Por Redacción Política
26 Abril 2006
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Si mañana en Buenos Aires el pleno del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) decide someter al juez federal número dos, Felipe Terán, a un proceso de remoción, el magistrado quedará automáticamente suspendido en su cargo por seis meses y empezará a funcionar el jurado de enjuiciamiento, que encabeza en estos momentos la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco.
El pleno, integrado por 20 consejeros, comenzará a sesionar a las 9.30 y el caso de Terán figura en el quinto lugar del orden del día. Para que se ponga en marcha el proceso de destitución, las dos terceras partes de los presentes deberían votar a favor del dictamen del diputado nacional justicialista Carlos Kunkel.
La comisión de Acusación del CM, que el 12 del corriente aprobó el dictamen de Kunkel, lleva adelante un sumario contra Terán por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en la que particulares reclamaban al Estado por títulos públicos supuestamente afectados por la declaración de default (de 2001), que significó la pesificación de los bonos.
Si el pleno avala el dictamen acusatorio de Kunkel, inmediatamente se constituirá el jurado de enjuiciamiento. A este, además de Highton de Nolasco, lo forman tres representantes por los legisladores: Manuel Justo Baladrón (diputado del PJ por La Pampa), Sergio Adrián Gallia (senador por el PJ de Neuquén) y José Luis Zavalía (senador por la UCR de Santiago del Estero); tres, por los abogados (Guillermo Ernesto Sagués, Eduardo Roca y Enrique Basla) y los magistrados Ramiro Puyol (vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, San Fe) y Aidée Vázquez Villar (presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén).
Engorroso procedimiento
En caso de ser suspendido, a Terán se le correría vista de la acusación, que sería impulsada por los consejeros Kunkel y Luis Pereira Duarte (ya están designados), y tendría diez días para contestar y para ofrecer prueba.
Luego, el jurado de enjuiciamiento debería decidir (proveer) cuáles de las pruebas ofrecidas (por la acusación y por el juez) deben ser sustanciadas. En el caso de que hubiera testimoniales deberían fijarse las fechas para la celebración de las audiencias.
Antes de que venza el plazo de seis meses, el jurado debería emitir una decisión, absolutoria o condenatoria. Mientras tanto, un juez subrogante debería estar al frente del despacho.
Tal como había anticipado LA GACETA, el juez federal número dos, Felipe Terán, en un intento por frenar el sumario que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) le sigue, presentó una nota, en la que cargó tintas sobre la Cámara Federal de Apelaciones; y elípticamente, sin nombrarlo, sobre su par, Jorge Parache, magistrado número uno.
“La Cámara Federal confirmó sentencias del otro juzgado federal de la provincia, iguales a las que yo dictaba en el mío. Y en el único expediente en el que la Cámara se pronunció, en apelación, respecto de una sentencia que yo dicté -el caso Díaz, en el que no hice lugar a la cautelar solicitada-, el tribunal de alzada revocó mi sentencia e hizo lugar a la cautelar solicitada”. Esto aseveró Terán, según el escrito de cuatro fojas, al que accedió este diario.
El magistrado le contestó al diputado nacional Carlos Kunkel, miembro de la comisión de Acusación del CM, que aconsejó que Terán sea sometido a un proceso de remoción. El legislador esgrimió que, como si se tratara de cheques en blanco, el juez libraba medidas cautelares, que ordenaban al Estado a que pagara sin constatar si los títulos públicos, objetos de las demandas, habían sido adquiridos con anterioridad a la declaración de default del país, que significó la pesificación de los bonos. “Mal pude obrar con ligereza cuando, como dije, la Cámara de Apelación confirmó los criterios sostenidos por el juzgado, ratificando la vigencia de las cautelares”, señaló.
