Requieren que se investigue a Bontempo y a Durán

El fiscal federal general Antonio Gómez giró al procurador general de la Nación, Esteban Righi, las actuaciones preliminares vinculadas al proyecto de construcción de 3.000 viviendas en Lomas de Tafí. El funcionario pretende que Righi remita el caso a algún fiscal de la Capital Federal, a fin de que investigue a los funcionarios nacionales que participaron del proceso.
La causa tuvo inicio en una denuncia presentada por el diputado nacional Esteban Jerez en 2005. El escrito que Gómez remitió a Righi, de acuerdo con los elementos probatorios aportados por el denunciante, advierte sobre situaciones que pueden llegar a configurar al menos tres conductas ilícitas: una posible malversación de fondos públicos de la Nación en Buenos Aires; otra supuesta malversación en Tucumán y una presunta estafa en perjuicio del Estado nacional.
Con el desdoblamiento del expediente, una investigación sería seguida en Capital Federal y está referida, según el documento al que tuvo acceso LA GACETA, a la actuación que le cupo al subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, frente a la posibilidad de que Tucumán se haya beneficiado con fondos que originariamente estaban destinados a las provincias de San Luis y de Neuquén. En forma paralela, en esta ciudad se abriría otra línea de investigación, en manos del fiscal federal Carlos Brito, para determinar si el monto por el que las obras fueron adjudicadas mediante cotejo de precios -no a través de una licitación pública- se ajusta a los valores vigentes en el mercado y a los objetivos del Programa Federal de Viviendas.

Aumento del cupo
En su escrito, el fiscal Gómez recordó que el 21 de julio de 2004, la Nación y las provincias firmaron un convenio marco para la construcción de viviendas, con el objetivo de "dar solución al problema habitacional de los sectores más desprotegidos". Para ello, se prometió a cada distrito un aporte no reintegrable.
A Tucumán le correspondieron $ 120 millones para 4.000 viviendas, pero ese cupo fue aumentado por un pedido expreso del gobernador José Alperovich a Bontempo, concretado el 9 de mayo de 2005. Exactamente un día después, el funcionario nacional respondió afirmativamente y concedió a esta provincia 3.000 casas más del Programa Federal.
Desde el momento en que se hizo público que el Poder Ejecutivo sólo llamaría a un cotejo de precios para adjudicar las obras, funcionarios provinciales argumentaron que la Provincia tenía plazo hasta el 30 de junio de 2005 para completar el acto administrativo. De lo contrario, según afirmaron, Tucumán perdería el cupo asignado.
Gómez libró oficios a Bontempo para que precise si era cierta la versión y si Tucumán se había beneficiado con recursos que estaban asignados a San Luis y a Neuquén. La respuesta del funcionario, según la actuación judicial, no fue precisa. El fiscal efectuó la consulta a raíz de los dichos del titular del Instituto Provincial de Vivienda, Gustavo Durán, durante una reunión con legisladores: "El cupo que hoy se da para el proyecto Lomas de Tafí es el que correspondería a las provincias de San Luis y de Neuquén por no haber cumplido estas provincias...", según consta en la versión taquigráfica de un encuentro concretado el 24 de mayo de 2005.

Precio por unidad
En el plano provincial, las actuaciones de Gómez se centraron en establecer si las viviendas estaban dirigidas a personas de escasos recursos, como lo preveía el programa inicial. El fiscal ordenó una serie de medidas para determinar el valor de las casas, como así también el precio del terreno. Para eso, efectuó consultas a profesionales, a entidades intermedias y a empresas, puesto que el convenio marco firmado con la Nación fija el precio de cada unidad habitacional en $ 30.000.
Según lo denunció el diputado Jerez, las viviendas costarán entre $ 38.000 y $ 78.000, por lo que no estarán al alcance de personas de escasos recursos y se desvirtuará el objetivo inicial del plan.

Conclusiones del oficio
Además de la remisión de la actuación preliminar Nro. 55 al procurador general de la Nación, Esteban Righi, el fiscal Antonio Gómez giró otro documento al fiscal federal Carlos Brito. "Atento a que se trata de hechos que presuntamente se cometieron en Tucumán", dice el oficio al que tuvo acceso LA GACETA. En su conclusión, la Fiscalía General asegura: "Estarían suficientemente comprobados los hechos denunciados por cuanto sostienen una malversación de caudales públicos nacionales en Tucumán".
También remarca la responsabilidad que, a su entender, le cupo al interventor del Ipvdu, Gustavo Durán. "Su conducta habría tenido por objetivo modificar los objetivos del convenio en cuanto a costo de las unidades y habría impedido que los beneficios de una vivienda digna llegaran a las personas elegidas por el convenio en cuestión".
"En mi opinión, de las actuaciones cumplidas surgiría que, en su carácter de interventor del Ipvdu, el ingeniero Durán habría propuesto el apartamiento de los sistemas de control convenidos con la Nación, que fundamentalmente estribaban en licitaciones públicas, para pasar a un sistema de contrataciones directas que habría utilizado para establecer bases y condiciones diferentes a las pactadas en el referido convenio y efectuar adjudicaciones de obras con empresas elevando sensiblemente el costo de las 3.000 viviendas, los que las habrían tornado inaccesibles en su compra a los pobladores de Tucumán más desprotegidos. Es decir, a quienes debía proporcionar acceso".