Las sospechosas se llamaron al silencio

El silencio se instaló en el caso de la docente desaparecida. Nélida del Valle Fernández y Susana Acosta, que están acusadas de haber secuestrado a Angela Beatriz Argañaraz, se negaron a declarar ante la fiscal Adriana Gianonni, que ordenó ayer a la Policía que las aprehendiera.
Un examen médico realizado ayer a la madrugada fue suficiente para que se sospechara de las ex religiosas. La fiscal y el secretario Ernesto Baaclini convencieron a ambas de que se dejaran examinar por el médico de Policía, quien detectó algo extraño, y pidió que su teoría fuera confirmada por un perito de la Justicia.
Ambos realizaron un detallado informe, que fue presentado ante la fiscal. Las mujeres, según el examen, tenían moretones en los brazos y Fernández, además, marcas en un costado de la caja torácica. Estos signos, según los especialistas, son característicos de personas que se defendieron de una agresión. Después de leer el informe, Gianonni le pidió al jefe de Policía, Hugo Sánchez, que las aprehendiera, bajo la imputación de privación ilegítima de la libertad.
Concretado este paso, los investigadores decidieron realizar un impresionante rastrillaje por la zona de El Cadillal, en el que se movilizó a más de cien efectivos policiales que no arrojó ningún resultado positivo.

La hipótesis
El examen médico es la única prueba contundente en contra de las ex religiosas. Los investigadores habían vinculado a las mujeres al caso a raíz de la comunicación que mantuvo Acosta con Argañaraz. La maestra desaparecida le envió un mensaje de texto, para avisarle que la pasaría a buscar por su casa, a fin de que juntas fueran al colegio Padre Roque Correa, donde trabajan. Por ese motivo, entre jueves y viernes, la Policía allanó el departamento donde viven, en Catamarca 30, y la casa de descanso que ambas poseen en El Cadillal. De allí secuestraron muestras de pelo, algunas prendas y un celular, que están siendo sometidos a pericias. Los resultados se conocerían esta semana.
Se las vincula a la desaparición debido a que, según las declaraciones de los testigos, Acosta nunca se mostró afligida porque Argañaraz no llegó al trabajo. Siempre de acuerdo con la versión de los investigadores, Acosta y Fernández habrían atacado a Argañaraz después de que esta las pasó a buscar el lunes a su domicilio. Una de ellas, según trascendió, habría faltado al trabajo el martes, y ambas pasaron el día en El Cadillal.
Cuando se complicó su situación procesal, las mujeres decidieron cambiar de abogado defensor. El nuevo letrado, Gustavo Morales, les recomendó a sus clientas no declarar y, después de haber leído rápidamente algunas actuaciones, decidió pedir la nulidad de algunas medidas que realizó la Justicia.
"La detención de una persona tiene el fin de evitar que esta se fugue o se debe a que no está dispuesta a colaborar con la investigación. Eso no ocurrió con mis clientes, por lo que considero que es una aberración que estén privadas de su libertad, sin contar el hecho de que son inocentes", afirmó el defensor de las sospechosas.

La Justicia ordenaría en las próximas horas a la Policía que excave en el jardín de la casa de El Cadillal, donde descansaban Nélida del Valle Fernández y Susana Acosta, las únicas aprehendidas por el caso de la desaparición de Angela Beatriz Argañaraz.
Los investigadores sospechan que en ese lugar, o en otro cercano, las mujeres podrían haber enterrado a la mujer, si es que confirman que ellas fueron las que acabaron con la vida de la docente desaparecida hace ya una semana.
Los pesquisas se inclinaron por esta versión luego de que a ambas mujeres se les detectaron, en el examen médico, lesiones y moretones en las manos, como los que se generan después de haber cavado en terrenos agrestes.

Elementos
Durante el rastrillaje que realizó la Policía en un cañaveral ubicado en el camino que va de El Cadillal a El Timbó, encontró un Fiat Uno blanco parcialmente incendiado.
El titular de la fuerza, comisario Hugo Sánchez, confirmó el hallazgo y además precisó que se trata de un vehículo que había sido robado en marzo pasado de una empresa de transporte.
"Si bien es cierto que este es el tipo de auto en el que supuestamente ascendió la maestra, a simple vista podemos deducir que tiene varias semanas de haber sido incinerado. De todas maneras, será sometido a una serie de estudios para confirmar este análisis preliminar", concluyó el comisario general.

Por Gustavo Rodríguez, redacción de LA GACETA
La estrategia que eligió la fiscal Adriana Gianonni es clara y riesgosa al mismo tiempo. Explotó a fondo la única pista seria que tenía en sus manos y ordenó la aprehensión de las dos únicas mujeres que podían estar vinculadas al caso. En otras palabras, buscó resultados inmediatos, algo que no ocurrió con el crimen de Paulina Lebbos y que es lo que exige la sociedad.
Nadie puede negar que el caso de la estudiante quedó grabado a fuego en la Policía y en la Justicia. Nadie dudó y se actuó con firmeza y celeridad. Pero, obviamente, esto no alcanza para esclarecer un hecho de estas características. Hacen faltan pruebas, y encontrarlas será el enorme desafío.
Hasta ahora, la fiscal y el secretario Ernesto Baaclini sólo cuentan con presunciones; la más importante fue conseguida gracias a un manejo que sorprendió a propios y a extraños. En efecto, convencieron a Acosta y a Fernández a que se sometieran en forma voluntaria a un examen médico que, en definitiva, terminó complicando su situación ante la Justicia, que ahora les imputa el delito de privación ilegítima de la libertad.
Gianonni, según el Código Procesal Penal de la provincia, tiene tiempo hasta hoy para solicitar al juez Alfonso Zóttoli la detención de ambas. Si este la aprueba, la fiscal tendrá diez días hábiles para definir la situación procesal de las sospechosas.
Durante ese tiempo la Policía tendrá que trabajar duro para encontrar pruebas firmes de culpabilidad contra Acosta y Fernández. Si esto no ocurre, se volverá a fojas cero, con el consiguiente efecto negativo para la investigación.