Por Redacción Política
21 Abril 2006
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Sigue siendo una incógnita si la Cámara Federal confirmó la medida cautelar que el juez federal número uno, Jorge Parache, había dictado a favor de Carlos Enrique Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Este magistrado había demandado al Estado nacional el pago (en dólares) de títulos públicos, supuestamente afectados por el default que sufrió el país en 2001 y que significó la pesificación de los bonos. Este trámite, al igual que otros 14, es objeto de una actuación preliminar que lleva adelante el fiscal federal número dos, Carlos Brito, a fin de determinar si hubo irregularidades durante su sustanciación.
LA GACETA consultó ayer a los abogados que intervinieron en la causa en representación de la Procuración del Tesoro de la Nación (Miguel Critto y Humberto Gordillo) y de la delegación provincial del Ministerio de Economía de la Nación, quienes negaron haber sido notificados por la Cámara Federal. Es más, según fuentes judiciales, recientemente, Federico Nazur (representa a la Procuración desde el 1 de octubre de 2005) se presentó ante el juzgado de Parache, se apersonó y solicitó el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el juez (a favor de Jiménez Montilla) el 14 de noviembre de 2003 y que había sido apelada (por Critto, que luego renunció) el 4 de diciembre del mismo año. No obstante, otra cosa se desprende de la auditoría efectuada el año pasado por la Dirección Nacional de Auditoría, que encabeza Lázaro Peppe, sobre las causas relacionadas con el pago de títulos públicos pesificados que fueron tramitados ante la Cámara Federal y ante los juzgados de Parache y de Felipe Terán. Las conclusiones de la contundente evaluación fueron remitidas a la Cámara Federal por el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, el 7 de setiembre de 2005.
Idas y vueltas
Según la auditoría, el 1 de abril de 2005, la Cámara Federal declaró desierto el recurso de apelación (lo había deducido Critto y había sido concedido con efecto devolutivo) "por falta de crítica concreta y razonada", motivo por lo que habría quedado firme la cautelar dispuesta por Parache. Este, por medio de la medida, había ordenado al Ministerio de Economía que pagara a Jiménez Montilla, quien en su demanda había acompañado una constancia de que en la cuenta comitente 7.916, de la Caja de Valores, tenía U$S 121.040,65 y $ 67.506,98 en diferentes títulos.
Ahora, Brito espera que el Ministerio de Economía le informe si abonó a Jiménez Montilla (actuaba con el patrocinio de Daniel Martín), qué monto, en qué fecha y por qué títulos. El fin es determinar si estos (todos o parte) fueron adquiridos antes del default o después, a bajo precio, cuando ya habían sido pesificados. En la demanda, Jiménez Montilla se había limitado a reclamar bonos y había aclarado que las particularidades de los títulos las iba a especificar oportunamente.
"El expediente principal no ha podido ser compulsado, pues no estaba disponible en el tribunal interviniente. Sólo se pudo tener acceso al incidente por la apelación de la medida cautelar que se encontraba en la Cámara (Federal)", aseveró la Auditoría, que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
El 22 de noviembre de 2005, los abogados de la delegación local del Ministerio de Economía de la Nación, Laura Alercia, Guillermo Jerez, Santiago Arcuri y Patricio Nogueira, se quejaron de lo mismo cuando contestaron el informe de Peppe. "Si como el auditor manifiesta, le fue imposible el acceso al expediente con la investidura que su cargo le confiere, se evidencia más claramente las dificultades a las que nuestra representación se vio expuesta al momento de solicitar el expediente para su compulsa", dijeron.
Los letrados también aclararon que no se los puede responsabilizar de que la Cámara Federal hubiera declarado desierto el recurso de apelación contra la cautelar (de Parache) a favor de Jiménez Montilla, porque ellos se hicieron cargo el 19 de julio de 2004 y el recurso había sido deducido por Miguel Critto, del PTN.
¿Por qué comenzaron los problemas?
Porque a mediados de 2005 el Ministerio de Economía de la Nación advirtió sobre posibles maniobras irregulares en el juzgado federal número dos, de Felipe Terán, en causas vinculadas a títulos públicos pesificados tras el default.
¿En qué consistían las supuestas anomalías?
