Las perversas mudanzas políticas

La Cámara Federal Electoral ratificó el fallo de primera instancia con relación a la calidad representativa del diputado nacional Eduardo Lorenzo, de sobrenombre Borocotó, quien poco después de ser electo por más de 600.000 votos y antes de asumir su banca, abandonó el partido opositor Propuesta Republicana (Pro), para sumarse al oficialista Frente para la Victoria. El tribunal de alzada sostuvo que “ninguna norma autoriza a que se deniegue la proclamación de Borocotó por el hecho cuestionado”, pero en sus fundamentos incluye una serie de reservas fundamentales de orden ético y moral ante el panorama crítico que atraviesa la política nacional y que afecta el orden republicano. No deja de llamar la atención que en ese fallo los camaristas hayan aludido al legislador cuestionado por su sobrenombre, el cual ha servido para definir ingeniosamente esos frecuentes comportamientos como “borocotización” de la política. A pocos días de ser elegido como representante opositor, Borocotó concurrió a la Casa Rosada, donde se reunió con el jefe del Gabinete y se fotografió en actitud feliz y comprometida con el presidente Kirchner, anticipando con ello su abandono de quienes lo habían votado, dando lugar a una fundada sospecha de acuerdo preexistente. Tan lógica interpretación del hecho escandaloso, ha sido seguramente lo que motivó a los camaristas a formular sus reservas, contribuyendo así, al menos, a denunciar la grave corrupción que afecta a la política nacional.
A “la reiteración de esos comportamientos públicos” aludida en sus fundamentos, el tribunal consideró necesario agregar la jurisprudencia tradicional, según la cual, en el sistema institucional argentino las bancas legislativas pertenecen a sus titulares y no a los partidos, cuya competencia se limita a la nominación de candidatos. Por cierto que el desvío sistemático de esa doctrina que practican las organizaciones partidarias ha tenido hasta el momento su apoyo fundamental en la polémica lista sábana, donde basta una cabecera suficientemente representativa para colgar una serie de desconocidos fácilmente manipulables. Esa nómina bloqueada o cerrada para el elector es seguramente el testimonio más elocuente de las operaciones políticas que han impedido que la recuperación democrática de hace más de dos décadas haya sido seguida por la de sus organizaciones intermedias, los partidos, actualmente en manifiesto descrédito entre la ciudadanía. Más allá de las discrepancias que pueda provocar el fallo por no considerar suficientemente los alcances del artículo 16 de la Constitución Nacional en cuanto a la idoneidad para el ejercicio de la función pública, sus fundamentos remiten ineludiblemente a las experiencias nocivas que afectan a la República y someten a la sociedad a una crisis de representación.
Resulta imposible, en consecuencia, tratar de establecer un cuadro veraz y estable de la realidad representativa, no sólo en los poderes legislativos nacional y provinciales, sino en los ejecutivos, donde las mudanzas encabezadas por numerosos gobernadores, desde la oposición al oficialismo nacional, se producen por presión de la realidad fiscal.
Esa situación provoca decadencia del federalismo, bloqueado por la carencia de un sistema de coparticipación de impuestos que espera desde 1994 su recomposición constitucional y cuya ausencia permite a la caja centralista el ejercicio disciplinante de un poder unitario. No es, pues, un rasgo humorístico aludir a la borocotización de la política, sino una señal altamente definitoria de la grave encrucijada histórica  en que la sociedad democrática ha sido colocada.