Un veto cada dos meses dispuso, en promedio, el Gobierno

Un nuevo veto a una ley sancionada por la Legislatura sumó el Poder Ejecutivo, con lo que suman 55 las anulaciones dispuestas en dos años y seis meses de gestión. Así las cosas, en promedio el PE veta casi dos normas por mes. Cabe recordar que en enero hubo una tanda de 1, que no fueron no insistidos por el Poder Legislativo.
La semana pasada interpuso el veto contra la norma que sancionó la Cámara el 28 de diciembre de 2005, que disponía la suspensión, hasta el 31 de diciembre próximo, de los términos procesales de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución de una hipoteca no incluida en las disposiciones de la ley 25.798. La decisión del PE, que lleva las firmas del gobernador, José Alperovich, y del ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, fue comunicada al Poder Legislativo el martes último.
La ley sancionada en diciembre fijaba que la hipoteca debía recaer sobre una vivienda única y familiar, habitada por el deudor con una antelación de dos años al momento del vencimiento de la obligación que diera origen a la ejecución y que el importe del crédito no podía exceder los $ 50.000. También disponía la mediación judicial obligatoria para estas causas como procedimiento previo a ordenarse la subasta del inmueble afectado.

Disposiciones nacionales
Sin embargo, el Ejecutivo recuerda que a nivel nacional se emitieron leyes (25.798, 26.062 y 26.084) que suspendieron los plazos de las ejecuciones de sentencia y desalojos de vivienda única y familiar, a la cual la Provincia se adhirió mediante la ley 7.372. Al respecto, la Fiscalía de Estado apuntó que el proyecto provincial sancionado iba más allá, ya que dispone la suspensión de los términos procesales de todos los juicios de ejecución hipotecaria no incluidos en la norma nacional. “Se trata de un tema de mutuos con garantía hipotecaria entre particulares, regidos por legislación nacional, en los cuales la Provincia no tiene competencia, por lo que una medida de este tipo afectaría los derechos de los acreedores que redundaría en acciones contra el Estado provincial”, arguyó la Fiscalía de Estado.
Ante estas observaciones, el PE interpuso el veto a la norma aprobada por la Cámara.