Negó responsabilidad en las desapariciones

“En la Argentina tuvo lugar una guerra en ambiente subversivo, y Tucumán fue su epicentro: hubo muertos y heridos en combate y prisioneros de guerra. En el banco de las organizaciones subversivas, un porcentaje elevado de sus bajas no pudo ser identificado por la alteración de su documentación o de sus rasgos físicos y dactilares, y/o por su sepultura en cementerios clandestinos para evitar su identificación y pertenencia ideológica”.
Este párrafo es uno de los centrales del documento que distribuyó ayer el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz, quien se lo atribuyó a Antonio Bussi (cuando se refiere a él, está escrito en tercera persona) y que habría sido incorporado al expediente por el secuestro de Ramón Bianchi.
“Todos los muertos en combate durante la vigencia de la Operación Independencia (1975-1979) fueron publicados y sumariados con intervención de la Justicia Federal y de la Justicia Militar; registrados en los informes de combate, difundidos por los medios y en el Diario de Guerra del Comando de Operaciones, elevado al Estado Mayor del Ejército. La figura de ‘desaparición forzada de personas’ no es propia de la guerra, sino una de sus consecuencias”, se afirma.
En el texto se resalta que el comandante de zona del Operativo Independencia tenía “sobradas competencias para ‘capturar’ individuos comprometidos con el accionar subversivo y someterlos a proceso militar”.  Bussi “fue sólo un comandante de tropas, responsable de operaciones militares y de seguridad -durante el período 1976/77- ordenadas por el poder político y militar de la Nación en Tucumán, exclusiva y excluyentemente”, se afirma.
Además, se califica de arbitrario y absurdo pretender atribuir responsabilidades por las desapariciones. Se agrega que muchas veces no se hicieron denuncias en el momento de ocurrido el hecho, para no delatar células subversivas, por temor o por vergüenza. “A partir de 1984, se alentaron las presentaciones por la industria de las indemnizaciones que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín”, se asegura.
El documento abunda en críticas a los magistrados que reactivaron los juicios por delitos de lesa humanidad. “La Justicia es usada como instrumento del rencor y de la venganza por los derrotados de ayer”, se resalta.