Los constituyentes del oficialismo y de la oposición quieren consagrar los derechos indígenas en la nueva Carta Magna, en un sentido más amplio que el de la Constitución nacional.
La Ley Fundamental de la Nación establece, como atribución del Congreso, “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Los reformadores tucumanos quieren ir más allá e incluso crear institutos especiales que tutelen eficazmente los derechos de los pueblos originarios.
Esta fue una de las coincidencias a las que arribaron los miembros de las comisiones de Políticas Especiales y de Declaraciones, Derechos y Garantías, en la reunión conjunta que mantuvieron con representantes de comunidades indígenas.
“Hay acuerdo para reconocer la propiedad de las tierras que ocupan y, además, para instrumentar mecanismos con los que consigan la restitución de otros terrenos”, dijo José Páez (ASI), quien ayer remitió un proyecto de enmienda en este sentido.
La comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías también avanzó en el debate sobre las propuestas referidas a las instituciones colegiadas. Los constituyentes recibieron a representantes de los colegios de abogados de la capital y del sur. Ante ellos ratificaron la voluntad de fijar un régimen de matriculación obligatoria y de reconocer a las cajas previsionales de los profesionales como organismos de derecho público no estatal, sobre lo que ya se manifestaron oportunamente.
La Ley Fundamental de la Nación establece, como atribución del Congreso, “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Los reformadores tucumanos quieren ir más allá e incluso crear institutos especiales que tutelen eficazmente los derechos de los pueblos originarios.
Esta fue una de las coincidencias a las que arribaron los miembros de las comisiones de Políticas Especiales y de Declaraciones, Derechos y Garantías, en la reunión conjunta que mantuvieron con representantes de comunidades indígenas.
“Hay acuerdo para reconocer la propiedad de las tierras que ocupan y, además, para instrumentar mecanismos con los que consigan la restitución de otros terrenos”, dijo José Páez (ASI), quien ayer remitió un proyecto de enmienda en este sentido.
La comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías también avanzó en el debate sobre las propuestas referidas a las instituciones colegiadas. Los constituyentes recibieron a representantes de los colegios de abogados de la capital y del sur. Ante ellos ratificaron la voluntad de fijar un régimen de matriculación obligatoria y de reconocer a las cajas previsionales de los profesionales como organismos de derecho público no estatal, sobre lo que ya se manifestaron oportunamente.
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