la intendencia no había resuelto ni el tema de los vendedores ambulantes ni el de la cesión de facultades a la fuerza de seguridad provincial, para que los policías puedan labrar multas de tránsito. Y así se gestó, en la Casa de Gobierno, la sesión que hace dos días llevó adelante el Concejo Deliberante.
Las dos ordenanzas avanzan sobre la impotencia municipal para resolver trabas endémicas de la vida urbana. En 1994, el entonces secretario de Gobierno municipal, José Manuel Avellaneda, llegó a afirmar que a partir del 10 de diciembre de ese año no habría más venta callejera. Se creó entonces el Mercado Persia, que significaría, poco tiempo después, un dolor de cabeza para el municipio, por el oneroso alquiler que se pagó. Los ambulantes fueron enviados al local, pero pronto fueron reemplazados por otros. Luego se creó el Mercado de Pulgas en la ex Terminal de Omnibus: se convirtió en una especie de feudo manejado por personas que saben cómo eludir los controles municipales e impositivos. Y los ambulantes siguieron en el centro.
Hoy son 1.800. La nueva ordenanza admite que se alquilen dos locales carísimos a una cuadra de la plaza Independencia, pero los mismos vendedores advierten que no se irán de las calles. Además, la ordenanza no contempla qué se hará con los verduleros que también se adueñaron de las calles.
A los concejales no les importó. Sólo se ajustaron a seguir las instrucciones, a partir de la idea de que el Ejecutivo provincial, como motor de estas ordenanzas, avanzará con ellas, como hizo con el Sutrappa municipal, con el registro único provincial de choferes de autos de alquiler y con el cierre de los boliches a las 4 de la mañana.
La segunda ordenanza se refiere a otra impotencia municipal. También en 1994, Avellaneda se quejaba de la falta de poder de los inspectores para hacer frente a los infractores e insistía en la necesidad de que contaran con poder de policía. Lo mismo afirmó años después Jorge Lobo Aragón, cuando fue secretario de Gobierno en la intendencia. Ninguna de estas propuestas avanzó, posiblemente porque en esta sociedad persiste el hábito de no respetar las leyes y se tiene la peor de las imágenes del policía municipal, el “zorro gris”. Es de imaginar que si siempre hubo sospechas sobre los agentes municipales; si nunca se pudo investigar la “municipalidad paralela” y si jamás se aplicaron sumarios -por presiones gremiales-, pocos deseos habría ahora de reflotar un proyecto de estas características. Antes bien, se pensó en dar la potestad a los policías de la Patrulla Urbana, que son los que mejor imagen cosechan en la comunidad. Alperovich es pragmático y sabe que, además, esto implica sentar bien claro el concepto de que es la Provincia la que tiene el poder. Aunque los agentes municipales puedan labrar actas de infracción, son los policías los que muestran autoridad. “Es un atropello a la autonomía municipal”, se quejó el opositor José Luis Avignone. Sin embargo, cada vez que la Policía, por decisión del Gobierno, dio o negó apoyo para algún operativo, se pisoteó la autonomía municipal. Entre otras cosas, porque las autoridades permitieron que la vida urbana esté cada vez más plagada de ilegalidad.
Resignados, los funcionarios creen que esto será una salida a la cultura de la transgresión. Y disfrutan del embrollo en que está metido el gremio municipal. Pero no dicen que el pragmatismo de Alperovich los lleva otra vez a una solución que puede ser vistosa, pero que apenas roza los problemas endémicos de la ciudad, derivados de la falta de autoridad.