En que eran libradas medidas cautelares, que ordenaban al Estado que pagara (en dólares) títulos depositados en la cuenta de los particulares demandantes, pero sin verificar si esos bonos habían sido obtenidos antes del default de 2001.
¿Existirían otras irregularidades?
Sí: que no se habría constatado si los demandantes (contra el Estado) cumplían los requisitos exigidos para que, excepcionalmente, pudieran devolverles en dólares los títulos que habían sido pesificados.
¿Hay un caso paradigmático?
El de Yolanda Borquez, que en la demanda acompañó constancias de bonos por U$S 620.000. Terán libró una cautelar y ordenó al Estado que pague, pero no fijó montos. Entonces se constató que en la cuenta había casi U$S 5 millones.
¿Los juzgados fueron auditados?
Sí, en dos ocasiones. En la primera, en agosto de 2005, la Procuración del Tesoro de la Nación auditó 84 causas; entre ellas la de Borquez y la promovida por Carlos Ignacio Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
¿Cúal fue la segunda auditoría?
La que en setiembre de 2005 efectuó el Cuerpo de Auditores Judiciales del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) a partir de la denuncia que había concretado el consejero Beinusz Szmukler (representa a los abogados en el CM).
¿Qué hizo el Consejo de la Magistratura?
Frente a la posible comisión de maniobras para perjudicar al Estado, en diciembre del año pasado, el comité de asignación del CM decidió someter a ambos jueces federales (Terán y Jorge Parache, el número uno) a sendos sumarios.
¿Cúal es el objetivo de los sumarios?
Determinar si los magistrados incurrieron en alguna de las causales previstas para la remoción de los jueces. Las instrucciones están a cargo del diputado Carlos Kunkel (por Terán) y del senador Nicolás Fernández (por Parache).
¿En qué estado se hallan los sumarios?
Terán ya efectuó su descargo, y la comisión de Acusación del CM aprobó el dictamen de Kunkel, según el cual el juez fue funcional a maniobras para perjudicar al Estado, por lo que sugirió que sea sometido a un proceso de remoción.
¿Y qué pasa con el otro magistrado?
Parache aún no fue citado ni siquiera para que efectúe el descargo. En cambio, durante la reunión del 4 de mayo el pleno del CM podría decidir si somete a Terán a un proceso de remoción. En ese caso quedaría suspendido por seis meses.
LA GACETA consultó ayer a los abogados que intervinieron en la causa en representación de la Procuración del Tesoro de la Nación (Miguel Critto y Humberto Gordillo) y de la delegación provincial del Ministerio de Economía de la Nación, quienes negaron haber sido notificados por la Cámara Federal. Es más, según fuentes judiciales, recientemente, Federico Nazur (representa a la Procuración desde el 1 de octubre de 2005) se presentó ante el juzgado de Parache, se apersonó y solicitó el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el juez (a favor de Jiménez Montilla) el 14 de noviembre de 2003 y que había sido apelada (por Critto, que luego renunció) el 4 de diciembre del mismo año. No obstante, otra cosa se desprende de la auditoría efectuada el año pasado por la Dirección Nacional de Auditoría, que encabeza Lázaro Peppe, sobre las causas relacionadas con el pago de títulos públicos pesificados que fueron tramitados ante la Cámara Federal y ante los juzgados de Parache y de Felipe Terán. Las conclusiones de la contundente evaluación fueron remitidas a la Cámara Federal por el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, el 7 de setiembre de 2005.
Idas y vueltas
Según la auditoría, el 1 de abril de 2005, la Cámara Federal declaró desierto el recurso de apelación (lo había deducido Critto y había sido concedido con efecto devolutivo) "por falta de crítica concreta y razonada", motivo por lo que habría quedado firme la cautelar dispuesta por Parache. Este, por medio de la medida, había ordenado al Ministerio de Economía que pagara a Jiménez Montilla, quien en su demanda había acompañado una constancia de que en la cuenta comitente 7.916, de la Caja de Valores, tenía U$S 121.040,65 y $ 67.506,98 en diferentes títulos.
Ahora, Brito espera que el Ministerio de Economía le informe si abonó a Jiménez Montilla (actuaba con el patrocinio de Daniel Martín), qué monto, en qué fecha y por qué títulos. El fin es determinar si estos (todos o parte) fueron adquiridos antes del default o después, a bajo precio, cuando ya habían sido pesificados. En la demanda, Jiménez Montilla se había limitado a reclamar bonos y había aclarado que las particularidades de los títulos las iba a especificar oportunamente.
