Denuncia penal por el plan de retiro voluntario

El constitucionalista Luis Iriarte denunció penalmente al gobernador José Alperovich, al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, a ex legisladores y a parlamentarios actuales. A todos los acusa por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, al promover la implementación de la ley de retiro voluntario para los estatales.
Según Iriarte, se trata de una norma delictiva, inmoral, inconstitucional y violatoria de pactos internacionales. “Consagra descaradamente a favor de empleados públicos que decidieron no trabajar durante años, el derecho a percibir salarios, gozar de obra social y de aportes jubilatorios integrales con fondos públicos. Es decir, dinero de contribuyentes que trabajan”, explicó.
El ex legislador calificó de “ñoquis democráticos” a los estatales que se acogieron al régimen y aseguró que la medida lesiona la cultura del trabajo. “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prescribe el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos, no para sostener el nivel de vida de quienes decidieron no trabajar”, justificó Iriarte.
La norma que cuestiona el abogado permite a los empleados públicos optar por un retiro voluntario. A cambio, el Estado les abona el 70% de sus haberes, la cobertura social y el 100% de los aportes previsionales. “Como si hubiesen trabajado normalmente; todo a costa de los contribuyentes que sí trabajan. Para colmo de males, este Gobierno procedió a incrementar la planta de empleados públicos en más de 18.000 agentes, en violación de las prescripciones de las leyes que prorrogaron desde 1991 el estado de emergencia provincial, por el que se prohíbe el ingreso de nuevos trabajadores a la planta permanente del Estado”, aseveró.
En su demanda, sostiene que el pago de sueldos a empleados que no trabajan y el aumento de la planta de personal impactan directamente en el bolsillo de los contribuyentes. “Ven azorados cómo se incrementan los impuestos inmobiliario y automotor. El efecto moral devastador de estas leyes se plasma en el desaliento de los que trabajan. Se malversan caudales públicos recaudados con el dinero de los contribuyentes cuando se los utiliza en esta innoble asignación de pagar a agentes públicos por no trabajar”, afirmó Iriarte.