Las instituciones de Tucumán están maltrechas. Hace ocho años, María Jesús Rivero, vocera central de los empresarios Ale, que manejan agencias de remises y desarrollan múltiples actividades -y algunos hasta tienen prontuarios frondosos en la Policía-, quería ser concejala. No lo logró. Los votos no le alcanzaron. Pero a ella no le hacen falta. Hoy parece la edil número 19 de esta capital.
Hace menos de 15 días entró al recinto y, si bien no levantó la mano para hablar, tenía quien la escuchara y también pudo transmitir sus necesidades. Después se convertirían en ordenanzas. Afuera, sus seguidores hicieron temblar el edificio. Cualquier político envidiaría la cantidad de fieles que la seguían.
Esta semana su figura se paseó oronda por las calles céntricas. Las puertas del Palacio de Gobierno se abrieron de par en par. Cruzó las piernas, y ministros y secretarios, a los que se sumó el intendente Domingo Amaya, estuvieron a sus pies.
A cuatro cuadras, el parque 9 de Julio había sido tomado. Ese carcomido pulmón verde de la ciudad tenía las vías obstruidas. Vetustos vehículos chorreaban aceite y fornidos choferes amedrentaban con sus posturas a quienes por ahí circulaban. “De aquí no nos movemos. Si tiene que correr sangre, va a correr”. La frase sembró el miedo en el paisaje bucólico.
En la Casa de Gobierno trataban de poner paños fríos y desarmar el conflicto. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, pedía que se levantara la protesta en el parque y que se abriera el diálogo. La intención era barajar y dar de nuevo, en un intento de que los remiseros, de una vez por todas, cumplieran con la ley y no fueran transportistas ilegales que levanta a cualquiera en cualquier lado, como si condujeran un taxi. La dama de la reunión aceptó algunas reglas de juego, pero lanzó una pregunta. “Está bien, pero entonces, ¿qué hacemos con los $ 30 que pagan por auto todas las semanas a los inspectores? Son como $3 millones al año lo que recaudan...”, dejó caer.
No hubo respuesta. No apareció nadie en la Justicia a quien esos dichos lo motivaran a investigar. Ningún funcionario, ni municipal ni provincial, se hizo eco de ellos. No hubo quien dijera “no es cierto”. Y María Jesús Rivero no fue a Tribunales a denunciar nada. Por el contrario: sentada en la Casa de Gobierno preguntó si debía seguir o no con este método.
Yo, el supremo
El viernes 31 de marzo, en la casa del gobernador -a 120 metros del parque Guillermina-, se sentaron el intendente Amaya; el secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro; varios concejales peronistas; el ministro Jiménez y otros funcionarios municipales y provinciales. El tema central era el de la crisis del transporte en la Municipalidad. Los urgía la desesperación que causa la ineficaz investigación del asesinato de Paulina Lebbos. Se sabe que la joven estrangulada tomó un remise, pero nadie tiene idea de cuántos remises hay, ni puede controlarlos. “A mí la ‘Chancha’ Ale no me va decir qué hacer. Yo soy el gobernador”, se oyó gritar al dueño de casa. En esa reunión, José Alperovich ordenó que se unificara el servicio y pidió un registro único; de esa manera, sólo habría autos de alquiler.
Pero eso es algo que no quiere la primera dama de la ciudad. Ella dice que estaría dispuesta a brindar el servicio puerta a puerta, pero no acepta que se confundan taxis y remises. No quiere perder el control que ejerce desde su agencia.
Durante la semana se hizo la voluntad del gobernador. Obediente, Ramón Santiago Cano vetó la ordenanza (Amaya no quiso hacerlo y se fue de la provincia). Entonces, María Jesús tomó el parque, y luego fue a la Casa de Gobierno y habló de coimas; y ayer se paseaba por las plateas de La Ciudadela más preocupada por sus conversaciones por celular que por el partido San Martín-La Florida.
A la misma hora se producía una nueva reunión en la casa del gobernador. La intención era convencer a los taxistas de que con la creación de un registro único se podría controlar a los ilegales y que comenzaría una nueva etapa. “Confíen en esta gestión”, fue el mensaje.
Para el taxista, como para el ciudadano común, la película es la misma de siempre. Los remises presionan. Se prometen controles. Pasa el tiempo, los remises empiezan a tener calcomanías especiales en sus vehículos. Esos que tienen calcos pasan los controles como si nada. Cualquier ciudadano toma un remise como un taxi. Empiezan a hablar de coimas. Nadie reacciona. Nadie denuncia. La Justicia se queda callada. Los tucumanos vimos ya capítulos de esta novela en los que se ponen duros los controles. Aparecen las peleas callejeras entre remiseros y policías o entre remiseros y municipales. Se producen más manifestaciones. Vuelven los panfletos y las denuncias de coimas. Y hasta hubo una vez en la que la tensión les jugó una mala pasada a dos directores de Tránsito que se pusieron firmes contra la ilegalidad. Nelson Rébora y Jorge Rosich murieron mientras ejercían esos cargos.