El expediente no estaba cuando hicieron la auditoría
En agosto de 2005, cuando la Dirección Nacional de Auditoría, a cargo de Lázaro Peppe, analizó las causas relacionadas con el pago de títulos públicos pesificados que se tramitaban, no pudo disponer del expediente principal abierto por la demanda deducida por Carlos Enrique Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ante el juez federal Jorge Parache. "El expediente principal no ha podido ser compulsado, pues no estaba disponible en el tribunal interviniente. Sólo se pudo tener acceso al incidente por la apelación de la medida cautelar que se encontraba en la Cámara (Federal)", aseveró la Auditoría, que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
El 22 de noviembre de 2005, los abogados de la delegación local del Ministerio de Economía de la Nación, Laura Alercia, Guillermo Jerez, Santiago Arcuri y Patricio Nogueira, se quejaron de lo mismo cuando contestaron el informe de Peppe. "Si como el auditor manifiesta, le fue imposible el acceso al expediente con la investidura que su cargo le confiere, se evidencia más claramente las dificultades a las que nuestra representación se vio expuesta al momento de solicitar el expediente para su compulsa", dijeron.
Los letrados también aclararon que no se los puede responsabilizar de que la Cámara Federal hubiera declarado desierto el recurso de apelación contra la cautelar (de Parache) a favor de Jiménez Montilla, porque ellos se hicieron cargo el 19 de julio de 2004 y el recurso había sido deducido por Miguel Critto, del PTN.
¿Por qué comenzaron los problemas?
Porque a mediados de 2005 el Ministerio de Economía de la Nación advirtió sobre posibles maniobras irregulares en el juzgado federal número dos, de Felipe Terán, en causas vinculadas a títulos públicos pesificados tras el default.
¿En qué consistían las supuestas anomalías?
En que eran libradas medidas cautelares, que ordenaban al Estado que pagara (en dólares) títulos depositados en la cuenta de los particulares demandantes, pero sin verificar si esos bonos habían sido obtenidos antes del default de 2001.
¿Existirían otras irregularidades?
Sí: que no se habría constatado si los demandantes (contra el Estado) cumplían los requisitos exigidos para que, excepcionalmente, pudieran devolverles en dólares los títulos que habían sido pesificados.
¿Hay un caso paradigmático?
El de Yolanda Borquez, que en la demanda acompañó constancias de bonos por U$S 620.000. Terán libró una cautelar y ordenó al Estado que pague, pero no fijó montos. Entonces se constató que en la cuenta había casi U$S 5 millones.
¿Los juzgados fueron auditados?
Sí, en dos ocasiones. En la primera, en agosto de 2005, la Procuración del Tesoro de la Nación auditó 84 causas; entre ellas la de Borquez y la promovida por Carlos Ignacio Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
¿Cúal fue la segunda auditoría?
La que en setiembre de 2005 efectuó el Cuerpo de Auditores Judiciales del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) a partir de la denuncia que había concretado el consejero Beinusz Szmukler (representa a los abogados en el CM).
¿Qué hizo el Consejo de la Magistratura?
Frente a la posible comisión de maniobras para perjudicar al Estado, en diciembre del año pasado, el comité de asignación del CM decidió someter a ambos jueces federales (Terán y Jorge Parache, el número uno) a sendos sumarios.
¿Cúal es el objetivo de los sumarios?
Determinar si los magistrados incurrieron en alguna de las causales previstas para la remoción de los jueces. Las instrucciones están a cargo del diputado Carlos Kunkel (por Terán) y del senador Nicolás Fernández (por Parache).
¿En qué estado se hallan los sumarios?
Terán ya efectuó su descargo, y la comisión de Acusación del CM aprobó el dictamen de Kunkel, según el cual el juez fue funcional a maniobras para perjudicar al Estado, por lo que sugirió que sea sometido a un proceso de remoción.
¿Y qué pasa con el otro magistrado?
Parache aún no fue citado ni siquiera para que efectúe el descargo. En cambio, durante la reunión del 4 de mayo el pleno del CM podría decidir si somete a Terán a un proceso de remoción. En ese caso quedaría suspendido por seis meses.
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