La Cámara Federal de Apelaciones, por medio de su secretario, Agustín Repetto, aclaró a LA GACETA que este tribunal sí notificó a los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) acerca de la resolución del 1 de abril de 2005, mediante la cual quedó firme una decisión del juez federal número uno, Jorge Parache (ver "Quedó firme..."). Este, por medio de una medida cautelar, había ordenado al Estado que pagara los títulos públicos depositados en la cuenta de Carlos Enrique Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Este magistrado, a fines de 2003, entabló una demanda de inconstitucionalidad contra la normativa que ordenó la pesificación de bonos, como consecuencia de la declaración de default del país, de 2001.
El 9 de mayo de 2005, mediante cédula, el abogado Miguel Critto fue notificado en San Martín 763, tercer piso, de que la Cámara Federal había declarado desierto el recurso que el 4 de diciembre de 2003 había deducido contra la resolución de Parache (a favor de Jiménez Montilla), del 14 de noviembre del mismo año.
Cuatro días más tarde, Critto devolvió la cédula. Argumentó que había renunciado a su cargo de representante del PTN (la dimisión le fue aceptada el 31 de julio de 2004) e informó que lo había reemplazado Humberto Gordillo, con domicilio en Buenos Aires 446, de esta capital.
El 20 de mayo y en virtud de lo que Critto había manifestado, Repetto ordenó que Gordillo fuera notificado mediante cédula, lo que se concretó el 1 de junio.
El 6 de junio, Gordillo se apersonó ante la Cámara Federal de Apelaciones, acompañó la resolución del 31 de agosto de 2004, mediante la cual el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, le había asignado el carácter de asistente del cuerpo de abogados del Estado, y pidió intervención de ley.
Actuación en marcha
Ayer Gordillo afirmó a LA GACETA que, amén del apersonamiento, no tuvo ninguna intervención en el expediente principal abierto por la demanda de Jiménez Montilla ni por el incidente generado por la deducción del recurso de apelación.
El Consejo de la Magistratura de la Nación sigue sumarios contra Parache y contra el juez federal Felipe Terán por supuestas irregularidades durante la tramitación de causas vinculadas al pago de títulos públicos supuestamente afectados por el default. Y el fiscal federal Carlos Brito lleva una actuación preliminar a fin de determinar si hubo anomalías en una quincena de expedientes similares; entre ellos, el de Jiménez Montilla.
El 9 de mayo de 2005, mediante cédula, el abogado Miguel Critto fue notificado en San Martín 763, tercer piso, de que la Cámara Federal había declarado desierto el recurso que el 4 de diciembre de 2003 había deducido contra la resolución de Parache (a favor de Jiménez Montilla), del 14 de noviembre del mismo año.
Cuatro días más tarde, Critto devolvió la cédula. Argumentó que había renunciado a su cargo de representante del PTN (la dimisión le fue aceptada el 31 de julio de 2004) e informó que lo había reemplazado Humberto Gordillo, con domicilio en Buenos Aires 446, de esta capital.
El 20 de mayo y en virtud de lo que Critto había manifestado, Repetto ordenó que Gordillo fuera notificado mediante cédula, lo que se concretó el 1 de junio.
El 6 de junio, Gordillo se apersonó ante la Cámara Federal de Apelaciones, acompañó la resolución del 31 de agosto de 2004, mediante la cual el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, le había asignado el carácter de asistente del cuerpo de abogados del Estado, y pidió intervención de ley.
Actuación en marcha
Ayer Gordillo afirmó a LA GACETA que, amén del apersonamiento, no tuvo ninguna intervención en el expediente principal abierto por la demanda de Jiménez Montilla ni por el incidente generado por la deducción del recurso de apelación.
El Consejo de la Magistratura de la Nación sigue sumarios contra Parache y contra el juez federal Felipe Terán por supuestas irregularidades durante la tramitación de causas vinculadas al pago de títulos públicos supuestamente afectados por el default. Y el fiscal federal Carlos Brito lleva una actuación preliminar a fin de determinar si hubo anomalías en una quincena de expedientes similares; entre ellos, el de Jiménez Montilla.
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