“Algo huele mal en Tucumán”, podría decir William Shakespeare si viera esta realidad.
Por mal camino
En los últimos 15 años la ordenanza que regula el servicio de taxis se modificó 27 veces; la que se refiere a los remises, 26. Y pensar que los juristas aconsejan la estabilidad de las normas para dar seguridad jurídica...
Alperovich enfrenta hoy una gran encrucijada. Se subió a un auto sin el carnet de manejo correspondiente. El tema de los taxis y de los remises es municipal, pero él avasalló las instituciones y siempre consideró que el municipio de la capital es una secretaría más del Ejecutivo. Por eso, Amaya ni pincha ni corta. Ahora ni firma ni habla. En los momentos más complicados terminó en Buenos Aires, y sólo fue a la casa de Alperovich a recibir las órdenes y decir “sí, mi general”. Amaya ni siquiera se siente independiente. Sabe que está ahí porque Alperovich lo puso y sólo obedece. Los concejales peronistas -por lo menos, la mayoría del oficialismo- siguen esa tendencia, y parecen directores de esa secretaría y no ediles independientes que llegaron por el voto popular. La oposición es un decálogo de buenas intenciones.
A gran velocidad, Alperovich avanza en el mismo auto que manejaron Antonio Bussi y su padre político, Julio Miranda. El camino es el mismo.
Mientras tanto, el vecino que el jueves se cansó de lanzar improperios y terminó circulando en su auto azul por el pasto del parque 9 Julio quiere una ciudad en orden, legal. El taxista que paga para brindar su servicio ya no quiere ser el tonto de la película. Hay un pasajero que seguramente espera subir a un vehículo en condiciones, con seguros pagados y sin que el fantasma de Paulina se siente a su lado. Para no seguir por este camino, Alperovich deberá dar una fuerte volanteada. Hasta ahora, nadie lo logró.
La forma de gestionar del gobernador hizo que la Legislatura se preocupe más por complacerlo antes que por responder a sus representados. Por eso, tal vez, los excesos del juego, las fallas en el caso Lebbos y la sensación de inseguridad son temas de los que no se habla en el recinto.
En otros países no se admite que las cabezas de dos poderes del Estado se mezclen en una misma gestión. Aquí, a nadie le molestó que el presidente de la Corte se confundiera con el “general” en el mismo avión privado, rumbo a Buenos Aires.
Las instituciones se desmoronan, y lo hacen con la ayuda de sus principales dirigentes. La independencia de los poderes y el respeto por la ley son principios que brillan por su ausencia en los problemas de Tucumán. Esta gestión de gobierno siempre presumió de la nueva política. Parece que llegó la hora de hacer gala de ella, y no dejar que se esconda detrás de tantas obras.
Hace menos de 15 días entró al recinto y, si bien no levantó la mano para hablar, tenía quien la escuchara y también pudo transmitir sus necesidades. Después se convertirían en ordenanzas. Afuera, sus seguidores hicieron temblar el edificio. Cualquier político envidiaría la cantidad de fieles que la seguían.
Esta semana su figura se paseó oronda por las calles céntricas. Las puertas del Palacio de Gobierno se abrieron de par en par. Cruzó las piernas, y ministros y secretarios, a los que se sumó el intendente Domingo Amaya, estuvieron a sus pies.
A cuatro cuadras, el parque 9 de Julio había sido tomado. Ese carcomido pulmón verde de la ciudad tenía las vías obstruidas. Vetustos vehículos chorreaban aceite y fornidos choferes amedrentaban con sus posturas a quienes por ahí circulaban. “De aquí no nos movemos. Si tiene que correr sangre, va a correr”. La frase sembró el miedo en el paisaje bucólico.
En la Casa de Gobierno trataban de poner paños fríos y desarmar el conflicto. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, pedía que se levantara la protesta en el parque y que se abriera el diálogo. La intención era barajar y dar de nuevo, en un intento de que los remiseros, de una vez por todas, cumplieran con la ley y no fueran transportistas ilegales que levanta a cualquiera en cualquier lado, como si condujeran un taxi. La dama de la reunión aceptó algunas reglas de juego, pero lanzó una pregunta. “Está bien, pero entonces, ¿qué hacemos con los $ 30 que pagan por auto todas las semanas a los inspectores? Son como $3 millones al año lo que recaudan...”, dejó caer.
No hubo respuesta. No apareció nadie en la Justicia a quien esos dichos lo motivaran a investigar. Ningún funcionario, ni municipal ni provincial, se hizo eco de ellos. No hubo quien dijera “no es cierto”. Y María Jesús Rivero no fue a Tribunales a denunciar nada. Por el contrario: sentada en la Casa de Gobierno preguntó si debía seguir o no con este método.
