La sociedad frente al delito

La inseguridad y el temor a ser víctima de un delito encabezan las encuestas sobre demandas ciudadanas en los más importantes centros urbanos del país. Así lo señala un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) y el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Por su parte, la encuesta sobre victimización que realizó en julio el Ministerio de Justicia reveló que el 88 % de los habitantes del área metropolitana consideran entre probable y muy probable ser víctimas de delitos.
Esta referencia es altamente testimonial del problema que significa la inseguridad, pues concierne a la región con mayores recursos para combatirla con firmeza.
El informe que analiza el conjunto de datos consigna en síntesis que entre 1985 y 2005 el índice de delitos se elevó el 182 %, en tanto que la población del país creció el 27%.
Las referencias acusan igualmente que durante la última década el índice de crecimiento del delito ha sido del 53%, si bien el informe aclara que no revela con exactitud la realidad, ya que solamente -en el caso del distrito federal- el 26,5 % de los afectados denunciaron ser víctimas.
Las imprecisiones del análisis provienen, por otra parte, de la reticencia de las autoridades a dar informes periódicos sobre actividades delictivas.
La relativa colaboración de los afectados por el delito se debe, según esa investigación, a la desconfianza de la sociedad en el sistema de seguridad y en la Justicia, es decir, en las autoridades de aplicación, antes que en la calidad normativa con la que el Estado enfrenta a la delincuencia.
Hace dos años, una multitudinaria movilización convocada por el ingeniero Juan Carlos Blumberg provocó la atención legislativa del Congreso y la introducción de reformas puntuales a la legislación penal; pero ha seguido siendo sostenida la inseguridad, lo que remite necesariamente a la autoridad de aplicación.
En consecuencia, la característica de las movilizaciones en distintos lugares del país tiene ahora un rango político muy superior, en la medida que acrecienta el protagonismo de la ciudadanía independiente.
Los poderes públicos constituyen, en mayor o menor grado, aquella autoridad de la ley, pero también los partidos políticos no oficialistas tienen un rol ineludible en tan prioritario problema como sectores minoritarios de la ciudadanía.
Es por lo tanto inexplicable que importantes voceros del Gobierno imputen politización a las movilizaciones en demanda de seguridad. Mucho más sorprendente aún es que un funcionario público -el subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luís D?Elía- alce voces amenazadoras contra esas reacciones sociales, sosteniendo que "no respondemos a nadie del Gobierno".
La gravedad excepcional del problema de la inseguridad sería muy diferente si el diálogo entre las autoridades de aplicación y quienes sienten la necesidad de movilizarse fuese el cauce para la solución.
No lo será, empero, mientras la oposición política deba sumarse a esas movilizaciones por carecer de alternativa parlamentaria frente a una mayoría oficialista virtualmente automática que elude el debate.
¿Qué otra calificación referencial puede merecer la circunstancia de que la inquietud mayor de la sociedad no haya merecido desde hace largo tiempo las preocupaciones del Congreso?
El consenso, herramienta esencial de la democracia pluralista, ha sido expulsado sin duda de nuestra política.