Fuerte aval para el fiscal Ferrer

El fiscal federal número uno, Emilio Ferrer, recibió un fuerte espaldarazo por su actuación en la investigación relacionada con el Pozo de Vargas, donde encontraron restos humanos, presuntamente de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, archivó las actuaciones de naturaleza administrativa que contra el funcionario habían iniciado Familiares de Desaparecidos, por considerar que no había mérito para hacer a Ferrer un reproche de tipo funcional.
Según los denunciantes, en el afán de obtener protagonismo mediático el funcionario judicial había entorpecido la investigación, informando a la prensa sobre pedidos de detención de varios imputados o denegando requerimientos sobre la conexidad de las causas con otras, en las que también se investiga el funcionamiento de centros clandestino de detención de personas.
Righi corrió traslado a Ferrer de la denuncia mediante la cual se pedía su apartamiento de la causa. La respuesta satisfizo al procurador. "El fiscal, en su descargo, señaló que no dio a conocer medidas de instrucción, cuestiones reservadas ni nada que no fueran actos o requerimientos inherentes a su función. Además, el secreto de sumario ya había concluido", dijo.
En relación con la supuesta conexidad entre causas, Righi concluyó: "sin perjuicio de que ello constituye una cuestión de criterio enmarcada en las potestades del ejercicio de la magistratura, el fiscal respondió esa acusación genérica citando sus dictámenes concretos, en los que se observa una postura totalmente contraria a la sindicada".
El procurador general insistió: "no advertí falta alguna en el actuar del fiscal que amerite un reproche disciplinario".