Procesan a Bussi y a Menéndez en otra causa

Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz quedaron procesados como presuntos autores mediatos de la desaparición del estudiante de Bioquímica Ramón Oscar Bianchi, de 24 años, ocurrida el 15 de abril de 1976.
El juez federal número uno, Jorge Parache, dispuso la prisión preventiva de los tres imputados en el secuestro. No obstante, la cumplirán de diferente forma. Los generales (r) Bussi y Menéndez seguirán en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, y el comisario general Albornoz, en su domicilio particular de Banda del Río Salí. Además, el magistrado decretó el embargo de bienes por $ 500.000 a cada uno.
El magistrado procesó a los militares y al policía por la presunta comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad de Bianchi, y asociación ilícita agravada. En cambio, declaró la falta de mérito respecto de la presunta comisión de homicidio, porque se mantiene "el estado de incertidumbre sobre el destino final (del desaparecido), accionar evidentemente dirigido a garantizar la impunidad de los autores del ilícito". "No se han podido determinar las condiciones de modo, tiempo y lugar en que la muerte se habría producido", aclaró.
La decisión de Parache será seguramente recurrida tanto por el fiscal federal número uno, Emilio Ferrer, como por los abogados defensores Horacio Conesa Mones Ruiz (de Bussi y Menéndez) y Ezequiel Avila Gallo (h), quien actúa por Albornoz.
Acerca de la existencia de decretos dictados durante el gobierno de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, con órdenes a las Fuerzas Armadas, como invocó en numerosas ocasiones Conesa Mones Ruiz, el magistrado consideró que los textos se referían a aniquilar el accionar de las organizaciones subversivas. En su fundamentación, incluyó párrafos de un libro del general Acdel Vilas (estuvo al frente de la Quinta Brigada de Infantería hasta fines de 1975), acerca de la primera parte del Operativo Independencia, en el cual afirma que en diciembre de 1975 "la lucha contra la subversión armada estaba llegando a su fin, y sólo faltaba ganar la batalla político-ideológica".

Una verdadera "parodia"
El juez federal ordenó también el inicio de una investigación penal por las posibles anormalidades detectadas durante la labor del juez de Instrucción Militar que actuó en la causa tras el regreso de la democracia, coronel Jorge Bernabé Aráoz. Esta medida implica un cambio sustancial en lo que se venía actuando, porque se descalifica totalmente la labor desarrollada por la Justicia Militar, cuya reivindicación es uno de los ejes de la estrategia de Conesa Mones Ruiz.
El mismo criterio impuso Parache en la causa por el secuestro de Dante Edgardo Bordón (7 de julio de 1977), respecto de la cual deslizó fuertes críticas a la tarea realizada en 1985 por el entonces juez militar, teniente coronel Roque Ramón Cabral. "Se limitó a efectuar una cuantas diligencias totalmente inconducentes, pretendiendo probar en forma burda lo que fue público y notorio: el terrorismo de Estado. Su instrucción sumaria fue una parodia", dijo, al tiempo que recordó la lentitud y negligencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para juzgar los delitos cometidos durante los 70.

Niegan cargos
Albornoz concurrió ayer al despacho de Parache para ser indagado por el secuestro de Alicia Cerrota de Ramos, ocurrido el 1 de noviembre de 1976. Como hizo en todas las audiencias sobre violaciones a los derechos humanos, el ex comisario negó todos los cargos. Afirmó que nunca integró ni fue jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía, que en esa época estaba en la sección Robos y Hurtos, y que nunca ordenó detener o secuestrar a nadie.