Las instituciones intermedias cifran las esperanzas de progreso en la Justicia

Diez días atrás concluyó en Santa Fe una trascendente conferencia de carácter nacional, a la que asistieron cerca de 600 jueces de todo el país y que no registra antecedentes en la Argentina. En ella, los magistrados reconocieron que la sociedad debe percibir claramente que son independientes de toda influencia, política, económica, social o mediática. También admitieron que ya no pueden seguir hablando sólo por sus sentencias, sino que deben recurrir a los medios de comunicación para difundir sus decisiones y todo quehacer de interés público. En tercer lugar, durante la cumbre quedó en claro que la capacitación de todos los integrantes del Poder Judicial (jueces, funcionarios y empleados) es una cosa demasiado seria como para dejarla librada a esfuerzos aislados e individuales; por ende, acordaron consensuar actividades de formación sistemáticas y permanentes.
La conferencia de Santa Fe llevaba un título por demás sugestivo -jueces y sociedad-, como para marcar que urge un acercamiento entre ambos actores. LA GACETA invirtió esos términos y consultó, precisamente, a numerosas organizaciones de la sociedad tucumana -que no representan necesariamente a abogados o a otras profesiones afines- qué opinan acerca del funcionamiento Poder Judicial (ver “En el debe” y “En el haber”, y notas aparte) en cuanto al grado de independencia, eficiencia, desafíos y acciones meritorias.
Las respuestas obtenidas revelan que en las organizaciones intermedias existe una particular preocupación porque haya una efectiva mejora del sistema de administración de justicia, más teniendo en cuenta que está en marcha el proceso de reforma de la Constitución provincial. En efecto, una de las 12 comisiones creadas por la Convención Constituyente tiene por objeto revisar el capítulo referido a este poder y otra lo concerniente al futuro sistema de selección y remoción de los magistrados.

A favor de concursos
Sin excepciones, todas las asociaciones se manifestaron a favor de un mecanismo que asegure transparencia y que permita la elección de quienes, en igualdad de posibilidades (léase concursos de oposición y antecedentes), aspiren a cubrir cada vacante generada.
“Todas las posibilidades de cambio en la Justicia dependen del sistema de selección. Si se elige a partir de la idoneidad, tendremos jueces capaces y libres de compromisos personales o políticos. Si, en cambio, los elegimos por amiguismos, tendremos lo que sucede con la conformación de la Legislatura, con listas de postulantes desconocidos, que luego, con su accionar, no reflejan ningún tipo de representatividad social”, sintetizó Juan Manuel Prado Iratchet, secretario general de la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales.
Otra conclusión que se desprende de las respuestas obtenidas por LA GACETA es que todos cifran sus esperanzas en el Poder Judicial, algo que no sucede respecto de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo). En efecto, cuando estos últimos anuncian reformas, por lo general, cunde el escepticismo, que se acentuó tras la crisis socioeconómica y los cacerolazos que vivió el país a fines de 2001.  
Por ejemplo, Ramón Vicente Nicastro, presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, citó a la magistrada mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci y colocó a la Justicia como un elemento fundamental para el progreso económico y social. “La mejor manera de hacer proselitismo en pro de esta causa es informando sobre áreas donde las regiones integradas ofrecen frutos concretos para mostrar. Uno de esos campos es el del derecho a que el proceso (judicial) concluya dentro de plazos razonables”, manifestó. Inmediatamente alertó que en Tucumán estos últimos se alargan más de lo deseable por múltiples razones. “Llegó el momento de planificar íntegramente el funcionamiento de la Justicia, dotándola de los recursos edilicios, técnicos y, sobre todo, humanos necesarios para que pueda cumplir con su cometido”, afirmó.
En definitiva, el primer paso de acercamiento dado por los magistrados hacia la sociedad fue bien recibido por esta que, aun cuando considera que no hay equilibrio entre el debe y el haber del Poder Judicial, está muy interesada en sostenerlo.

Tras la crisis que sufrió la imagen de la Justicia en los 90, principalmente por las sospechas de falta de independencia de la Corte Suprema de la Nación, algunas asociaciones afirman que está en marcha una etapa de transición, que presenta nuevos desafíos.
“En estos momentos no hay personajes más exigidos que los jueces, porque la enorme responsabilidad de administrar justicia está condicionada por hechos exógenos, como las presiones políticas. A ellos les toca laudar en las relaciones humanas de una sociedad muy conflictuada, como la tucumana. Para que puedan actuar con la equidad necesaria es clave que tengan libertad e independencia”. Este es el diagnóstico de Juan Manuel Prado Iratchet, secretario general de la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales.
Ramón Nicastro, titular del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (CGCE), efectuó un análisis similar. “La Justicia viene funcionando con limitaciones edilicias, económicas y de recursos humanos. En contraposición, hubo un incremento desmesurado de litigios, lo que convirtió la función del juez en un verdadero suplicio”, afirmó.
No obstante, Nicastro destacó que los jueces son imprescindibles para expedirse sobre la constitucionalidad de leyes como la tributaria, que acaba de sancionarse. “Frente a eventuales planteos no sólo pueden hacer algo, sino que deben hacerlo. Este es el mejor aporte para propender a la seguridad jurídica en Tucumán”, subrayó.

