Notifican a las instituciones que deben temer al Gobierno

Durante el siglo XX, para la izquierda, los cuestionamientos internos equivalían a darle pasto a la derecha. La UCR, en esa línea, sigue prorrogando un examen de conciencia, con el argumento de que sólo serviría para que saque rédito el PJ. La autocrítica es un ómnibus sin dirigencia. El peronismo, de hecho, ni siquiera anunció la implementación del servicio.
Pero el "mejor no hablar de ciertas cosas" no es privativo de los partidos. Tras la última dictadura, se ha instalado, también, la noción de que no debe cuestionarse el rumbo que los gobiernos le dan, en la práctica, a la democracia, so pena de alimentar totalitarismos.
Traducido al artero pero sagaz mensaje oficial, reclamar calidad institucional equivale a un discurso antiinstitucional. El resultado: una costra. Y debajo, numerosos principios democráticos lastimados. Una de esas heridas supuró violentamente esta semana en Tucumán, con la creación de un inaudito Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
En lo institucional, la medida supone ignorar la opinión de la Corte, que mediante una acordada advirtió: "la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad ni de irracionalidad". En lo constitucional, significa vulnerar la inamovilidad de los jueces, puesto que, al poner un tribunal por arriba, se degrada a los camaristas del fuero administrativo a jueces agrupados. Y en los hechos -y aquí lo alarmante-, es una venganza contra la Cámara en lo Contencioso Administrativa. Todo porque una de sus salas osó frenar la conformación de los nuevos mecanismos (de dudosa constitucionalidad) para seleccionar y remover magistrados.
La consecuencia más concreta de esta cuestionada ley, que el Ejecutivo ya avisó que promulgará (porque, dice el refrán, hay que pegarle al cerdo para que aparezca el dueño), representa una verdadera llaga para la democracia: un vasto sector del oficialismo notificó a la ciudadanía que, a partir del pasado lunes 28, las instituciones deben tener miedo del Gobierno.
Y para que no queden dudas, se confeccionó una lista de próximas víctimas probables. Porque, como sostiene en "El malentendido" Albert Camus, "la costumbre comienza con el segundo crimen". A la cabeza de la nefasta nómima, el Colegio de Abogados: por impugnar los nuevos institutos constitucionales, lo amenazan con desfinanciarlo y con retirarle el control de la matrícula. Le sigue la Corte, empecinada en mantener esa réproba conducta de comportarse como un poder independiente, a la que el ex vicegobernador Sisto Terán le recordó en la última sesión que su número de miembros puede ser alterado por ley. No fue una amenaza, claro está.
Precisamente, el discurso psicótico del poder político es otro elemento atemorizador. En el recinto, hubo levantamanos -y por boca de ellos, los dueños de sus manos- que se rasgaban las vestiduras advirtiendo que la Corte avasallaba a la Cámara. Es decir, los que avalaron el cambio del sistema de cámaras penales e instituyeron que sólo una entenderá las apelaciones, los que mataron el CAM por decreto y lo resucitaron como una farsa con mayoría de políticos, los que apañaron un jurado de enjuiciamiento que parece un pelotón de fusilamiento de jueces, dijeron que una acordada del superior tribunal atropellaba al parlamento.
En el subtrópico, los verdugos gustan de mentar la soga en la casa del ahorcado.

Nombre y apellido
La democracia tiene apellido. Quienes la reducen a mera sucesión de comicios, la presentan como hija natural de la dádiva: "democracia bolsonera", por tanto.
Pero en realidad, la democracia, por aquí, debería apellidarse "republicana". Porque si bien el sufragio es soberano, ningún ciudadano electo tiene la suma del poder. Es el principio de la división de poderes. Es la república.
Luego, las instituciones no son accesorias. Lo contrario, es contrario a la democracia. Como decía Hannah Arendt, "el totalitarismo no busca un gobierno despótico sobre los hombres, sino que busca un sistema en que los hombres son superfluos". No es lo mismo que una institución -y sus hombres- exista plenamente o que sea vilipendiada. No da igual respetar a la Justicia que ningunear a un fuero completo, poniendo un tribunal por encima de una cámara.
Según Giovanni Sartori, la democracia debe ser promovida y creída. En breve, el oficialismo lo acusará de lesionarle potestades.