Por Redacción Política
20 Abril 2006
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El fiscal federal Carlos Alfredo Brito lleva adelante 15 actuaciones preliminares. El fin es determinar si hubo alguna irregularidad durante la tramitación de medidas cautelares, mediante las cuales los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán ordenaron al Estado que pague títulos públicos supuestamente afectados por el default, que sufrió el país en 2001. Una de ellas está vinculada a Carlos Enrique Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Como hizo en todas las causas, el funcionario judicial libró oficios -entre otros- al Ministerio de Economía de la Nación, para que informe si le habían pagado a Jiménez Montilla, qué monto y en qué fecha. Pero, hasta el momento, no recibió respuesta.
El 6 de noviembre de 2003, con el patrocinio de Daniel Martín, Jiménez Montilla había solicitado la declaración de inconstitucionalidad del decreto 471/02 del Poder Ejecutivo y de la Resolución 55/02, del Ministerio de Economía de la Nación, que habían dispuesto la pesificación de los títulos públicos. El expediente formado tiene el número 4401/03.
En la demanda, el magistrado se limitó a reclamar Bonos de Consolidación de la Deuda Pública en dólares (Bocon, Pro 4) y en pesos (Bocon Pro 1), y aclaró que las particularidades (de los títulos) las iba a especificar oportunamente. No obstante, acompañó una constancia de los diferentes bonos que tenía en la cuenta comitente número 7.916, de la Caja de Valores, que totalizaban U$S 121.040,65 y $ 67.506,98.
Gran celeridad
Sólo ocho días después de la presentación, el juez Parache dispuso una medida cautelar y ordenó el pago al Ministerio de Economía, que fue notificado el 28 de noviembre de ese año. Pero el 4 de diciembre, el abogado Miguel Critto, en representación del Estado nacional (luego renunció), apeló la decisión.
Parache corrió traslado del recurso deducido y Martín (por Jiménez Montilla) contestó el 4 de marzo de 2004, razón por la que seis días después el juez ordenó la formación del incidente para que fuera resuelto por la Cámara Federal. En mesa de entradas de esta última figura que ingresó el 17 de junio de 2004 (con el número 46396/4), según constató ayer LA GACETA. Según fuentes próximas a los letrados del Estado, estos no fueron notificados de ninguna resolución.
Como hizo en todas las causas, el funcionario judicial libró oficios -entre otros- al Ministerio de Economía de la Nación, para que informe si le habían pagado a Jiménez Montilla, qué monto y en qué fecha. Pero, hasta el momento, no recibió respuesta.
El 6 de noviembre de 2003, con el patrocinio de Daniel Martín, Jiménez Montilla había solicitado la declaración de inconstitucionalidad del decreto 471/02 del Poder Ejecutivo y de la Resolución 55/02, del Ministerio de Economía de la Nación, que habían dispuesto la pesificación de los títulos públicos. El expediente formado tiene el número 4401/03.
En la demanda, el magistrado se limitó a reclamar Bonos de Consolidación de la Deuda Pública en dólares (Bocon, Pro 4) y en pesos (Bocon Pro 1), y aclaró que las particularidades (de los títulos) las iba a especificar oportunamente. No obstante, acompañó una constancia de los diferentes bonos que tenía en la cuenta comitente número 7.916, de la Caja de Valores, que totalizaban U$S 121.040,65 y $ 67.506,98.
Gran celeridad
Sólo ocho días después de la presentación, el juez Parache dispuso una medida cautelar y ordenó el pago al Ministerio de Economía, que fue notificado el 28 de noviembre de ese año. Pero el 4 de diciembre, el abogado Miguel Critto, en representación del Estado nacional (luego renunció), apeló la decisión.
Parache corrió traslado del recurso deducido y Martín (por Jiménez Montilla) contestó el 4 de marzo de 2004, razón por la que seis días después el juez ordenó la formación del incidente para que fuera resuelto por la Cámara Federal. En mesa de entradas de esta última figura que ingresó el 17 de junio de 2004 (con el número 46396/4), según constató ayer LA GACETA. Según fuentes próximas a los letrados del Estado, estos no fueron notificados de ninguna resolución.
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