El "shopping a cielo abierto" deberá esperar

Cuando las cuestiones políticas y económicas se mezclan con las necesidades sociales, las soluciones parecen tan lejanas como el horizonte. Una prueba palpable de esta mixtura es el espinoso tema de la reubicación de los vendedores ambulantes. El problema resulta ser una brasa que pasa por los funcionarios, de mano en mano.
La venta ambulante mueve, en promedio, cerca de $ 1,5 millón mensual, cifra que llega a triplicarse en meses con fechas netamente comerciales (Día del Niño, de la Madre, del Padre, Fiestas de Fin de Año). El gremio del sector reconoce que sólo en la capital hay cerca de 1.800 ambulantes, cada uno de los cuales gana un promedio de $ 20 por día. De esa actividad viven alrededor de 20.000 personas. Y aquí subyace el problema social: muchos de los vendedores prefieren trabajar de manera independiente, más allá de apelar al subsidio estatal ni a la capacitación en algún oficio que les permita reincorporarse al mundo laboral, pero en otra actividad.
Desde el punto de vista económico, la informalidad es moneda corriente en la venta callejera. No sólo porque hay muchos que no aportan como monotributistas ($ 98 mensuales) y que pueden jubilarse como autónomos, sino además por la procedencia de la mercadería, de origen dudoso, según denuncian los empresarios.
Se trata, sin embargo, del último eslabón de la cadena de la economía informal. Esa economía en negro representa el 40% de las transacciones comerciales que se efectúan en Tucumán mensualmente. Representa cerca de $ 480 millones. Silenciosamente, el Gobierno investiga a algunos sectores de la economía que no declaran todas las ventas. Incluso, inspectores de la Dirección General de Rentas siguen la pista de la línea de abastecimiento de los vendedores ambulantes en cinco locales considerados centros de distribución. La próxima semana se anunciarán algunos resultados del trabajo del Departamento de Inteligencia Fiscal de la Dirección de Rentas.
Desde el punto de vista político, el Poder Ejecutivo ha dado claras muestras de que la Municipalidad es un apéndice más de la Casa de Gobierno, al definir desde el propio Palacio de Gobierno los lineamientos para avanzar con la reubicación de los ambulantes. Los ediles aprobaron la ordenanza para alquilar sendos locales en pleno corazón del casco histórico de la ciudad para convertirlo en un mercado de pulgas. En esa decisión pesa mucho la cuestión de no pasar inadvertido frente al armado de la nómina de candidatos para 2007, en lo que mucho tiene que ver el miedo a la lista única y al poder concentrado en una sola persona.
Más allá de estos tres aspectos, el problema de fondo no se resolverá en el corto plazo. Los vendedores ambulantes seguirán poblando las peatonales en la medida en que el Gobierno no genere opciones de trabajo y que parte del sector privado fomente el comercio ilegal y la informalidad laboral. Nadie se anima a definir quién ocupará un puesto en el nuevo local y quién se quedará sin ese privilegio.
El sueño del intendente de convertir la peatonal Mendoza en un "shopping a cielo abierto", donde haya afinidad en la ornamentación de los negocios y obras para mejorar el paseo, deberá postergarse una vez más. Quizás para un período más electoral, como 2007.