Hay consenso para que no retorne el sistema de sublemas

El derogado sistema de sublemas no volverá a aplicarse en la provincia, para ningún cargo, mientras rija la nueva Constitución. Esa es la voluntad de los constituyentes que integran la comisión de Régimen Electoral.
En la última reunión de ese cuerpo, compuesto sólo por peronistas, se consensuó que un seguro dictamen propondrá enmendar el inciso 8 del artículo 38. Esa norma prohíbe la aplicación del mecanismo de lemas para los cargos ejecutivos, pero no para los legislativos.
Hay también acuerdo en que no se modificará el inciso siguiente de ese artículo, lo que significa que no se alterará el mapa electoral. Pese a que se presentaron proyectos para que la representación parlamentaria sea por departamentos, se emitiría despacho para que se mantenga el sistema actual. Justamente, el alperovichismo considera que cambiar el inciso 9 del artículo 38 daría lugar a impugnaciones judiciales: ese apartado fue preservado de cambios por la ley que habilitó la reforma.
Hubo también coincidencias respecto del establecimiento del voto electrónico. Pero en este caso, hay diferencias respecto de cuándo debe aplicarse el mecanismo. Mientras que el oficialismo quiere que una ley reglamente su puesta en práctica, José Páez (ASI) promueve que se deje sentado que debe instrumentarse en los comicios de 2007.
El democristiano (presenció la reunión, aunque no integra esa comisión) propone, además, que se instrumente el sistema de cédula única (el elector recibe una papeleta en la que perfora las opciones que elige para sufragar) en los distritos en los que no se habiliten urnas electrónicas.

El ombudsman
Durante la mañana de ayer, en tanto, la comisión de Organos de Control recibió al ombudsman, Jorge García Mena, quien expuso la tarea de la Defensoría del Pueblo y los beneficios de obtener rango constitucional.
El reconocimiento de la entidad está fuera de discusión en esa comisión, pero no hay un criterio unánime respecto de cómo debe elegirse al defensor del pueblo. Los opositores reclaman que su titular, así como el del Tribunal de Cuentas o la Auditoría General de la Provincia, sean para ese sector. El peronismo, en cambio, plantea que deben ser mayoritariamente oficialistas, con participación opositora.
Se planteó, además, que quienes aspiren a ser ombudsman acrediten una probada tarea social y queden vedados de ejercer cargos públicos durante dos años, luego de ejercer la función.