“No tuve participación”
Terán también disparó contra el Ministerio de Economía. “Si en algunos casos pagó de más (es decir, amortización a más de la renta), ello no fue como consecuencia de lo dispuesto en las resoluciones que hacían lugar a las cautelares, sino lisa y llanamente por órdenes o instrucciones impartidas -precisamente- desde organismos u oficinas dependientes de él”, aseveró. “No tuve participación alguna en las adulteraciones de oficios que, aparentemente, fueron perpetradas para lograr o intentar que el Estado pagara de más”, concluyó.
Economía libró un oficio al fiscal Brito
El subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación, Osvaldo Siseles, remitió información al fiscal federal Carlos Alfredo Brito. Este lleva adelante 15 actuaciones preliminares en el afán de determinar si existen elementos para iniciar una investigación penal propiamente dicha por supuestas irregularidades durante la tramitación de las causas en las que, ante los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán, particulares demandaban al Estado por títulos de la deuda pública, supuestamente adquiridos antes de la declaración del default, que significó la pesificación de los bonos.
El funcionario giró una nota de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, del 2 de febrero, según la cual “se ha pagado servicios” (intereses) de títulos de la deuda pública a Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
El 6 de noviembre de 2003, Jiménez Montilla había demandado ante Parache la declaración de inconstitucionalidad del decreto 471/02 del Poder Ejecutivo y de la Resolución 55/02, del Ministerio de Economía, que dispusieron la pesificación de los títulos públicos (a razón de un tipo de cambio de $ 1,4 por dólar).
Una orden
Ocho días después, Parache, medida cautelar mediante, había ordenado al Estado que se abstuviera de aplicar aquellas normas respecto de los títulos de la deuda pública en dólares depositados en la cuenta comitente 7.916, de la Caja de Valores S.A., a nombre de Jiménez Montilla. También había dispuesto “el pago de la renta mensual correspondiente a partir de la notificación de la presente (resolución), respetando la moneda de origen o, en su defecto y ante una eventual imposibilidad material, su valor en pesos tomando como valor de cambio el de cotización del dólar en el mercado libre (tipo vendedor) correspondiente al día del pago”.
La medida cautelar había quedado firme el 1 de abril de 2005, cuando la Cámara Federal declaró desierto el recurso que había deducido el abogado Miguel Critto, por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
El pleno, integrado por 20 consejeros, comenzará a sesionar a las 9.30 y el caso de Terán figura en el quinto lugar del orden del día. Para que se ponga en marcha el proceso de destitución, las dos terceras partes de los presentes deberían votar a favor del dictamen del diputado nacional justicialista Carlos Kunkel.
La comisión de Acusación del CM, que el 12 del corriente aprobó el dictamen de Kunkel, lleva adelante un sumario contra Terán por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en la que particulares reclamaban al Estado por títulos públicos supuestamente afectados por la declaración de default (de 2001), que significó la pesificación de los bonos.
Si el pleno avala el dictamen acusatorio de Kunkel, inmediatamente se constituirá el jurado de enjuiciamiento. A este, además de Highton de Nolasco, lo forman tres representantes por los legisladores: Manuel Justo Baladrón (diputado del PJ por La Pampa), Sergio Adrián Gallia (senador por el PJ de Neuquén) y José Luis Zavalía (senador por la UCR de Santiago del Estero); tres, por los abogados (Guillermo Ernesto Sagués, Eduardo Roca y Enrique Basla) y los magistrados Ramiro Puyol (vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, San Fe) y Aidée Vázquez Villar (presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén).
Engorroso procedimiento
En caso de ser suspendido, a Terán se le correría vista de la acusación, que sería impulsada por los consejeros Kunkel y Luis Pereira Duarte (ya están designados), y tendría diez días para contestar y para ofrecer prueba.
Luego, el jurado de enjuiciamiento debería decidir (proveer) cuáles de las pruebas ofrecidas (por la acusación y por el juez) deben ser sustanciadas. En el caso de que hubiera testimoniales deberían fijarse las fechas para la celebración de las audiencias.
