Sólo en 2007 definirían si Orellana será juzgado en Tucumán

El legislador del peronismo enfrenta una causa por delitos ambientales cometidos en Famaillá, cuando era intendente entre 1999 y 2003.

ETAPA. Se conoció un pronunciamiento favorable al parlamentario. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
ETAPA. Se conoció un pronunciamiento favorable al parlamentario. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
Por Redacción Política 11 Abril 2006
La resolución respecto de la competencia en la causa penal abierta contra el legislador peronista Juan Enrique Orellana por delitos ambientales en Famaillá, en momentos en que era intendente (1999-2003), sería firmada cuando ya no tenga fueros parlamentarios.
La semana pasada se conoció el pronunciamiento del fiscal general Juan Martín Romero Victorica, favorable a la defensa de Orellana. El funcionario opinó que el expediente debe pasar a los tribunales ordinarios de la Provincia y que el Tribunal Oral Federal  de Tucumán no puede actuar ya que no está probado que la contaminación haya afectado otro distrito.

Demoras y agendas
La causa es analizada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal (está integrada por Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Amelia Berraz de Vidal y Gustavo Hornos), que lleva un considerable retraso en la emisión de fallos. Fuentes tribunalicias calcularon que este tema no sería resuelto antes de fines de 2007, atento a la agenda judicial y a los casos de trascendencia que tiene para dictaminar (entre ellos, la apelación presentada por la defensa de Antonio Domingo Bussi en el procesamiento por la desaparición del ex senador provincial del PJ, Guillermo Vargas Aignasse).
Desde la Justicia Federal se deslizó, además, que la Cámara de Casación emitió sentencias reconociendo la competencia federal en casos similares, acerca de jurisdicciones ampliadas por afectación del medio ambiente.

Orígenes
En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal pidió el desafuero de Orellana, para que sea sometido a juicio oral por los daños ocasionados al río Seco, lo que quedó en suspenso hasta tanto se emita sentencia en casación.
La causa se inició en 2000, a partir de una denuncia del ex director de Medio Ambiente, Juan González. El expediente denunciaba la existencia de residuos peligrosos en las márgenes del río Seco (afluente del río Famaillá). Orellana, cuando declaró ante el juez federal Jorge Parache, negó haber ordenado que la basura fuera arrojada allí y dijo que no era un tema que le compitiera específicamente.








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