Yo, el supremo
El viernes 31 de marzo, en la casa del gobernador -a 120 metros del parque Guillermina-, se sentaron el intendente Amaya; el secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro; varios concejales peronistas; el ministro Jiménez y otros funcionarios municipales y provinciales. El tema central era el de la crisis del transporte en la Municipalidad. Los urgía la desesperación que causa la ineficaz investigación del asesinato de Paulina Lebbos. Se sabe que la joven estrangulada tomó un remise, pero nadie tiene idea de cuántos remises hay, ni puede controlarlos. “A mí la ‘Chancha’ Ale no me va decir qué hacer. Yo soy el gobernador”, se oyó gritar al dueño de casa. En esa reunión, José Alperovich ordenó que se unificara el servicio y pidió un registro único; de esa manera, sólo habría autos de alquiler.
Pero eso es algo que no quiere la primera dama de la ciudad. Ella dice que estaría dispuesta a brindar el servicio puerta a puerta, pero no acepta que se confundan taxis y remises. No quiere perder el control que ejerce desde su agencia.
Durante la semana se hizo la voluntad del gobernador. Obediente, Ramón Santiago Cano vetó la ordenanza (Amaya no quiso hacerlo y se fue de la provincia). Entonces, María Jesús tomó el parque, y luego fue a la Casa de Gobierno y habló de coimas; y ayer se paseaba por las plateas de La Ciudadela más preocupada por sus conversaciones por celular que por el partido San Martín-La Florida.
A la misma hora se producía una nueva reunión en la casa del gobernador. La intención era convencer a los taxistas de que con la creación de un registro único se podría controlar a los ilegales y que comenzaría una nueva etapa. “Confíen en esta gestión”, fue el mensaje.
Para el taxista, como para el ciudadano común, la película es la misma de siempre. Los remises presionan. Se prometen controles. Pasa el tiempo, los remises empiezan a tener calcomanías especiales en sus vehículos. Esos que tienen calcos pasan los controles como si nada. Cualquier ciudadano toma un remise como un taxi. Empiezan a hablar de coimas. Nadie reacciona. Nadie denuncia. La Justicia se queda callada. Los tucumanos vimos ya capítulos de esta novela en los que se ponen duros los controles. Aparecen las peleas callejeras entre remiseros y policías o entre remiseros y municipales. Se producen más manifestaciones. Vuelven los panfletos y las denuncias de coimas. Y hasta hubo una vez en la que la tensión les jugó una mala pasada a dos directores de Tránsito que se pusieron firmes contra la ilegalidad. Nelson Rébora y Jorge Rosich murieron mientras ejercían esos cargos.
“Algo huele mal en Tucumán”, podría decir William Shakespeare si viera esta realidad.
Por mal camino
En los últimos 15 años la ordenanza que regula el servicio de taxis se modificó 27 veces; la que se refiere a los remises, 26. Y pensar que los juristas aconsejan la estabilidad de las normas para dar seguridad jurídica...
Alperovich enfrenta hoy una gran encrucijada. Se subió a un auto sin el carnet de manejo correspondiente. El tema de los taxis y de los remises es municipal, pero él avasalló las instituciones y siempre consideró que el municipio de la capital es una secretaría más del Ejecutivo. Por eso, Amaya ni pincha ni corta. Ahora ni firma ni habla. En los momentos más complicados terminó en Buenos Aires, y sólo fue a la casa de Alperovich a recibir las órdenes y decir “sí, mi general”. Amaya ni siquiera se siente independiente. Sabe que está ahí porque Alperovich lo puso y sólo obedece. Los concejales peronistas -por lo menos, la mayoría del oficialismo- siguen esa tendencia, y parecen directores de esa secretaría y no ediles independientes que llegaron por el voto popular. La oposición es un decálogo de buenas intenciones.
A gran velocidad, Alperovich avanza en el mismo auto que manejaron Antonio Bussi y su padre político, Julio Miranda. El camino es el mismo.
Mientras tanto, el vecino que el jueves se cansó de lanzar improperios y terminó circulando en su auto azul por el pasto del parque 9 Julio quiere una ciudad en orden, legal. El taxista que paga para brindar su servicio ya no quiere ser el tonto de la película. Hay un pasajero que seguramente espera subir a un vehículo en condiciones, con seguros pagados y sin que el fantasma de Paulina se siente a su lado. Para no seguir por este camino, Alperovich deberá dar una fuerte volanteada. Hasta ahora, nadie lo logró.
La forma de gestionar del gobernador hizo que la Legislatura se preocupe más por complacerlo antes que por responder a sus representados. Por eso, tal vez, los excesos del juego, las fallas en el caso Lebbos y la sensación de inseguridad son temas de los que no se habla en el recinto.
En otros países no se admite que las cabezas de dos poderes del Estado se mezclen en una misma gestión. Aquí, a nadie le molestó que el presidente de la Corte se confundiera con el “general” en el mismo avión privado, rumbo a Buenos Aires.
Las instituciones se desmoronan, y lo hacen con la ayuda de sus principales dirigentes. La independencia de los poderes y el respeto por la ley son principios que brillan por su ausencia en los problemas de Tucumán. Esta gestión de gobierno siempre presumió de la nueva política. Parece que llegó la hora de hacer gala de ella, y no dejar que se esconda detrás de tantas obras.









