El juez que podría volver como imputado

Durante estos días se está escribiendo un nuevo capítulo de esa novel disciplina -la ciencia ficción jurídica- que en Tucumán se practica cada vez con mayor enjundia.
Como si se tratara de una extraña paradoja, Felipe Terán podría tener que regresar al juzgado federal número dos, del que fue su titular hasta el 12 de junio, pero a declarar como imputado por presunta participación necesaria en una tentativa de defraudación y de violación de los deberes de funcionario en perjuicio del Estado.
“Haré lo que tenga que hacer y lo que corresponda”, afirman que dijo Mario Racedo el viernes, cuando le llegó la pesada requisitoria de 47 fojas del fiscal federal Carlos Brito. Racedo subroga a Terán porque este, además de la causa penal en curso, afronta un avanzado proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento (JE) de la Nación.
Transparencia y trabajo es el lema que se propuso cumplir Racedo. Respecto de lo primero, por ejemplo, si alguien visita el quinto piso del edificio de Las Piedras al 400 podrá advertir que la fundamental Secretaría Civil del juzgado ahora coloca sobre la pared, de forma manual, el listado de las causas en las que Racedo debe emitir sentencias definitivas o interlocutorias. Pareciera tratarse de una medida para desvirtuar aquella otra imagen reflejada en las conclusiones de la auditoría del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), de setiembre del año pasado, según la cual en los dos juzgados federales de Tucumán había expedientes extraviados o que, pese a haber sido solicitados, no habían podido ser puestos a la vista de los auditores.
“Esto es muy importante”, aseveró el lunes a la tarde un miembro del CM cuando se enteró de que habían pedido que Terán concurriera a prestar declaración indagatoria por la causa Borquez. Este es el caso que, precisamente, alertó sobre la posibilidad de que en Tucumán hubiera en marcha un complejo entramado de particulares, abogados, magistrados y hasta funcionarios del Ministerio de Economía para perjudicar al Estado en las causas que habían sido abiertas para reclamar contra la normativa que pesificó los títulos públicos tras el default. Conclusión en la que ahora insiste el fiscal Brito, como antes lo habían sugerido las dos auditorías practicadas en los dos juzgados federales, la de la Procuración del Tesoro de la Nación y la del CM, la primera con más convicción que la segunda.

Muchos frentes abiertos
A Terán, septiembre y octubre, lejos de ser primaverales, podrían resultarle invernales. Tendrá dos frentes abiertos, y uno más complicado que el otro: el proceso de destitución ante el JE y la causa penal. En esta podría ser llamado a indagatoria -por su reemplazante-, porque la “Ley Carrió”, de 2000, sancionada para permitir la investigación del presunto pago de coimas en el Senado, considera que ese acto procesal puede cumplirse sin afectar las prerrogativas constitucionales de que goza un magistrado, siempre que él se allane. Y Terán le dijo a LA GACETA que, llegado el caso, iba a hacerlo porque, no tiene nada que ocultar.
Brito intentó demostrar que en la causa Borquez hubo una maniobra especulativa para, a partir de una inversión de apenas $ 4,3 millones de títulos desvalorizados, presuntamente adquiridos después del default, cuando el crédito del Estado argentino poco valía internacionalmente, haber podido obtener U$S 5,2 millones o, su equivalente en pesos, unos 15 millones. Y la clave, según el fiscal, fue que Terán dictó contra el Estado -y a favor de Borquez- una medida cautelar abierta (tipo “cheque en blanco”, según la definición del diputado nacional Carlos Kunkel), que no identificaba los títulos respecto de los cuales el erario no debía practicar la pesificación.
Pero Brito, de pasada, advirtió que la modalidad de “cautelares-cheques en blanco” no era privativa del juzgado de Terán, sino que también la había notado en expedientes llevados por el juez federal número uno, Jorge Parache, también bajo sumario ante el CM por el mismo tema, aunque en su caso todo sea curiosamente más lento. “Resulta particularmente llamativo que las sentencias interlocutorias dictadas por jueces distintos tienen la misma redacción, iguales citas de jurisprudencia, y similares partes dispositivas, con lo que se confirma palmariamente la existencia de una asociación constituida con la finalidad de defraudar al Estado. De ahí que las resoluciones sean iguales en su estructura y texto, al igual que los escritos de demanda, aunque firmados por jueces y abogados diferentes”. Semejante conclusión exime de tener que rematar este comentario.