Ordenan investigar una denuncia de compra de voluntad electoral

Un fallo de la Cámara Electoral Nacional reactualiza la problemática de la compra de voluntad de los votantes mediante promesas, dádivas o regalos de los candidatos. La sentencia firmada por Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera se refiere a la interna del Partido Socialista (PS) realizada el año pasado en la Capital Federal.
Los magistrados advirtieron que “las prácticas clientelares conspiran contra la expresión de la libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio”. Ordenaron a la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, que investigue la denuncia presentada por Héctor Polino y Susana Gelber, quienes afirmaron que se cometieron irregularidades en los comicios del 7 y del 14 de agosto de 2005.
En su ocasión, la jueza dispuso la nulidad de varias mesas, pero mantuvo vigente el resultado final de la interna, favorable a Norberto La Porta (rival de Polino). El socialista derrotado había planteado que hubo casos de “intercambio de votos por mercadería o promesas de ulteriores gratificaciones”, lo que fue constatado por Servini de Cubría en dos secciones que invalidó, sin alterar el resultado final ni hacer lugar a la apelación presentada al respecto, por considerar que no se habían agotado la instancia investigativa correspondiente.
Al intervenir la Cámara, se cambió el criterio, atento a la existencia de “un cuadro de indicios graves, plurales y concordantes”. Se aclaró que, pese a que no tendrían entidad suficiente como para invalidar los comicios, se debía promover una pesquisa. Al respecto, el tribunal consideró que se debería “citar, cuanto menos, a prestar declaración testimonial” a los mencionados en la maniobra.

Más que una técnica
“Las elecciones son algo más que una técnica para la designación de las autoridades, para ser una consulta a la opinión y voluntad popular, un medio a través del cual el cuerpo electoral expresa su pensamiento sobre la conducción del Estado, a la vez que tienen por finalidad esencial legitimar y limitar el poder”, remarcaron los camaristas.
Los magistrados electorales reconocieron que la relación entre los punteros políticos y la población responde a un sistema de subsistencia alimentaria difícil de cuestionar desde el discurso jurídico, por su profunda pobreza y vulnerabilidad. “Los votantes son sobornados para que se comprometan a un particular y determinado comportamiento electoral”, advirtieron.
“El objeto de la transacción puede ser variado; en ocasiones no se ofrecen bienes o dinero, sino que se negocian trabajos de corto plazo, contratos públicos, acceso a programas sociales u otros servicios, o se los amenaza con quitarles beneficios si no votan como se les ordena”, describieron, y la distinguieron de las promesas hechas en campaña.
El tribunal pidió mejores normas para sancionar estos casos (mencionó leyes de México, Brasil, Ecuador, Uruguay y Honduras) y elogió la actitud de Polino. “El PS tiene los anticuerpos para erradicar de su vida institucional prácticas fraudulentas”, planteó.