Los empleados de la Justicia también piden el 82% móvil

Las gestiones que realiza la Provincia con la Nación para incluir en el régimen previsional especial a los magistrados y funcionarios tucumanos presentan un nuevo condimento. La posibilidad de mejorar los ingresos como jubilados y cobrar el 82% móvil del sueldo en actividad es un reclamo que enarbola la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), para que se haga extensivo en el país a todos los integrantes del Poder Judicial, sin distinción de cargos.
Así lo confirmó el secretario general adjunto del gremio, Isidoro Aramburú, quien mantuvo reuniones con sus afiliados de los tribunales federales. “Estamos reclamando la unificación del sistema jubilatorio, porque hay una discriminación injustificada hacia los trabajadores. La diferencia de régimen es anacrónica y no tiene sentido en el momento en que estamos viviendo. Los jueces y funcionarios cobran el 82%, pero los empleados tenemos el tope fijo del sistema ordinario de $ 3.100”, explicó.
Aramburú aclaró que no estaba al tanto de las negociaciones que realizan el gobernador José Alperovich y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato; pero respaldó que haya “un marco único por razones de justicia y de humanidad -dijo-, ya que después de tantos años de trabajo es un despropósito que un jubilado perciba remuneraciones por debajo de la canasta familiar”.
“Tratamos de contribuir a una mejor calidad de Justicia, que no sea prebendaria del poder político, ni garante de la impunidad de los empresarios inescrupulosos, sino defensora de los derechos sociales, individuales y de la Constitución Nacional. Es la Justicia que el pueblo quiere y anhela, no la que hoy está vilipendiada y repudiada”, sostuvo.

Otros reclamos
El dirigente explicó que presentarán este tema en las reuniones paritarias que mantienen con el Poder Judicial, donde también exigirán el regreso al sistema de porcentualidad salarial que existió hace muchos años, y que ya había sido adoptado por el Consejo de la Magistratura de la Nación en 2004. Precisamente, ese pronunciamiento le generó un punto de fricción con la Corte Suprema. “Los trabajadores queremos ser incorporados en la conducción de la obra social, que es manejada por la Corte en modo individual y solitario, y no la llevó bien. Hay problemas de vaciamiento de recursos muy importante y somos querellantes en una causa penal en la Capital Federal. Pero aparte de fiscalizar, queremos debatir y decidir políticas, como la equiparación de servicios entre la capital y las delegaciones del interior del país, donde hay deficiencias muy grandes”, dijo.
Otros puntos de debate son:  efectivización de contratados y de meritorios y el acoso laboral.