Hoy podría iniciarse un nuevo y fundamental capítulo en la crisis que afecta a los dos juzgados federales de Tucumán. A las 9, el pleno del Consejo de la Magistratura de la Nación se reunirá para resolver -entre otras cuestiones- si somete a un proceso de destitución al magistrado número dos, Felipe Terán.
Para que se pusiera en marcha el proceso de remoción, las dos terceras partes de los miembros presentes del CM (lo forman 20 consejeros) deberían votar a favor del dictamen del diputado nacional justicialista Carlos Kunkel, de la comisión de Acusación del órgano. Para que Terán quedara automáticamente suspendido en sus funciones, si estuvieran presentes los 20 consejeros, 16 deberían avalar el dictamen acusatorio; si asistieran 19, 13; si fueran 18 o 17, 12; y si participaran 16, 11 tendrían que votar de la misma forma en que el 12 del corriente lo hicieron los miembros de la comisión de Acusación, cuando aprobaron las conclusiones del sumario de Kunkel.
La comisión de Acusación lleva adelante sendos sumarios contra Terán y contra el juez federal número uno, Jorge Parache, por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en las que particulares reclamaban al Estado por títulos públicos supuestamente afectados por la declaración de default (de 2001), que significó la pesificación de los bonos. No obstante, a diferencia de lo que ocurre con el caso de Terán, Parache aún no fue ni siquiera citado para que efectúe su descargo.
Seis meses para actuar
Si el pleno avala el dictamen acusatorio de Kunkel, Terán quedará inmediatamente suspendido y se pondrá en marcha un procedimiento para designar a quien actuará como subrogante (ver “Varias opciones...”) durante los seis meses en que el jurado de enjuiciamiento debería decidir si lo absuelve o si lo condena.
Al jurado de enjuiciamiento lo encabeza en estos momentos la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, además de tres legisladores nacionales (dos del oficialismo y uno de la oposición), tres abogados y dos magistrados. En caso de ser suspendido, a Terán se le correría vista de la acusación, que sería impulsada por los consejeros Kunkel y Luis Pereira Duarte (ya fueron designados en el dictamen que la comisión de Acusación remitió al pleno del CM), y tendría diez días hábiles para contestar y para ofrecer prueba.
Luego, el jurado de enjuiciamiento debería reunirse y decidir (proveer) cuáles de las pruebas ofrecidas (por la acusación y por el juez) deben ser sustanciadas. En el caso de que hubiera testimoniales, deberían fijarse las fechas para la celebración de las audiencias, que se realizan en la Capital Federal.
Para que se pusiera en marcha el proceso de remoción, las dos terceras partes de los miembros presentes del CM (lo forman 20 consejeros) deberían votar a favor del dictamen del diputado nacional justicialista Carlos Kunkel, de la comisión de Acusación del órgano. Para que Terán quedara automáticamente suspendido en sus funciones, si estuvieran presentes los 20 consejeros, 16 deberían avalar el dictamen acusatorio; si asistieran 19, 13; si fueran 18 o 17, 12; y si participaran 16, 11 tendrían que votar de la misma forma en que el 12 del corriente lo hicieron los miembros de la comisión de Acusación, cuando aprobaron las conclusiones del sumario de Kunkel.
La comisión de Acusación lleva adelante sendos sumarios contra Terán y contra el juez federal número uno, Jorge Parache, por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en las que particulares reclamaban al Estado por títulos públicos supuestamente afectados por la declaración de default (de 2001), que significó la pesificación de los bonos. No obstante, a diferencia de lo que ocurre con el caso de Terán, Parache aún no fue ni siquiera citado para que efectúe su descargo.
Seis meses para actuar
Si el pleno avala el dictamen acusatorio de Kunkel, Terán quedará inmediatamente suspendido y se pondrá en marcha un procedimiento para designar a quien actuará como subrogante (ver “Varias opciones...”) durante los seis meses en que el jurado de enjuiciamiento debería decidir si lo absuelve o si lo condena.
Al jurado de enjuiciamiento lo encabeza en estos momentos la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, además de tres legisladores nacionales (dos del oficialismo y uno de la oposición), tres abogados y dos magistrados. En caso de ser suspendido, a Terán se le correría vista de la acusación, que sería impulsada por los consejeros Kunkel y Luis Pereira Duarte (ya fueron designados en el dictamen que la comisión de Acusación remitió al pleno del CM), y tendría diez días hábiles para contestar y para ofrecer prueba.
Luego, el jurado de enjuiciamiento debería reunirse y decidir (proveer) cuáles de las pruebas ofrecidas (por la acusación y por el juez) deben ser sustanciadas. En el caso de que hubiera testimoniales, deberían fijarse las fechas para la celebración de las audiencias, que se realizan en la Capital Federal.
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