En la sociedad existe la convicción de que las puertas del Poder Judicial deben estar abiertas a la comunidad, para asegurar el principio constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.
“La magistratura, que supone ejemplariedad, debe hacer un esfuerzo de transparencia, para brindar mayores estadísticas y clasificadores de índices de desempeño claro, hacer públicos sus patrimonios, así como los presupuestos y lo que percibe cada juez. También sería bueno conocer las sanciones disciplinarias”, requirió Héctor Chayer (Fores).
Pablo Camuña, de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), también mostró preocupación por la falta de transparencia. “Debe haber mecanismos de democratización del Poder Judicial, que lo hagan más permeable a las necesidades sociales. Los magistrados podrían avanzar en la publicidad y discusión pública de sus sentencias, y podrían permitir que la sociedad civil opinar informadamente en los procesos en los que no necesariamente toma parte directa (por medio de la institución del ‘amicus curiae’)”, sugirió.
En forma complementaria, Humberto Sánchez (FET) recordó que hasta la labor del empleado judicial de menor categoría es clave. “La designación de funcionarios y empleados debe también garantizar idoneidad e independencia de los poderes políticos y del propio Poder Judicial. La implementación de un sistema de concursos de antecedentes y oposición para el ingreso parece lo más indicado”, aconsejó.

Las asociaciones consultadas insistieron en que, puertas afuera, la Justicia debe mostrarse firme e independiente frente a los otros poderes. Pero también insistieron en la importancia de que la conducta de los magistrados sea intachable.
Humberto Sánchez, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), destacó que la reforma de la Constitución debe servir para mejorar el sistema de selección de los jueces mediante el establecimiento de un Consejo de la Magistratura.
“El deseo de tener una Justicia propia aparece como irresistible para todo Poder Ejecutivo, tanto en el orden nacional como en el local. La necesaria independencia judicial debe ser preservada y garantizada mediante instituciones y recursos adecuados. El sistema de designación (propuesta del PE con acuerdo de la Legislatura) y remoción de jueces (juicio político a cargo del Poder Legislativo) demostró no ser eficiente para asegurar el acceso de los magistrados mas idóneos y para preservar la independencia del Poder Judicial”, advirtió.
Héctor Chayer, del Foro de Estudios sobre la administración de Justicia (Fores), de Capital Federal, precisó que la autonomía también se logra con integridad moral. “Un juez, para ser independiente, debe ser trabajador, intachable; en otras palabras, que no haya por dónde agarrarlo. Esto le dará entereza moral para ser capaz de malquistarse con el poder político, con los medios y con la sociedad, cuando tenga que tomar una decisión imparcial y justa”, concluyó.

Los consultados también puntualizaron que hay que terminar con dos formas de desigualdad social. La primera tiene que ver con el hecho de que los magistrados no paguen ciertos impuestos (como Ganancias) y la segunda, con la idea de que a la Justicia sólo acceden los ricos.
“Las razones que dieron origen a la exención quedaron desvirtuadas a la luz de la realidad social de la provincia. Es ponderable la posición de un magistrado tucumano acerca de que deben tributar el Impuesto a las Ganancias. Esto hace a la igualdad ante la ley y, sobre todo, a la justa distribución de la carga impositiva. Hoy, hay una gran mayoría de argentinos con ingresos menores que los de los jueces, que tributan el impuesto y que contribuyen al funcionamiento de las instituciones del Estado”, aclaró Ramón Nicastro, del CGCE.
Pablo Camuña (Andhes), se quejó de los problemas de acceso a la Justicia que sufren los pobres. “La falta de conocimientos, los costos, las distancias y la desconfianza en el sistema alejan a las personas de los tribunales, y les generan grandes dudas”, dijo.
“Cuando es una parte importante de la sociedad la que no puede defenderse y resolver sus controversias en las instancias institucionales, estamos frente a una severa crisis democrática. El Poder Judicial es uno de los sitios donde el ciudadano puede defenderse de las arbitrariedades de los poderes públicos. Si esa posibilidad se niega a causa de la pobreza, se genera una enorme discordia social y una violación de derechos humanos”, aseveró.