La jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cecilia Medina Quiroga, quiere poder trabajar menos, pero no en beneficio propio. Esa situación sería un logro social importante, ya que implicaría que los Estados respetan las potestades básicas de los ciudadanos y que sería innecesario que reclamen por violaciones. “A medida que se cumple con las normas, el trabajo de la CIDH disminuye, porque los derechos humanos progresan. La idea es que se respeten y se garanticen en el ámbito interno”, resaltó.
La especialista chilena mantuvo ayer dos reuniones con tucumanos, en la UNT y en el hotel Catalinas Park, donde describió la labor del organismo internacional y se interiorizó de la realidad local.
Entre los puntos conversados, se mencionó la reforma de la Constitución provincial, acerca de la cual destacó que los tratados internacionales deben ser cumplidos, por lo cual debe haber una norma en la Carta Magna que los incluya. Puntualmente, se le preguntó sobre el derecho de réplica reconocido por la Nación, pero rechazado en Tucumán en la Constitución aún vigente. “Los Estados nacionales deben hacer cumplir los tratados suscriptos; no se pueden alegar leyes internas”, explicó.
La magistrada resaltó que una obligación de los Estados americanos es investigar, procesar y condenar a los responsables de desapariciones forzadas de personas, ocurridas mayoritariamente en las décadas del 70 y del 80, durante las dictaduras. Resaltó que la Argentina está cumpliendo acabadamente con este principio, lo que no es común en otros países, hecho que destacó especialmente, ya que sirve de ejemplo continental.
La CIDH tiene potestad para analizar presentaciones sobre violaciones a todos los derechos civiles, sociales y políticos que figuran en la Convención Interamericana firmada en San José de Costa Rica. “Están empezando a llegar planteos sobre diversos temas, como libertad de expresión, acceso a la información pública, problemas de los pueblos indígenas o protección de los niños, que son los asuntos de la democracia. Todos quieren poder ejercer sus derechos, sean de cualquier ideología”, remarcó.
“La Corte Suprema argentina reconoció y está aplicando directamente los tratados internacionales, dándoles un valor considerable a los fallos de la CIDH”, concluyó.
La especialista chilena mantuvo ayer dos reuniones con tucumanos, en la UNT y en el hotel Catalinas Park, donde describió la labor del organismo internacional y se interiorizó de la realidad local.
Entre los puntos conversados, se mencionó la reforma de la Constitución provincial, acerca de la cual destacó que los tratados internacionales deben ser cumplidos, por lo cual debe haber una norma en la Carta Magna que los incluya. Puntualmente, se le preguntó sobre el derecho de réplica reconocido por la Nación, pero rechazado en Tucumán en la Constitución aún vigente. “Los Estados nacionales deben hacer cumplir los tratados suscriptos; no se pueden alegar leyes internas”, explicó.
La magistrada resaltó que una obligación de los Estados americanos es investigar, procesar y condenar a los responsables de desapariciones forzadas de personas, ocurridas mayoritariamente en las décadas del 70 y del 80, durante las dictaduras. Resaltó que la Argentina está cumpliendo acabadamente con este principio, lo que no es común en otros países, hecho que destacó especialmente, ya que sirve de ejemplo continental.
La CIDH tiene potestad para analizar presentaciones sobre violaciones a todos los derechos civiles, sociales y políticos que figuran en la Convención Interamericana firmada en San José de Costa Rica. “Están empezando a llegar planteos sobre diversos temas, como libertad de expresión, acceso a la información pública, problemas de los pueblos indígenas o protección de los niños, que son los asuntos de la democracia. Todos quieren poder ejercer sus derechos, sean de cualquier ideología”, remarcó.
“La Corte Suprema argentina reconoció y está aplicando directamente los tratados internacionales, dándoles un valor considerable a los fallos de la CIDH”, concluyó.







