Proponen que haya menos ediles, pero con inmunidades

Consagrar con rango constitucional la autonomía de los municipios es una medida que cuenta con el consenso general de quienes tienen la tarea de reforma la Carta Magna. De hecho, tanto oficialistas como opositores coincidieron, durante la campaña electoral previa a los comicios de febrero, que dar independencia real a los gobiernos locales era una de las necesidades institucionales que justificaba la modificación de la Ley de Leyes. Hoy, en materia económica, por ejemplo, aún dependen de la Provincia, al punto que para contraer créditos deben contar con la autorización del Poder Ejecutivo.
Conferir esa autonomía figura en numerosos proyectos presentados en la comisión de Régimen Municipal de la Constituyente. Pero las reformas que se aplicarán a esas administraciones no se limitarán a esa cuestión. Así lo demuestran dos proyectos del vicepresidente tercero de la Convención, Roque Cativa, a los que tuvo acceso LA GACETA.
La primera iniciativa (identificada como el expediente RF-123-HCC-06) se refiere al régimen municipal. Y propone un nuevo artículo 114, que en su inciso 7 consagre, entre las facultades del municipio, la de contraer empréstitos con destino determinado. Esos créditos deben contar con el aval de los dos tercios de los concejales. "En ningún caso, los servicios de la totalidad de los empréstitos pueden afectar más del 25% de los recursos anuales ordinarios", fija el proyecto, para poner tope al endeudamiento de cada administración.
El segundo proyecto de Cativa (RF-124-HCC-06) promueve numerosas modificaciones en el gobierno municipal. Establece, justamente, que estará dividido en tres departamentos, con lo cual suma a la intendencia y al Concejo Deliberante un área que denomina "Contralor". Se trata, concretamente, de tribunales de cuenta municipales.
La propuesta también implica una disminución del número de ediles, dado que pauta que los Concejos no podrán tener menos de tres miembros ni más de 15. El de la capital, para el caso, posee 18 miembros.
La iniciativa incrementa, a su vez, los derechos y los deberes de los miembros del gobierno municipal. Por un lado, determina que los funcionarios electos directamente por el voto popular, "no pueden ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente en causa penal por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato". Complementariamente, se consigna que ellos responden personal y patrimonialmente por cualquier acción tipificada y penada por la ley que implique daños o perjuicios contra el municipio. Un candidato a concejal, además, deberá acreditarse dos años de residencia en la ciudad por la que se postula, y cinco en la provincia.
Finalmente, como límite contra las intervenciones, se propone que los conflictos internos de los municipios, o los conflictos de las municipalidades con la Provincia, sean dirimidos por la Corte Suprema de Justicia.

El desarrollo de la Constituyente es blanco de cuestionamientos de legisladores de la oposición, quienes, alternativamente, cargan contra "juristas" y contra "alperovichistas".
El radical Roberto Palina criticó que un sector del oficialismo impulse la modificación del mapa electoral. LA GACETA reveló el sábado que los constituyentes del "jurismo" proponen que la representación legislativa sea departamental. "El partido gobernante firmó un acuerdo en la sede de la UCR, antes de que se declarara la necesidad de la reforma. En él, prohibió que se altere el inciso 9 del artículo 38, que fija el régimen actual", recordó.
"Confiamos en que el gobernador José Alperovich hará cumplir la palabra empeñada en el acuerdo logrado con el radicalismo. Si no sucede así, seremos los primeros en plantear la inconstitucionalidad del nuevo texto de la Carta Magna", amenazó.
Por su parte, Rodolfo Danesi (CI) afirmó que la Convención es una mera puesta en escena. "La Carta Magna ya ha sido sancionada", afirmó el opositor, quien sostiene que no hay libertad de acción en la Convención.
El legislador cargó contra la participación de opositores en la enmienda. "La arbitrariedad del alperovichismo obliga a abandonar la Convención", concluyó.