Antes de que venza el plazo de seis meses, el jurado debería emitir una decisión, absolutoria o condenatoria. Mientras tanto, un juez subrogante debería estar al frente del despacho.
Ultimo intento por evitar lo peor
Tal como había anticipado LA GACETA, el juez federal número dos, Felipe Terán, en un intento por frenar el sumario que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) le sigue, presentó una nota, en la que cargó tintas sobre la Cámara Federal de Apelaciones; y elípticamente, sin nombrarlo, sobre su par, Jorge Parache, magistrado número uno.
“La Cámara Federal confirmó sentencias del otro juzgado federal de la provincia, iguales a las que yo dictaba en el mío. Y en el único expediente en el que la Cámara se pronunció, en apelación, respecto de una sentencia que yo dicté -el caso Díaz, en el que no hice lugar a la cautelar solicitada-, el tribunal de alzada revocó mi sentencia e hizo lugar a la cautelar solicitada”. Esto aseveró Terán, según el escrito de cuatro fojas, al que accedió este diario.
El magistrado le contestó al diputado nacional Carlos Kunkel, miembro de la comisión de Acusación del CM, que aconsejó que Terán sea sometido a un proceso de remoción. El legislador esgrimió que, como si se tratara de cheques en blanco, el juez libraba medidas cautelares, que ordenaban al Estado a que pagara sin constatar si los títulos públicos, objetos de las demandas, habían sido adquiridos con anterioridad a la declaración de default del país, que significó la pesificación de los bonos. “Mal pude obrar con ligereza cuando, como dije, la Cámara de Apelación confirmó los criterios sostenidos por el juzgado, ratificando la vigencia de las cautelares”, señaló.
“No tuve participación”
Terán también disparó contra el Ministerio de Economía. “Si en algunos casos pagó de más (es decir, amortización a más de la renta), ello no fue como consecuencia de lo dispuesto en las resoluciones que hacían lugar a las cautelares, sino lisa y llanamente por órdenes o instrucciones impartidas -precisamente- desde organismos u oficinas dependientes de él”, aseveró. “No tuve participación alguna en las adulteraciones de oficios que, aparentemente, fueron perpetradas para lograr o intentar que el Estado pagara de más”, concluyó.
Economía libró un oficio al fiscal Brito
El subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación, Osvaldo Siseles, remitió información al fiscal federal Carlos Alfredo Brito. Este lleva adelante 15 actuaciones preliminares en el afán de determinar si existen elementos para iniciar una investigación penal propiamente dicha por supuestas irregularidades durante la tramitación de las causas en las que, ante los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán, particulares demandaban al Estado por títulos de la deuda pública, supuestamente adquiridos antes de la declaración del default, que significó la pesificación de los bonos.
El funcionario giró una nota de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, del 2 de febrero, según la cual “se ha pagado servicios” (intereses) de títulos de la deuda pública a Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
El 6 de noviembre de 2003, Jiménez Montilla había demandado ante Parache la declaración de inconstitucionalidad del decreto 471/02 del Poder Ejecutivo y de la Resolución 55/02, del Ministerio de Economía, que dispusieron la pesificación de los títulos públicos (a razón de un tipo de cambio de $ 1,4 por dólar).
Una orden
Ocho días después, Parache, medida cautelar mediante, había ordenado al Estado que se abstuviera de aplicar aquellas normas respecto de los títulos de la deuda pública en dólares depositados en la cuenta comitente 7.916, de la Caja de Valores S.A., a nombre de Jiménez Montilla. También había dispuesto “el pago de la renta mensual correspondiente a partir de la notificación de la presente (resolución), respetando la moneda de origen o, en su defecto y ante una eventual imposibilidad material, su valor en pesos tomando como valor de cambio el de cotización del dólar en el mercado libre (tipo vendedor) correspondiente al día del pago”.
La medida cautelar había quedado firme el 1 de abril de 2005, cuando la Cámara Federal declaró desierto el recurso que había deducido el abogado Miguel Critto, por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
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