El juez federal Jorge Parache está traccionado desde dos lados en las causas que involucran a Antonio Bussi en violaciones a los derechos humanos. Mientras el defensor del ex gobernador, Horacio Conesa Mones Ruiz, pidió el urgente traslado del ex gobernador a su domicilio en Capital Federal por razones de salud, el fiscal federal Emilio Ferrer reclamó que sea alojado en una cárcel común y no en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde está actualmente.
El funcionario consideró que para acceder al beneficio del arresto domiciliario, quien esté procesado o condenado debe tener más de 70 años y padecer una enfermedad terminal o estar en un avanzado estado de deterioro de su salud (en una situación parangonable a la terminal), a tal punto que ni siquiera necesite vigilancia policial. "Se pensó en el privilegio para quienes ya no ofrecen peligro porque la muerte los acecha", explicó.
Ferrer resaltó que, además, el pedido debe ser interpuesto por "una persona o institución que asuma su cuidado" y con la producción de "informes médicos, psicológicos y sociales que fundamente lo justifique".
"Bussi padece de dolencias típicas de una persona de su edad, no asemejables a una enfermedad terminal. De ningún informe médico surgen las circunstancias de salud o mérito exigidas por la ley para otorgar el beneficio reclamado", resaltó. Mencionó que en la Cámara de Diputados se debate un proyecto de ley que excluiría a los detenidos por delitos gravísimos del privilegio, que sería limitado a los enfermos incurables.
El fiscal federal afirmó que Bussi "trató de burlar la autoridad del juez con certificados médicos que, por lo menos, exageraron sus dolencias", y que volvería a violar la ley. Consideró que el ex mandatario debe compartir las mismas condiciones de alojamiento que los demás ciudadanos procesados por la Justicia Federal de Tucumán, "con idénticos cuidados y en estricta igualdad, como se impone en una democracia republicana y para evitar una humillación más a las muchas que las víctimas padecen: terrorismo de Estado en el pasado, impunidad en el pasado próximo y todavía hoy para tantos crímenes, y trato privilegiado a los genocidas en el presente".
El funcionario consideró que para acceder al beneficio del arresto domiciliario, quien esté procesado o condenado debe tener más de 70 años y padecer una enfermedad terminal o estar en un avanzado estado de deterioro de su salud (en una situación parangonable a la terminal), a tal punto que ni siquiera necesite vigilancia policial. "Se pensó en el privilegio para quienes ya no ofrecen peligro porque la muerte los acecha", explicó.
Ferrer resaltó que, además, el pedido debe ser interpuesto por "una persona o institución que asuma su cuidado" y con la producción de "informes médicos, psicológicos y sociales que fundamente lo justifique".
"Bussi padece de dolencias típicas de una persona de su edad, no asemejables a una enfermedad terminal. De ningún informe médico surgen las circunstancias de salud o mérito exigidas por la ley para otorgar el beneficio reclamado", resaltó. Mencionó que en la Cámara de Diputados se debate un proyecto de ley que excluiría a los detenidos por delitos gravísimos del privilegio, que sería limitado a los enfermos incurables.
El fiscal federal afirmó que Bussi "trató de burlar la autoridad del juez con certificados médicos que, por lo menos, exageraron sus dolencias", y que volvería a violar la ley. Consideró que el ex mandatario debe compartir las mismas condiciones de alojamiento que los demás ciudadanos procesados por la Justicia Federal de Tucumán, "con idénticos cuidados y en estricta igualdad, como se impone en una democracia republicana y para evitar una humillación más a las muchas que las víctimas padecen: terrorismo de Estado en el pasado, impunidad en el pasado próximo y todavía hoy para tantos crímenes, y trato privilegiado a los genocidas en el presente".







