Por Redacción Política
10 Abril 2006
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"Es obsoleto discutir si para los delitos de lesa humanidad deben actuar jueces civiles o militares, porque ya está resuelto hace años. La jurisprudencia es unánime en que deben entender los magistrados civiles ante las violaciones a los derechos humanos", sostuvo la abogada Mirta Mántaras, al refutar un planteo de Luciano Benjamín Menéndez para ser juzgado por un tribunal del Ejército.
La profesional estuvo en Tucumán, presentando su libro Genocidio en Argentina, en el marco de las actividades por el 30 aniversario del golpe de Estado. La especialista agregó: "los delitos comunes están en el Código Penal, y los otros, en el Código Militar; los homicidios, las torturas, las violaciones y los secuestros no están reservados para los militares, sino que plantear la cuestión de jurisprudencia es una manera de dilatar el proceso".
Mántaras resaltó la importancia de que Antonio Bussi esté de regreso en Tucumán, para declarar por decenas de causas de violaciones a los derechos humanos. Afirmó que la comunidad donde se produjeron los delitos ahora podrá ver cómo se hace Justicia, especialmente en una figura emblemática como la de Bussi. "La sociedad va tomando conciencia y aprendiendo a elegir a sus representantes. Lo jurídico es simbólico y ritual, para juzgar aquellas acciones consideradas repudiables por toda la comunidad", remarcó.
La abogada cuestionó la Cámara Federal de Casación Penal, y aseguró que "está integrada por personas de derecha, que están a favor de los procesados, y es una traba terrible para poder avanzar".
Mántaras pidió que los 200 detenidos por hechos aberrantes sean alojados en cárceles comunes, no en instalaciones militares o en sus domicilios particulares, gozando de beneficios. "Las instituciones no funcionan cuando se vulnera el principio de igualdad ante la ley. No hay una inquina personal contra estos carcamanes, que están vencidos y no los quiere nadie, y menos los actuales miembros de las Fuerzas Armadas, que tienen otro rumbo, con autocrítica", concluyó.
La profesional estuvo en Tucumán, presentando su libro Genocidio en Argentina, en el marco de las actividades por el 30 aniversario del golpe de Estado. La especialista agregó: "los delitos comunes están en el Código Penal, y los otros, en el Código Militar; los homicidios, las torturas, las violaciones y los secuestros no están reservados para los militares, sino que plantear la cuestión de jurisprudencia es una manera de dilatar el proceso".
Mántaras resaltó la importancia de que Antonio Bussi esté de regreso en Tucumán, para declarar por decenas de causas de violaciones a los derechos humanos. Afirmó que la comunidad donde se produjeron los delitos ahora podrá ver cómo se hace Justicia, especialmente en una figura emblemática como la de Bussi. "La sociedad va tomando conciencia y aprendiendo a elegir a sus representantes. Lo jurídico es simbólico y ritual, para juzgar aquellas acciones consideradas repudiables por toda la comunidad", remarcó.
La abogada cuestionó la Cámara Federal de Casación Penal, y aseguró que "está integrada por personas de derecha, que están a favor de los procesados, y es una traba terrible para poder avanzar".
Mántaras pidió que los 200 detenidos por hechos aberrantes sean alojados en cárceles comunes, no en instalaciones militares o en sus domicilios particulares, gozando de beneficios. "Las instituciones no funcionan cuando se vulnera el principio de igualdad ante la ley. No hay una inquina personal contra estos carcamanes, que están vencidos y no los quiere nadie, y menos los actuales miembros de las Fuerzas Armadas, que tienen otro rumbo, con autocrítica", concluyó.
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