La Provincia y Casino Club siguen empecinados en emplazar un megacasino con 1.000 tragamonedas en el Hipódromo. Ayer, ratificaron ante la Justicia su decisión de no permitir que un perito evalúe el impacto ambiental que tendrían las obras en el parque 9 de Julio.
El titular de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Carlos Giovanniello, completó durante la mañana de ayer la audiencia entre los abogados de las partes que impulsan el proyecto (además del Estado y de la empresa figura el Jockey Club) y la Federación de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales de Tucumán, que se opone a su concreción. La agrupación sostiene que la construcción del centro de entretenimientos afectará el desarrollo urbanístico y ambiental de la zona, por lo que en diciembre de 2004 presentó un recurso de amparo para frenar la obra.
Con la citación, el camarista pretendió infructuosamente que las partes lleguen a un entendimiento respecto de la producción de pruebas. Mientras los ambientalistas requirieron a la Justicia que solicite la intervención de un perito ambiental y la opinión de entidades intermedias, los demandados insistieron en que el apto ambiental otorgado por el Consejo de Economía y Medio Ambiente resulta suficiente para evaluar el impacto del emprendimiento.
A raíz del planteo de nulidad y del recurso de revocatoria presentado contra la decisión del vocal de proveer a la prueba que había ofrecido la demandante, Giovanniello abrió un incidente y convocó a las partes. La audiencia de ayer confirmó lo que se vislumbraba desde la semana pasada: el Poder Ejecutivo, la Caja Popular, el Jockey Club y Casino Club se mantuvieron firmes en su posición de no permitir que se sustancien las pruebas. Fue tal la rigurosidad mostrada que, al final del encuentro, se firmó un acta en la que se dejó sentado la falta de entendimiento.
"Con el apto ambiental del Consejo de Economía y Medio Ambiente está producida la prueba que los ambientalistas requieren se haga en manos de un perito ambiental, que no hay en la Justicia", sostuvo el fiscal de Estado, Antonio Estofán.
El funcionario, que participó de la audiencia en representación de la Provincia (figura en la causa como co-demandada), recordó que en el expediente el dictamen favorable del organismo sobre la realización de las obras en el Hipódromo no fue impugnado por la demandante . Idéntica fue la posición asumida por Casino Club, la Caja Popular de Ahorros y el Jockey Club. Con esta estrategia procesal pretenden agilizar la resolución sobre la cuestión de fondo del amparo (la habilitación o no del proyecto), puesto que la evaluación de perito dilataría aún más el proceso.
Los vocales de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo deberán ahora pronunciarse sobre el recurso de revocatoria presentado por los demandados en contra de la sustanciación de las pruebas ofrecidas por la actora.
El titular de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Carlos Giovanniello, completó durante la mañana de ayer la audiencia entre los abogados de las partes que impulsan el proyecto (además del Estado y de la empresa figura el Jockey Club) y la Federación de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales de Tucumán, que se opone a su concreción. La agrupación sostiene que la construcción del centro de entretenimientos afectará el desarrollo urbanístico y ambiental de la zona, por lo que en diciembre de 2004 presentó un recurso de amparo para frenar la obra.
Con la citación, el camarista pretendió infructuosamente que las partes lleguen a un entendimiento respecto de la producción de pruebas. Mientras los ambientalistas requirieron a la Justicia que solicite la intervención de un perito ambiental y la opinión de entidades intermedias, los demandados insistieron en que el apto ambiental otorgado por el Consejo de Economía y Medio Ambiente resulta suficiente para evaluar el impacto del emprendimiento.
A raíz del planteo de nulidad y del recurso de revocatoria presentado contra la decisión del vocal de proveer a la prueba que había ofrecido la demandante, Giovanniello abrió un incidente y convocó a las partes. La audiencia de ayer confirmó lo que se vislumbraba desde la semana pasada: el Poder Ejecutivo, la Caja Popular, el Jockey Club y Casino Club se mantuvieron firmes en su posición de no permitir que se sustancien las pruebas. Fue tal la rigurosidad mostrada que, al final del encuentro, se firmó un acta en la que se dejó sentado la falta de entendimiento.
"Con el apto ambiental del Consejo de Economía y Medio Ambiente está producida la prueba que los ambientalistas requieren se haga en manos de un perito ambiental, que no hay en la Justicia", sostuvo el fiscal de Estado, Antonio Estofán.
El funcionario, que participó de la audiencia en representación de la Provincia (figura en la causa como co-demandada), recordó que en el expediente el dictamen favorable del organismo sobre la realización de las obras en el Hipódromo no fue impugnado por la demandante . Idéntica fue la posición asumida por Casino Club, la Caja Popular de Ahorros y el Jockey Club. Con esta estrategia procesal pretenden agilizar la resolución sobre la cuestión de fondo del amparo (la habilitación o no del proyecto), puesto que la evaluación de perito dilataría aún más el proceso.
Los vocales de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo deberán ahora pronunciarse sobre el recurso de revocatoria presentado por los demandados en contra de la sustanciación de las pruebas ofrecidas por la actora.







