02 Septiembre 2006 Seguir en 
La multitud congregada en el corazón histórico de la República, la Plaza de Mayo y sus adyacencias, ha demostrado que la ciudadanía democrática no es una masa cautiva de la voluntad conservacionista de los poderes de turno y que está dispuesta a participar activamente en la recomposición política que requiere el país. El motivo convocante ha sido la inseguridad social frente al delito y la incapacidad de las autoridades responsables para enfrentarlo mediante soluciones consensuadas con las comunidades afectadas. La protesta aportó, por lo demás, el civilizado comportamiento multitudinario, inmune a los intentos del Gobierno de impedirlo mediante la acción de un grupo de funcionarios con notorios protagonismos en la violencia.
En efecto, y como recientemente se señaló en este lugar, la característica de las movilizaciones en distintos lugares del país tiene ahora un rango político muy superior, en la medida que acrecienta el protagonismo de la ciudadanía independiente, obligada a abandonar la opinión silenciosa por causa de la crisis de representatividad política. Sin duda que la multitud movilizada no compartió unánimemente todas las propuestas puntuales de Juan Carlos Blumberg, pero está de acuerdo en que quienes ejercen los poderes públicos, comenzando por el Presidente de la Nación, deben promover las políticas de Estado como soluciones sociales, sin hacer de ellas puras herramientas para la conservación del poder.
Las satisfactorias elecciones legislativas para el oficialismo nacional del pasado año pudieron hacer pensar que el fuerte centralismo presidencialista que invocaba la emergencia económica para avanzar sobre el Congreso, habría de derivar hacia una gestión negociadora y consensual de los intereses generales. Sin embargo, ocurrió lo contrario; y a los claros signos de recuperación de la economía siguieron la concesión permanente de superpoderes al Poder Ejecutivo y una mal llamada concertación plural con gobernadores de la oposición mediante incontrolados recursos fiscales. Las mayorías oficialistas logradas en el Congreso han servido nada más que para asegurar los proyectos del Ejecutivo para formalizar una hegemonía presidencial que carece de antecedentes históricos durante la vigencia de la Constitución Nacional. Ese presidencialismo absorbente de la gestión pública ha sido precisamente el que dejó sin atención ni respuesta a los hechos motivantes de la movilización por la seguridad, sin advertir que la sociedad argentina es muy diferente de la que imaginan la cooptación de dirigentes y las encuestas serviciales de formadores de imágenes. El frustrado intento oficial de servirse de notorios operadores, funcionarios y legisladores, para tratar de impedir la movilización, evidenció por lo demás la ficción optimista de los cerrados despachos del poder, sobre la realidad nacional.
Seguramente que el mensaje de Blumberg a su múltiple auditorio -con elevada audiencia de los medios audiovisuales de todo el país- respondió también con dureza a esa reacción hostil del Gobierno, por lo cual, las relaciones entre el poder público y quienes no apoyan su visión unilateral de la problemática nacional se han endurecido aun más. Por consecuencia, este sería el momento para que el Presidente de la Nación asumiera el rumbo del diálogo y el consenso prometido al asumir su mandato, desechando las estrategias dominantes que define ese grupo de operadores, desacreditados por violentos, para optar por el que determina esa gran guía que es la Constitución Nacional. Un proyecto donde todos, mayorías y minorías, tienen responsabilidades asignadas y demandan poder cumplirlas.
En efecto, y como recientemente se señaló en este lugar, la característica de las movilizaciones en distintos lugares del país tiene ahora un rango político muy superior, en la medida que acrecienta el protagonismo de la ciudadanía independiente, obligada a abandonar la opinión silenciosa por causa de la crisis de representatividad política. Sin duda que la multitud movilizada no compartió unánimemente todas las propuestas puntuales de Juan Carlos Blumberg, pero está de acuerdo en que quienes ejercen los poderes públicos, comenzando por el Presidente de la Nación, deben promover las políticas de Estado como soluciones sociales, sin hacer de ellas puras herramientas para la conservación del poder.
Las satisfactorias elecciones legislativas para el oficialismo nacional del pasado año pudieron hacer pensar que el fuerte centralismo presidencialista que invocaba la emergencia económica para avanzar sobre el Congreso, habría de derivar hacia una gestión negociadora y consensual de los intereses generales. Sin embargo, ocurrió lo contrario; y a los claros signos de recuperación de la economía siguieron la concesión permanente de superpoderes al Poder Ejecutivo y una mal llamada concertación plural con gobernadores de la oposición mediante incontrolados recursos fiscales. Las mayorías oficialistas logradas en el Congreso han servido nada más que para asegurar los proyectos del Ejecutivo para formalizar una hegemonía presidencial que carece de antecedentes históricos durante la vigencia de la Constitución Nacional. Ese presidencialismo absorbente de la gestión pública ha sido precisamente el que dejó sin atención ni respuesta a los hechos motivantes de la movilización por la seguridad, sin advertir que la sociedad argentina es muy diferente de la que imaginan la cooptación de dirigentes y las encuestas serviciales de formadores de imágenes. El frustrado intento oficial de servirse de notorios operadores, funcionarios y legisladores, para tratar de impedir la movilización, evidenció por lo demás la ficción optimista de los cerrados despachos del poder, sobre la realidad nacional.
Seguramente que el mensaje de Blumberg a su múltiple auditorio -con elevada audiencia de los medios audiovisuales de todo el país- respondió también con dureza a esa reacción hostil del Gobierno, por lo cual, las relaciones entre el poder público y quienes no apoyan su visión unilateral de la problemática nacional se han endurecido aun más. Por consecuencia, este sería el momento para que el Presidente de la Nación asumiera el rumbo del diálogo y el consenso prometido al asumir su mandato, desechando las estrategias dominantes que define ese grupo de operadores, desacreditados por violentos, para optar por el que determina esa gran guía que es la Constitución Nacional. Un proyecto donde todos, mayorías y minorías, tienen responsabilidades asignadas y demandan poder cumplirlas.







