Parache embargó bienes a Menéndez

Un nuevo procesamiento por violaciones a los derechos humanos, con prisión preventiva, fue dictado por el juez federal Jorge Parache contra el ex comandante del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez y contra el comisario general (r) Roberto Heriberto Albornoz. En ambos casos, dispuso embargos a sus bienes por $ 600.000.
La causa investiga la desaparición forzada de Roberto Guillermo Torres Correa, Adriana Cecilia Mitrovich de Torres Correa, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba y Graciela del Valle Bustamante de Argañaráz. Los procesados fueron considerados presuntos autores mediatos responsables de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita agravada.
Este es el tercer expediente en el que Parache considera inicialmente probadas las responsabilidades de Menéndez y de Albornoz, que ya cumplen con detención ordenada por el juez federal tucumano en los casos del secuestros del médico Carlos Román Apaza y del estudiante de bioquímica Ramón Oscar Bianchi. Estas decisiones han sido apeladas por la defensa del militar.
El 28 de abril de 1977, Mitrovich y Ferreyra Córdoba fueron secuestrados en la vía pública por un grupo de personas, mientras que al día siguiente, al mediodía, Bustamante de Argañaráz y Torres Correa fueron detenidos cuando iban en un Renault 6, en la esquina de Lavalle y Chacabuco.
Desde entonces no se tienen noticias de ellos, por lo que se presume su muerte, según la fundamentación que elaboró Parache en su pronunciamiento.

Las responsabilidades
"Menéndez tenía conocimiento de la vida y muerte de detenidos a disposición de las autoridades militares, y los secuestros fueron desarrollados en la más absoluta clandestinidad. La estructura organizativa de la época de los hechos se dio dentro del marco del Estado, con aparatos de poder al margen del derecho", se sostiene en la sentencia. En su escrito, el juez destacó que el ex policía Albornoz era jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía y, desde ese lugar, jefe directo del personal de seguridad que actuó en los hechos.
"La desaparición forzada implica la violación múltiple y continuada de varios derechos", agregó Parache, en el contexto de lo que describe como un "plan criminal estructurado en una cadena de mandos que, con el alegado propósito de combatir la subversión, violó el orden constitucional e implantó el terrorismo de Estado".