Proponen crear un fondo para contratar consultoras privadas

Seis años después de que la Legislatura estableció que las universidades públicas o privadas tienen el carácter de consultoras preferenciales del Estado, parlamentarios peronistas pretenden facultar al Poder Ejecutivo a contratar en forma directa a empresas para la elaboración de estudios y proyectos referidos a obras de infraestructura básica.
La iniciativa lleva la firma del presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, José Teri (PJ), y de los justicialistas Oscar Godoy y Rodolfo Ocaranza. El proyecto impone el plazo de un año a partir de la promulgación de la norma para que el PE efectúe la contratación de las consultoras y dispone la creación de una cuenta especial de $ 20 millones en el Banco del Tucumán para afrontar el costo que demanden los trabajos.
El proyecto, sin embargo, nada menciona sobre la ley 7.071, sancionada en 2000 por unanimidad por la Cámara y publicada en el Boletín Oficial 24.888 correspondiente al 19 de octubre de ese año. La norma vigente otorga el título de consultores preferenciales del Estado a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a la Universidad Tecnológica Nacional y a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta).

Un listado de obras
La iniciativa de los justicialistas determina el listado de 13 obras de infraestructura para las cuales el PE estaría facultado a contratar a consultoras privadas. Entre otros, menciona los trabajos de agua potable y cloacas, de electrificación, de vivienda, de infraestructura hospitalaria, de gas, de desarrollo turístico y productivo, y también de saneamiento.
“La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo de una región, especialmente aquellas que desean orientar su crecimiento hacia el exterior”, sostiene entre sus fundamentos el proyecto.
Agrega que es necesario analizar el papel de los sectores público y privado. “Las instituciones son, en definitiva, el gran condicionante de la calidad de la regulación y, en consecuencia, de la efectividad de las políticas públicas en el sector, así como de la eficiencia de las empresas prestadoras de los servicios de infraestructura”, expresa el texto firmado por Ocaranza, por Godoy y por Teri.

Sin banco de propuestas
Finalmente, los justicialistas aseguran que la Provincia no cuenta con un adecuado banco de proyectos. “Esto no permite la expansión sistemática y ordenada de su infraestructura básica. Por eso, consideramos conveniente dotar al PE de una herramienta ágil y dinámica para que, en el corto plazo, se tenga en claro cuáles son las obras necesarias que en materia de obra pública, se deben llevar adelante”, concluye la iniciativa.